Si la situación política fuese normal, ahora mismo se estaría hablando del noveno Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y del legado que deja un octavo mandato que, con toda probabilidad, habría sido de mayoría progresista. Si se respetase el mandato constitucional, ahora mismo los altos órganos judiciales estarían funcionando a pleno rendimiento. Y cada jubilación sería cubierta en un periquete. Pero hace ya tiempo que la normalidad institucional saltó por los aires. La composición del órgano de gobierno de los jueces sigue siendo, en la actualidad, la misma que hace una década. Este lunes cumple cinco años en funciones, el equivalente a un mandato entero. Y nada parece indicar que esta anomalía democrática, tan criticada desde instancias europeas y que está dejando el Tribunal Supremo como un queso gruyere, vaya a resolverse rápido.
El CGPJ estuvo a punto de ser renovado en tiempo y forma. Corría el año 2018. Solo habían pasado unos meses desde aquella moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Y el acuerdo entre PP y PSOE estaba hecho. Once vocales serían de corte progresista. Nueve, de tendencia conservadora. Y el magistrado Manuel Marchena estaría al frente del órgano. Pero la publicación de un mensaje de Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hablando de que el pacto les permitiría seguir "controlando desde detrás" la Sala de lo Penal del Supremo provocó que todo descarrilara. Los puentes se rompieron. La renovación se enquistó.
Desde entonces ha habido diferentes intentos para desatascar la situación. Pero ninguno ha llegado a buen puerto. El PP se ha resistido una y otra vez a renovar un órgano del que depende la conformación de la cúpula judicial. Y lo ha hecho con mil y una excusas. Primero, se negaron a negociar si no se excluía a Podemos. Luego, fueron los vetos a candidatos, la aprobación de los indultos, la exigencia de un cambio en el sistema de elección del órgano o el ciclo electoral. Y cuando por fin se empezaba ya a ver la luz al final del túnel, los conservadores rompieron de nuevo los puentes por la reforma penal para eliminar la sedición y modificar la malversación.
"Estos cinco años han sobrado, apenas hemos puesto en marcha nuevos proyectos. No hemos podido aportar la iniciativa que habría tenido un nuevo consejo", resume un vocal. Algunas voces dentro del órgano de los jueces definen la situación como "rocambolesca" o "completamente fallida". "Esto es tan insostenible que se tiene que llegar ya a un acuerdo", dice una de ellas. Porque eso, un pacto entre las dos grandes formaciones políticas, es lo único que puede poner fin a esta anomalía democrática. Sobre todo después de que el ala socialista del Gobierno haya cerrado la puerta a un cambio de mayorías en el sistema de elección –actualmente se requieren tres quintos de Congreso y Senado– para superar el veto del PP.
Rebajar las barreras parlamentarias para la designación del Consejo General del Poder Judicial fue una de las opciones barajadas durante la pasada legislatura. Es más, se llegó a registrar en la Cámara Baja una proposición de ley para que los doce vocales del turno judicial pudieran ser elegidos en segunda vuelta con una mayoría absoluta. De esta manera, se podía forzar un cambio de equilibrios en el órgano –desde hace una década, de mayoría conservadora– a pesar de la continua negativa del PP. Pero aquella propuesta no gustó nada en Bruselas. Y, al final, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por dar un paso atrás y guardarla en un cajón.
"Posiciones numantinas" que alejan el acuerdo
El nuevo Ejecutivo salido de las urnas no parece dispuesto a desempolvar esa iniciativa. El plan de Moncloa pasa, más bien, por volver a tender la mano al líder de la oposición. De hecho, este jueves Sánchez anunció que se pondrá en contacto en los próximos días con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la renovación pendiente. Y el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, se ofreció en los últimos días a hacer de mediador para tratar de "desenquistar" las "dos posiciones". El último que lo intentó, Carlos Lesmes, terminó dimitiendo como presidente del órgano de gobierno de los jueces ante la imposibilidad de que ambos partidos llegasen a ningún acuerdo.
El PP, por el momento, no parece dispuesto a colaborar. O, al menos, eso es lo que deja entrever en público. Tampoco ayuda el tenso clima político y judicial derivado de la intención de sacar adelante una amnistía para el procés. Un borrón y cuenta nueva que ha puesto a buena parte de la judicatura en pie de guerra. Sin embargo, algunas voces dentro del órgano de gobierno de los jueces no pierden la esperanza. Creen que en cuanto baje la "tensión" por este olvido jurídico se acabará llegando a un acuerdo. "El PP no puede mantener el bloqueo otros cuatro años más", sostiene una de las fuentes consultadas. Y añade: "No puedes ir a Bruselas a quejarte por la amnistía mientras tienes esto así".
"Deseo que con el año nuevo puedan ponerse de acuerdo", apunta otro vocal. Cree que ambas formaciones políticas quieren sellar el tan ansiado pacto. El problema es que se encuentran metidas en un "argumentario" y unas "posiciones numantinas" –unos negándose a renovar y otros rechazando reformar el sistema de elección de vocales de procedencia judicial para que sean elegidos por jueces y magistrados– de las que es "difícil salir". "Pero yo creo que se puede alcanzar", sostiene. Ahora bien, si el bloqueo perdura está convencido de que Sánchez intentará la reforma que ahora mismo descarta. Y eso, dice, sería "terrorífico".
Un Poder Judicial que vegeta
Alguna de las voces pulsadas lamenta la "mala imagen de cara a Europa" que se ofrece con esta situación. "Pero no por parte del CGPJ, al que se percibe como serio y responsable, sino por la clase política", matiza un vocal. Bruselas lleva meses insistiendo en la "urgencia" y el carácter prioritario de esa renovación, en relación a la cual se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado mes de junio. Una "disfunción", recordaba la magistrada española en un voto concurrente a aquella sentencia, que provoca "perturbaciones en todo el sistema judicial".
Al estar en situación de interinidad, y tras una reforma legal impulsada en la primavera de 2021 y avalada por el Constitucional, el Poder Judicial tiene las funciones limitadas. Y esto le impide, entre otras cosas, ir conformando la cúpula judicial a través de los llamados nombramientos discrecionales. Algo que ha terminado provocando un enorme agujero en el Supremo. Actualmente, según datos del CGPJ, el Alto Tribunal está funcionando con 23 magistrados menos, lo que equivale a casi un tercio de la plantilla. Tiene dos puestos por cubrir en la Sala de lo Civil, uno en la de lo Penal, once en la de lo Contencioso-Administrativo, seis en la de lo Social y tres en la de lo Militar.
"Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen", señalaba el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín, en la apertura del año judicial. Pendiente de cubrir está también la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, otros 37 puestos de alto nivel en los Tribunales Superiores de Justicia y las presidencias de 24 Audiencias Provinciales.
Una lucha partidista proyectada sobre la judicatura
Alguna de las fuentes consultadas no esconde su preocupación por el hecho de que esa disputa política por controlar el Consejo General del Poder Judicial pueda trasladar a la ciudadanía la imagen de una Administración de Justicia politizada. "Lo que más duele es que esa idea se pueda proyectar sobre el conjunto de jueces y juezas", apuntan algunas voces dentro del CGPJ. Otras, sin embargo, creen que la confianza de los ciudadanos en la justicia es férrea: "Muchos piensan que es el último baluarte en defensa del Estado de derecho".
Durante estos cinco años, los choques entre el caduco órgano de gobierno de los jueces, que ya va por su tercer presidente y que cuenta en la actualidad con 16 de los 20 vocales con los que inició mandato, y el Ejecutivo han sido continuos. Pero la intensidad parece haber subido de nivel en los últimos meses. A comienzos de noviembre, el bloque mayoritario forzó un durísimo pronunciamiento sobre la amnistía –a pesar de que aún no se conocía la proposición de ley–: "Supone la degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho". Y la pasada semana declaró "no idóneo" a Álvaro García Ortiz para continuar como fiscal general del Estado. Nunca antes se había producido algo similar en la actual etapa democrática.
No pocos se preguntan si, a estas alturas, las decisiones que toma el órgano de gobierno de los jueces han dejado de ser legítimas. Los vocales consultados lo tienen claro: "Por supuesto que tenemos legitimidad para hacer lo que la ley nos permite". Y todo parece indicar que lo seguirán haciendo hasta que el Poder Judicial termine renovándose. Porque, a día de hoy, sostienen varias fuentes pulsadas, nadie dentro del órgano espera una dimisión en bloque de sus vocales para intentar forzar la renovación. "Tirar la toalla crearía un vacío de poder insoportable", dice uno de los vocales. "Además, seguiría funcionando provisionalmente a través de la Comisión Permanente, porque hay que seguir dando permisos de maternidad, la Escuela Judicial debe seguir funcionando... El CGPJ no cierra la persiana, no son solo sus vocales", sentencia otra de las fuentes pulsadas.
Si la situación política fuese normal, ahora mismo se estaría hablando del noveno Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y del legado que deja un octavo mandato que, con toda probabilidad, habría sido de mayoría progresista. Si se respetase el mandato constitucional, ahora mismo los altos órganos judiciales estarían funcionando a pleno rendimiento. Y cada jubilación sería cubierta en un periquete. Pero hace ya tiempo que la normalidad institucional saltó por los aires. La composición del órgano de gobierno de los jueces sigue siendo, en la actualidad, la misma que hace una década. Este lunes cumple cinco años en funciones, el equivalente a un mandato entero. Y nada parece indicar que esta anomalía democrática, tan criticada desde instancias europeas y que está dejando el Tribunal Supremo como un queso gruyere, vaya a resolverse rápido.