Cinco de los siete pactos de Estado desde 1977 se alcanzaron con la izquierda en la oposición y la derecha en el gobierno

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque PP y PSOE, PSOE y PP, sostienen que deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

En las últimas elecciones el PSOE propuso a través de su programa electoral hasta ocho pactos de esta naturaleza, además de una profundización en el ya existente contra la violencia de género. Los socialistas reclaman acuerdos de Estado en materia de educación, de ciencia, de financiación autonómica y local, de cultura, de infraestruturas o de industria. Y también contra la corrupción y por la igualdad y contra el machismo.

El PP no va a la zaga. El líder conservador, Pablo Casado, planteó al presidente Sánchez otros ocho, además de la renovación del de violencia de género y del conocido como Pacto de Toledo en relación con el sistema público de pensiones. El principal partido de la oposición coincide con el Gobierno en la necesidad de pactar en educación y en infraestructuras y reclama, además, acuerdos para frenar el independentismo catalán, para reformar la ley electoral y evitar que se repita el bloqueo del año pasado, para luchar contra la despoblación de las áreas rurales, para fijar la política exterior y de defensa de España y para ordenar el reparto del agua entre comunidades.

Ahora la emergencia sanitaria del covid-19 ha brindado al Gobierno de Sánchez una oportunidad perfecta para enarbolar la bandera de los Pactos de la Moncloa que en 1977 suscribió el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez con todos los partidos, incluido el PCE de Santiago Carrillo. Aquel acuerdo contribuyó a superar la grave crisis económica de la época dando soporte a un conjunto de medidas estructurales que, a la postre, facilitaron en los siguientes años la consolidación del nuevo régimen democrático.

Sánchez invoca ahora aquel espíritu de “concertación” para intentar atraer a la oposición, especialmente al PP y a Ciudadanos, a un acuerdo de “reconstrucción” que no se limite sólo a lo económico sino que decida “qué país vamos a diseñar en derechos, libertades y servicios públicos”. Pero Casado se resiste.

Sólo siete acuerdos de Estado

Lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 sólo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Sólo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Entre todos ellos, y al margen de los de la Moncloa de 1977, fruto de unas circunstancias irrepetibles en las que estaba en juego la supervivencia del proyecto democrático, describen los únicos asuntos que PP y PSOE consideran por encima del debate ideológico y sobre los que han conseguido ponerse de acuerdo.

En primer lugar, el desarrollo autonómico. El pacto de 1981 lo firmaron el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en plena agonía de UCD,  y el entonces líder del PSOE, Felipe González, apenas unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23F. El objetivo: armonizar el proceso autonómico y fijar el mapa actual. En 1992, ya con González en la Moncloa y José María Aznar al frente del PP, llegó el segundo pacto en esta materia, destinado a generalizar las competencias sanitarias y educativas que hasta ese momento estaban reservadas a los comunidades históricas —aquellas cuya vocación de autogobierno ya existía en la II República—.

El segundo asunto sobre el que PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo en estas cuatro décadas es el terrorismo. Primero para hacer frente a ETA con una premisa: sacar esta cuestión del debate para fortalecer la posición del Gobierno. Lo propuso el entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se firmó en diciembre de 2000 con Aznar en la Presidencia y a pesar de la oposición inicial del entonces ministro Mariano Rajoy. En los años de gobierno de Zapatero, el PP se opuso sin embargo duramente, incluso con manifestaciones en las calles, al proceso de diálogo con ETA que derivó finalmente en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la banda terroristaq. 

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El pacto revivió en 2015 para amparar la batalla contra el terrorismo yihadista y lo firmaron el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que los socialistas entonces se oponían a una de las medidas incluidas en él: la creación de la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que en España se denomina la pena de cadena perpetua.

Los otros dos asuntos que fueron capaces de suscitar pactos de Estado entre el PP y el PSOE son las pensiones y la violencia de género. El primero de ellos, conocido como Pacto de Toledo, nació en 1995, en las postrimerías de Felipe González como presidente y con Aznar a punto de llegar a la Moncloa. El pacto de Toledo, que hoy se invoca con frecuencia para reclamar una reforma viable del sistema público de pensiones, descapitalizado por los efectos de la crisis de 2008 y una década de recortes, buscaba sentar las bases de las reformas que se consideraban imprescindibles para garantizar el modelo español de seguridad social.

El segundo de estos pactos, el de violencia de género, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Y que tanto PSOE como PP querían reforzar antes de que el coronavirus pusiese patas arriba la legislatura.

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