“Que cinco niños mueran el mismo día por otitis a mediados de los sesenta es absurdo”

Mar Soriano está convencida de que su hermana Beatriz fue robada al nacer en la clínica O'Donell de Madrid. Ocurrió en enero de 1964. Su madre le dio el pecho hasta que le dijeron que tenía que llevarla a la incubadora porque la niña estaría mejor allí al ser ella primeriza. Pero no la volvieron a ver. "Cuando mis padres fueron a buscarla les dijeron que había muerto de otitis. Mi padre insistió en que querían verla y enterrarla, pero le respondieron que ya estaba en una fosa común", relata Soriano. 

El mismo día que Beatriz otros cuatro bebés fallecieron supuestamente a causa de sendas infecciones de oído, según certificó el doctor Ignacio Villa Elizaga, que este martes declarará como imputado por el presunto robo de Beatriz. "Que cinco niños mueran el mismo día por otitis a mediados de los sesenta en un hospital de Madrid es un absurdo", señala Soriano. El juzgado de primera instancia número 46 de la Plaza Castilla de Madrid investiga este caso desde 2004. Solo en el mismo mes de enero de 1964 año murieron 37 niños en 22 días en el mismo hospital. Otros 34 bebés fallecieron en noviembre de 1973 en la esa maternidad, según datos de la Plataforma de Afectados por el Robo de Niños en Clínicas de toda España, de la que Soriano es coordinadora. 

Villa Elizaga, que es padre del periodista Ignacio Villa, presidente de la Televisión de Castilla-La Mancha, ha estado implicado en varias denuncias de casos de niños robados. La primera vez que acudió a los juzgados a declarar fue el 18 de septiembre de 2012 por un caso de 1984 en la clínica Santa Cristina. En esta ocasión, defendió su inocencia y presentó documentación para acreditar que por aquel entonces ya no estaba en esta clínica.

El movimiento cívico a favor de la investigación de este tipo de casos lleva más de diez años intentando arrojar luz sobre estos casos. En septiembre de 2011 la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) pidió a los grupos parlamentarios la creación de una comisión que contribuyera a esclarecer las adopciones irregulares de niños robados en España entre los años cuarenta y noventa. Esa comisión nunca se llegó a forma. Pero las víctimas reconocen que el Ejecutivo sí ha dado otros pasos para facilitar las investigaciones. 

Entre ellos, citan la creación por parte del Ministerio de Justicia en febrero de 2013 de una base de datos que permite a los afectados que se apunten solicitar la documentación registral a disposición de la Administración (expedientes sanitarios, datos registrales, etc...) que pueda ayudar a aclarar sus casos. Al acceder a este servicio, los interesados prestan el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto y que así se pueda proceder a un cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Desde su creación y hasta septiembre de 2014 un total de 735 personas se habían dado de alta en la aplicación, aunque sólo 572 hicieron algún tipo de solicitud. Y también ponen en valor la creación por parte de la Policía de un protocolo especial para asuntos de niños robados con el objetivo de agilizar la investigación de casos que permanecen estancados. 

Reivindicaciones 

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No obstante, las víctimas denuncian que todavía no se ha dado cumplimiento a una de sus principales reivindicaciones, que es que los afectados puedan "chequear" los libros de nacimientos y de defunciones de los hospitales sin necesidad de que haya una denuncia por la vía penal, "algo para lo que mucha gente no se siente con fuerzas", dice Soriano. "Hay causas principales de fallecimiento que son absurdas, como el caso de la otitis de mi hermana, que coinciden con muchas altas por nacimiento en el mismo periodo de tiempo, sólo eso ya debería dar la voz de alarma para investigar. De hecho, el hecho de que haya tantas supuestas muertes en enero nos hace pensar que esos niños eran susceptibles de ser regalos de Reyes", amplía. 

Cruzando esos datos consiguió encontrar a su familia Antònia Morro, a cuyo padre le dijeron que ella había muerto nada más nacer. Dos funcionarias del Consell Insular de Mallorca revisaron los historiales de todas las mujeres que ingresaron en el Hospital General de la ciudad balear en 1963. Soriano insiste en que su objetivo "no es buscar la culpabilidad como resultado", sino encontrar a sus familiares, aunque afea el comportamiento de determinados tribunales que han archivado decenas de casos por falta de pruebas. Alude en este punto al caso de María Luisa Torres, que fue presuntamente engañada por la monja sor María Gómez Valbuena de la maternidad de Santa Cristina de Madrid para quitarle a su niña. Al fallecer la religiosa se archivó la causa. "Eso es algo que no debería haber ocurrido porque el principal culpable es el médico, que es quien firma el parte de defunción", detalla. 

Soriano recuerda que las familias afectadas son víctimas de un desarraigo familiar forzado llevado a cabo bien por robo de niños o adopciones irregulares; hechos que constituyen, a su juicio, un delito de lesa humanidad que atenta contra su salud física y mental y que supone para ellas "un sufrimiento continuo".