La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes se desligó este miércoles de todo lo relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, negó haber participado en reuniones con las empresas de publicidad a las que los investigadores señalan como partícipes en el desvío de fondos, rebajó hasta extremos mínimos su presencia en la dirección de la fundación Fundescam, investigada precisamente por su papel en la financiación paralela de las campañas de Esperanza Aguirre, defendió la legalidad de los dos contratos adjudicados bajo su batuta a uno de sus donantes y, por iniciativa propia, lanzó que también Pablo Casado se incorporó a su patronato como presidente de Nuevas Generaciones.
Cifuentes, que declaró durante más de tres horas como imputada en la pieza de Púnica donde el juez Manuel García Castellón investiga la contabilidad paralela del PP madrileño, centró toda su comparecencia en un solo mensaje: jamás ha tenido nada que ver con dinero ni conoce nada de la caja B. Su única misión en las campañas electorales –repitió– fue movilizar a la militancia para que acudiera a los actos programados. No atacó de forma abierta a sus antecesores –Esperanza Aguirre e Ignacio González– pero tampoco los defendió. Simplemente, marcó distancias. Luego, tras abandonar la Audiencia Nacional, remachó una de sus ideas más conocidas: que fue su Gobierno el que se personó como acusación en Púnica.
El juez interrumpió el interrogatorio al trascender que estaba siendo oído por los periodistas desde la sala de prensa por culpa de un error técnico o de configuración del sistema. Una vez cortado el sonido, lo reanudó.
La introducción del nombre de Pablo Casado resultó inesperada. Cuando la Fiscalía la estaba interrogando por los miembros del PP que también habían formado parte del patronato de Fundescam, Cifuentes leyó una lista con una quincena de nombres. Y a renglón seguido, por iniciativa propia, añadió que a los mencionados había que añadir también a Pablo Casado. Sin precisar fecha, dijo que se incorporó "como presidente de Nuevas Generaciones" de Madrid. Ella misma solo acudió a una reunión de Fundescam, sostiene su relato. Y fue al mostrar el acta de esa reunión de 2006 –perteneció al patronato entre 2005 y 2008– cuando la Fiscalía reaccionó con sorpresa, aseguran fuentes jurídicas: porque a Anticorrupción, y así lo expresó la fiscal, el PP le transmitió en su momento que no había actas de Fundescam anteriores a 2010.
En 2007, año de elecciones municipales y autonómicas, Cifuentes participó en el comité de campaña del PP regional como secretaria de movilización territorial. Era también miembro del patronato de Fundescam, una fundación del PP clave para desentrañar la financiación paralela y opaca con que durante años y a tenor de múltiples y sólidos indicios dopó el partido las campañas de Esperanza Aguirre.
Cuando la Fiscalía le preguntó por cómo la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño en la etapa de Aguirre, Isabel Gallego, la había señalado como una de las asistentes a una reunión clave con la empresa Swat, pieza esencial en el supuesto uso de dinero público en beneficio del PP, Cifuentes vino a decir que Gallego había sostenido esa versión en una especie de venganza porque fue ella quien, ya como presidenta del partido, la descabalgó de su nuevo puesto en el grupo municipal del PP.
Miembro del comité de campaña de 2007, Cifuentes negó que tratase de forma habitual con Daniel Horacio Mercado, dueño del ya extinto grupo de empresas de publicidad comandado por Over Marketing y el empresario que en diciembre de 2017 confesó haber participado en la financiación ilegal del PP. Su declaración en este punto topa con tres hechos. El primero, que un dosier de Over Marketing sobre los trabajos realizados para el PP en 2007 la muestra en la página gráfica de arranque en una foto mientras charla en solitario con Mercado. El segundo es otro papel interno de Over, este unido a las actuaciones de Púnica, cuyo contenido indica que sí participó en gestiones de la campaña electoral. Se trata de un folio con una serie de anotaciones. Una de ellas dice así: "Fco Granados: San Martín de Valdeiglesias (Pablo Martín Cabezuela-También pedida cita de parte de Cristina Cifuentes)". Y el tercero es la lista de regalos de Over adelantada por la web losgenoveses.net y que bajo el epígrafe "Asamblea de Madrid" incluye su nombre así: "Cristina Cifuentes: especial Loewe". La Fiscalía le preguntó por la anotación referida, cuyo contenido negó Cifuentes. Y le preguntó también por el regalo de Loewe: la expresidente desmintió haberlo recibido.
Sobre los dos contratos otorgados en 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández para gestionar el bar de la Asamblea de Madrid, Cifuentes se centró en remarcar tres mensajes: que la calidad fue lo primordial; que Fernández, dueño del grupo Cantoblanco, ya prestaba servicio para Moncloa y la Casa Real y que había sido el representante del PSOE el que había modificado los criterios de adjudicación. Anticorrupción sostiene que Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea, participó en "los conciertos dirigidos a adjudicar a las empresas del investigado Arturo Fernández los contratos de Servicio de Cafetería, Cocinas y Comedores de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011". Esos contratos "gratificarían las aportaciones dinerarias que efectuó dicho empresario a la Fundación Fundescam para el pago subrepticio de gastos electorales". Propietario del Grupo Cantoblanco, en esa época Fernández presidía la patronal madrileña, CEIM. En 2007 había donado 160.000 euros a Fundescam, la fundación que ya en 2003 había financiado la campaña de Esperanza Aguirre.
La expresidenta de Madrid, que dimitió en abril de 2018, ha proclamado siempre su inocencia y no ha dejado de recalcar que fue su Gobierno el que se personó como acusación en Púnica y el que envió a la Fiscalía documentos sobre ilegalidades en el Canal de Isabel II, germen del caso Lezo y que llevaría a prisión a su antecesor inmediato al frente del Ejecutivo, Ignacio González.
El PP niega que Casado integrase el patronato de Fundescam
Pero ya un año antes de su dimisión, la UCO emitió en marzo de 2017 un informe donde atribuía a Cifuentes un grave comportamiento en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, fechas en que ocupaba la vicepresidencia de la Cámara. Dos años y medio después, ahora sin blindaje (aforamiento) por cargo público, Cifuentes ha terminado imputada con argumentos muy similares a los que manejaba la Guardia Civil.
La imputación de Cifuentes se produjo el 2 de septiembre a petición de la Fiscalía, cuyo informe destaca "su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares" del PP madrileño "y gastos electorales que se ocultaron a la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, en su caso, en las elecciones autonómicas del 2007 y 2011 y generales del 2008". Según Anticorrupción, Cifuentes "asistióe a las reuniones" que mantuvieron varios imputados, entre ellos Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, con el empresario Juan Miguel Madoz, administrador de Swat SL. Esa empresa resulta crucial en la trama para desviar dinero al partido mediante supuesta publicidad institucional.
El auto judicial que convierte a Cifuentes y Esperanza Aguirre en imputadas por la financiación del PP se centra en los contratos con Cantoblanco. Cifuentes, relata el magistrado, formaba parte del comité de expertos "que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores". Y presidía además la mesa de contratación. "No les importó –se lee en la resolución judicial– que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación".
La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes se desligó este miércoles de todo lo relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, negó haber participado en reuniones con las empresas de publicidad a las que los investigadores señalan como partícipes en el desvío de fondos, rebajó hasta extremos mínimos su presencia en la dirección de la fundación Fundescam, investigada precisamente por su papel en la financiación paralela de las campañas de Esperanza Aguirre, defendió la legalidad de los dos contratos adjudicados bajo su batuta a uno de sus donantes y, por iniciativa propia, lanzó que también Pablo Casado se incorporó a su patronato como presidente de Nuevas Generaciones.