El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas a los 33 jueces de Cataluña que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña al entender que no incurrieron en falta disciplinaria alguna.
El acuerdo de archivo señala que la actuación de los magistrados queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y opinión, por lo que el asunto queda archivado y ni siquiera será discutido por la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
Fonseca-Herrero incide en que el manifiesto, aisladamente considerado y en función de los datos que obran en su poder, "no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española".
Según el promotor, los 33 jueces denunciados por Manos Limpias se limitaron en el citado manifiesto a dar su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos. Por todo ello, Fonseca-Herrero concluye que no se puede mantener la imputación de ilícitos sancionadores y archiva la información previa.
Censura su deontología profesional
No obstante, el promotor considera que, en el plano de la deontología profesional, la actuación de los jueces y magistrados es censurable en la medida en que su actuación viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura.
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Y ello es, según el magistrado encargado de vigilar disciplinariamente a los jueces, porque partieron "de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional cuando, en forma implícita, vienen a reconocer a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano".
Se refiere así a la parte del manifiesto en la que los 33 jueces afirman de forma tajante: "Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusión: Cataluña es una nación. Este hecho -la realidad nacional de Cataluña- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006".
El acuerdo ha sido notificado tanto a los firmantes del manifiesto como al denunciante, Miguel Bernad, que actuó en representación del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas a los 33 jueces de Cataluña que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña al entender que no incurrieron en falta disciplinaria alguna.