El Gobierno de coalición selló su compromiso con la Igualdad con un programa ambicioso y el impulso de Irene Montero al frente del ministerio que, hasta entonces, formaba parte de la vicepresidencia de Carmen Calvo. La ministra morada asumió su cartera como una oportunidad de impulsar una "nueva generación de derechos feministas". Sin embargo, algunos de sus compromisos legislativos siguen a la espera de su aprobación definitiva bien por los retrasos de los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Ministerio de Justicia o por la falta de acuerdo entre los socios u otros grupos parlamentarios, que han conllevado una demora en la tramitación parlamentaria.
La ley trans y el eterno debate sobre la autodeterminación de género
La que hoy conocemos como ley trans es en realidad la suma de dos proyectos normativos: uno específico para las personas trans y otro dirigido al colectivo LGTBI en su conjunto. Inicialmente, el Ministerio de Igualdad trabajó sobre dos borradores distintos que dio a conocer en febrero del año pasado y que no gustaron a sus socios de coalición. La pretensión de configurar dos leyes autónomas se diluyó en las negociaciones posteriores. Con el debate en torno a la autodeterminación de género como telón de fondo, el ala socialista propuso agrupar las dos normas y confeccionar un texto conjunto que consagrara el cambio del sexo registral, pero con requisitos: doble comparecencia ante el Registro Civil y tres meses de reflexión. Fue esta versión la que finalmente llegó al Consejo de Ministros el 29 de junio, en la víspera del Orgullo LGTBI.
El departamento de Irene Montero había venido denunciando un bloqueo sostenido y deliberado por parte de sus socios de coalición, producto de los disensos entre ambas partes. Calvo, entonces vicepresidenta, se mostró especialmente crítica con el texto propuesto por los morados debido a la inseguridad jurídica que a su juicio suponía la libre determinación del género. El PSOE quería evitar dejar cualquier fleco suelto y que la ley acabara siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional. Fuentes socialistas autorizadas prefieren no participar en este artículo argumentando que quieren evitar que sus "declaraciones interfieran en el desarrollo" de los proyectos pendientes. Según Ferraz, la ley trans suscita un debate delicado que sin embargo no debe eclipsar las necesidades materiales de un colectivo vulnerable como es el de las personas trans.
Tras superar ese escollo llegó un nuevo retraso, el del Ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, encargado de mandar los anteproyectos de ley a los órganos constitucionales. Según precisan fuentes de Igualdad a infoLibre, el departamento de Llop recibió el anteproyecto en octubre del pasado año pero no fue hasta el 15 de diciembre que se envió, con trámite de urgencia, al CGPJ.
Pero la historia no acaba ahí, la ley afronta ahora lo que Igualdad considera un nuevo bloqueo: el del gobierno de los jueces. El CGPJ tendría que haber enviado su informe en enero, pero no ha sido así, tal y como ha denunciado la propia Montero. "Estamos enormemente preocupados por este incumplimiento de la ley", lamentó la ministra el jueves, al tiempo que se comprometió a que la ley llegue al Congreso antes de verano (cuando esto suceda el texto deberá volver al Consejo de Ministros e iniciará entonces su tramitación parlamentaria). El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aseguró esta semana que el órgano emitirá un informe el próximo 20 de abril. Pero se tendrán que pronunciar también el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Si las previsiones se cumplen, la futura norma podría aterrizar en la Cámara Baja de cara al Orgullo LGTBI de 2022, justo un año después de que pasara por el Consejo de Ministros.
La dilación de los tiempos, en cualquier caso, no causa sorpresa. Hay un precedente: la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Entonces, el CGPJ tardó cinco meses en deliberar su respuesta.
La ley del solo sí es sí y sus 580 enmiendas
La ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, nació como respuesta a un mandato feminista: poner el consentimiento para cualquier relación sexual en el centro del debate y de la legislación. Un clamor que se hizo fuerte tras la agresión de La Manada en los Sanfermines de 2016. La norma fue aprobada en marzo de 2020 en Consejo de Ministros, pero la irrupción de la pandemia lastró su avance. También este proyecto normativo, contenido en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, levantó ampollas: el CGPJ aprobó por unanimidad un informe crítico con cuestiones como la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual. Igualdad tachó de “regresivo” el análisis de los jueces y siguió adelante con la norma, que sí obtuvo el aval del Consejo Fiscal.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta en julio de 2021, con un sutil cambio en la definición de consentimiento. ¿En qué punto se encuentra ahora? A la espera de su debate parlamentario, después de que los grupos hayan presentado ya sus respectivas enmiendas. Los socialistas han registrado de hecho sus propias sugerencias en un punto de discordia: la explotación sexual. La norma incluye dos puntos al respecto: la recuperación de la tercería locativa –castigar a los propietarios de inmuebles que se lucran del ejercicio de la prostitución– y la penalización de la explotación no coactiva. El PSOE aspira a un contenido “bastante más ambicioso” y a una redacción más rígida, tal como señaló en su momento. El debate parlamentario se asentará sin duda sobre este asunto y los acuerdos no parecen estar cerca. ERC, EH Bildu, JxCAT, CUP, En Comú Podem y Ciudadanos, más cercanos a posturas llamadas proderechos por unos y regulacionistas, por otros, quieren suprimir ese precepto del proyecto de ley.
Aun así, desde Igualdad se muestran optimistas y destacan que "los grupos están agradeciendo la implicación del ministerio" en las negociaciones. "Los grupos nos presentaron unas 580 enmiendas y llevamos más de 200 aceptadas, algo que no es nada habitual en el Gobierno", aseguran. Sin embargo, también reconocen que los grupos más pequeños les están pidiendo ampliar el plazo de enmiendas porque se están celebrando varias ponencias a la vez (que suelen llevar las mismas diputadas) como la Ley para la Igualdad de Trato.
Ley Zerolo, un año congelada
La llamada Ley para la Igualdad de Trato, comprometida también en el acuerdo de Gobierno, propició una nueva brecha interna entre los dos socios. La conocida como ley Zerolo fue registrada en solitario por el Grupo Socialista en febrero de 2021 y con un nombre de una enorme carga simbólica, en un contexto en el que la ley trans peleaba por salir adelante. La proposición prevé "dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir" con un amplio abanico de medidas como acciones positivas en las empresas y tutela institucional para las víctimas. En su día, la formación morada se mostró especialmente crítica por su tibieza: el grupo aspiraba a incluir cuestiones básicas como la reforma de la Ley de Extranjería, ausente de la propuesta socialista. Igualdad llegó a elaborar un informe "desfavorable" a la ley. Finalmente, el Congreso dio luz verde al proyecto con la abstención de Unidas Podemos.
Tuvo que pasar un año para que la Cámara Baja reactivara la comisión, conjuntamente con la ley del solo sí es sí. Sucedió a finales de enero de este año tras más de seis meses sin que se convocara la ponencia. Será la Comisión de Igualdad, presidida por la propia Calvo, la encargada de analizar las cerca de 900 enmiendas que suman ambas leyes y de dictaminar las dos normas. En Igualdad esperan poder dirimir las diferencias con sus socios a través de las enmiendas. Unidas Podemos presentó, de manera individual, más de 70.
La Ley de Trata y la bandera del abolicionismo
El debate sobre la prostitución levanta ampollas entre los socios de Gobierno. El PSOE está decidido a portar la bandera del abolicionismo y no han sido pocas las ocasiones en que se ha comprometido a consolidar un horizonte abolicionista durante la actual legislatura. Los trabajos en ese sentido apuntan a otra norma: la ley de trata. El proyecto, también suscrito en el acuerdo de Gobierno, está en una fase preliminar de negociación.
La negociación entre los socios de coalición vuelve a ser candente. El PSOE quiere replicar modelos como el sueco o el francés, abolicionistas de la prostitución y centrados en perseguir a los proxenetas, ofrecer itinerarios de salida a las mujeres y sancionar a los clientes. Es en este último punto, la persecución de los puteros, donde los socialistas difieren con los morados. El equipo de Irene Montero, donde conviven distintas sensibilidades en torno a la prostitución, ha dejado claro que su pretensión pasa fundamentalmente por prestar ayuda para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución, pero marca distancia con las medidas punitivas.
El Ministerio de Igualdad le entregó el borrador el pasado mes de enero al equipo de Llop. La ministra de Justicia afirmó recientemente que "será una ley con perspectiva de derechos humanos y de género, que tendrá en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores". Su departamento tan solo precisó que al margen de la ley podrá haber "medidas concretas que se adopten para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual, que es la más frecuente y además tiene un claro componente de género". Aun así, fuentes cercanas a Montero aseguran que su cartera "tiene el trabajo hecho" y esperan sumar a Ciudadanos y al PP además de a la mayoría de la investidura.
La reforma de la Ley del aborto
Ni violencia en las calles, ni acoso en las aulas, ni compasión en el trabajo: las personas trans quieren igualdad
También va con retraso la anunciada reforma de la Ley del aborto, pilotada por el Instituto de las Mujeres y cuyo primer texto llegó en enero. En esta reforma, el ministerio prevé incluir asuntos de consenso como la introducción de la explotación reproductiva –vientres de alquiler– y la violencia obstétrica como formas de violencia machista, la garantía de que todos los hospitales públicos practiquen interrupciones voluntarias del embarazo y el despliegue de políticas de salud menstrual.
En Igualdad explican que el borrador está en manos del Ministerio de Sanidad, que es coproponente de la ley. En este sentido destacan la "buena relación" entre ambos departamentos aunque también creen que la reforma se podría demorar más de lo previsto porque el ministerio de Carolina Darias tiene "muchos frentes abiertos" en la actualidad e Igualdad asegura que su intención es "respetar" sus tiempos. Aun así, destacan que en los próximos días habrá un intercambio de documentos entre ambos equipos y se muestran satisfechas con las negociaciones.
Por su parte, la prioridad del PSOE en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo era clara: perseguir el acoso frente a las clínicas. Los socialistas consiguieron sacar adelante en el Congreso una propuesta para castigar penalmente a los grupos ultracatólicos que se concentran ante los centros. Todos los grupos, salvo PP y Vox, dieron su respaldo a la iniciativa.
El Gobierno de coalición selló su compromiso con la Igualdad con un programa ambicioso y el impulso de Irene Montero al frente del ministerio que, hasta entonces, formaba parte de la vicepresidencia de Carmen Calvo. La ministra morada asumió su cartera como una oportunidad de impulsar una "nueva generación de derechos feministas". Sin embargo, algunos de sus compromisos legislativos siguen a la espera de su aprobación definitiva bien por los retrasos de los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Ministerio de Justicia o por la falta de acuerdo entre los socios u otros grupos parlamentarios, que han conllevado una demora en la tramitación parlamentaria.