Las claves para entender cómo puede hacer España la transición energética

La Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, un grupo de 14 personas encargadas por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) de emitir recomendaciones sobre el futuro de la energía en el país, ya ha emitido su informe. El documento, de 542 páginas, fue publicado por el grupo de trabajo con el voto a favor de 11 de los expertos y la abstención de tres: Jorge Aragón (CCOO), Cristóbal José Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Salas i Prat (propuesto por ERC). El resto de miembros fueron seleccionados a iniciativa del Gobierno, de los agentes sociales y del Parlamento y varios de ellos proceden o tienen vinculación con las grandes empresas energéticas del país.

El documento se puede dividir en dos partes principales. En la primera, la comisión elabora un conjunto de escenarios sobre la evolución del sistema energético. En base a diversas variables y a un modelo de predicción de qué mejoras se vivirán en la tecnología existente y cómo avanzará la demanda de electricidad en los diversos sectores o de derivados del petróleo, por ejemplo. No se moja aquí: la comisión se hace eco de los informes ya realizados sobre cuáles van a ser los cambios para llegar a conclusiones sobre los costes que conllevaría un camino u otro, tanto a nivel económico como a nivel medioambiental.

En la segunda parte, los expertos entran al trapo y proponen diversas mejoras del sistema, incidiendo en la necesidad de una reforma fiscal, pero también pronunciándose sobre una reforma del sistema eléctrico, la participación o la gobernanza de la transición energética. infoLibre analiza cuatro puntos del informe que generan dudas y críticas tanto en los votos discrepantes como en otras voces del sector y uno en el que todo el mundo coincide –no tanto en el cómo, pero sí de manera abrumadora en el qué-: una reforma fiscal con criterios ambientales.

  1. El papel de las nucleares, el gas y el carbón

El análisis de los escenarios que plantea la Comisión de Expertos deja un mensaje claro: según sus estimaciones, el futuro que más reduce las emisiones de gases de efecto invernadero es el que cuenta con la energía nuclear como parte del mix energético. "El cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario. Las emisiones de CO2 se incrementarían en unos 15Mt de CO2", afirman los sabios.

En las estimaciones, el documento señala el papel de respaldo de la nuclear a las renovables, uno de los argumentos favoritos de los defensores de esta generación de energía: puesto que la tecnología actual, afirman, convierte a las limpias en fuentes intermitentes al depender del clima (si llueve, si hace sol o viento), las centrales alimentadas con uranio deben aportar cuando las condiciones no sean favorables. "Es importante tener presente que la garantía de suministro y la calidad del servicio del sistema eléctrico requieren de la aportación de inercia, regulación de la potencia, la frecuencia y el módulo de la tensión que con la tecnología disponible es proporcionada por los generadores síncronos, ligados esencialmente a las plantas nucleares, térmicas e hidráulicas", explica el informe.

El estudio de la Comisión parte de dos escenarios para 2030 planteados en el Ten Year Network Development PlanTen Year Network Development Plan (Plan de desarrollo de red a diez años), para posteriormente ir añadiendo distintas variables que van modificando el resultado final (por ejemplo, la variable nucleares sí o no). Estos escenarios base, sobre los que trabaja la Comisión, han sido realizados por la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión para Gas (Entsog, siglas en inglés), un lobby de empresas a favor de las interconexiones energéticas en Europa a través de gaseoductos que ya han levantado polémica por su impacto ambiental. Los planteamientos de partida son dos: el escenario Generación Distribuida y el escenario Transición Sostenible. En el primero, el autoconsumo y la capacidad de almacenamiento han aumentado ostensiblemente; en el segundo, la generación de energía es más centralizada. Ambos escenarios plantean una introducción considerable de renovables: ninguno descarta ni la nuclear, ni el gas, ni el carbón.

Los números que presenta la Comisión a partir de los escenarios del lobby gasista presentan al carbón como parte minoritaria del mix: 847 MW instalados en el primer modelo (con 149.000 MW de capacidad total) y 4.460 MW en el segundo (con 143.000 MW de capacidad total). Sin embargo, las centrales de ciclo combinado (la quema de gas natural) aportan, en ambos escenarios, 24.560 MW de capacidad, más que la hidráulica (23.050 en ambos escenarios) y cerca de la eólica (31.000 en los dos). La Comisión de Expertos no recoge el guante de otros muchos países europeos que se han planteado cerrar todas las térmicas de carbón para 2030. Tampoco el de muchos ecologistas que advierten que la apuesta por el gas como "combustible de transición" camino a la descarbonización es un arma de doble filo por sus emisiones, menores que las que se producen en la quema de otro tipo de fósiles, pero significativas debido al escape de metano: un gas de efecto invernadero de efecto más intenso que el CO2, aunque de permanencia mucho menor en la atmósfera.

Dentro de las variables que introduce el exhaustivo trabajo para visualizar el estado del sistema energético tomando unas decisiones u otras, está la de la instalación "extrema" de renovables, mucho mayor que la planteada en los valores de referencia: 47.000 MW para la eólica y 77.000 MW para la fotovoltaica. Elegir este camino implicaría duplicar la capacidad renovable actual, que en cuanto a la energía eólica, por ejemplo, alcanzó los 23.057 MW en 2017. "La introducción extrema de renovables produciría una reducción muy significativa del coste de generación", afirman los sabios, que también advierten de la contraparte negativa: la caída de esos costes haría difícil la rentabilidad para las operadoras y la seguridad del suministro no estaría garantizada.

  2. Los objetivos europeos

El análisis toma en cuenta, a la hora de plantear los diversos escenarios y sus variables, si cumplen los objetivos y los límites que establece la Unión Europea en cuanto a penetración de renovables y reducción de emisiones: en definitiva, en cuanto a acción contra el cambio climático. Una vez todo indica que España cumplirá sus obligaciones en 2020, las de 2030 son más complicadas. Las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen en las regidas por el sistema ETS de comercio de emisiones (aplicable a la industria) y el resto, las difusas (calefacción, agricultura, transporte…). La UE al completo debe reducir en los primeros sus niveles un 43% con respecto a 2005. En cuanto a los segundos, la tasa para la UE es de un 30% menos que en 2005, mientras que a España le corresponde una reducción del 26%. En conjunto, para todas las emisiones de todos los sectores, el objetivo vinculante de la UE con respecto a 1990 es del 40%.

Los expertos cogen la referencia del marco a 2030 y hacen estimaciones de las emisiones según las distintas variables que se pueden aplicar: unas dependen de decisiones de política energética que un Estado puede tomar: el cierre de las nucleares, la apuesta por las renovables… y otras variables se escapan a su control, como el precio del petróleo o del CO2.

Todos los casos planteados a 2030 por la Comisión de Expertos en el sector de las emisiones difusas alcanzan un nivel bajo, que cumple de sobra con el objetivo del 26% de reducción. Incluso en un escenario de bajo precio del petróleo, que aumentaría la quema de fósiles en el transporte, no llegan a suponer un problema. Si analizamos las emisiones previstas solo para la industria, solo en caso de cierre de las centrales nucleares el país sobrepasaría el límite impuesto: un argumento perfecto para los defensores del uranio.

Sin embargo, cuando se trata de las emisiones al completo, contando a la industria y el sistema ETS, el panorama es muy distinto. El informe compara las predicciones de emisiones con el objetivo del 40% de toda la UE, solo como un ejercicio de visualización, ya que la meta es a nivel global y no se aplica concretamente a España, que no tiene que llegar a esa cifra. Además, el sistema ETS se regula por sí mismo y a nivel europeo, sin que un Gobierno pueda hacer demasiado para intervenir. En todo caso, ninguno de los escenarios, ni tan siquiera los más favorecedores, llegan a cumplir con ese 40%. 

Más lejos está el objetivo de penetración de renovables a 2030 para la Unión Europea, ahora mismo en el 27%, aunque la Comisión, el Consejo y el Parlamento están en pleno trílogo para elevarlo al 35%. Solo un escenario con un elevado nivel de edificios con medidas de aislamiento, una receta de eficiencia energética, lograría que España alcanzara ese 27%.

Dos han sido los principales argumentos de los votos discrepantes en el informe contra esta estimación de las emisiones según los distintos modelos. Las conclusiones, aseguran, son muy poco ambiciosas: en el caso de los sectores difusos, la comparación con 2005 se queda corta, aunque así lo establezca la Unión Europea. "Este logro se debe principalmente por la reducción de actividad a raíz de la crisis económica. En 2005 hubo un pico de consumo y emisiones con lo que cualquier referencia de reducción de emisiones respecto al 2005 debería descontar el efecto de menor actividad. Por este motivo, sería erróneo atribuir que se han logrado los objetivos debido a una política orientada a la eficiencia y reducción de emisiones en el sector energético", afirma Josep María Salas.

Además, las simulaciones presentadas, añade el experto, cumplen de manera "ajustada" el Acuerdo de París, puesto ya en duda por un informe encargado por el Parlamento Europeo que asegura que no logrará reducir el calentamiento global ni aunque se cumplan sus medidas.

  3. ¿Decrecimiento?

Es de lógica suponer que un grupo de expertos conformado, en gran parte, por personas vinculadas a grandes empresas energéticas no iba a apostar por crecer y consumir menos como solución al cambio climático, a la contaminación atmosférica y al agotamiento de los recursos naturales. Por otro lado, dado el carácter predictivo de la primera parte del documento, es irreal predecir un giro radical en el sistema energético. La estimación de la demanda que hace la Comisión es de un aumento continuo en el tiempo. La única medida para consumir menos energía por la que apuesta claramente el informe es la eficiencia energética, para la que también tiene objetivos establecidos por la UE: del 27%, por ahora, de ahorro con respecto a 1990.

Las propias estimaciones del grupo de trabajo aseguran que, sin un esfuerzo en la eficiencia energética de los edificios mayor al normal, España no alcanzará los objetivos de implantación de renovables establecidos para el global de la UE. Proponen avanzar en la certificación energética de todos los edificios, sistemas de financiación complementarios y bonificaciones fiscales para ayudar a la mejora y electrificar los sistemas de calefacción de las casas. Una mayor electrificación de los sectores que aún no están electrificados, como la citada calefacción o el transporte, ayudará a aumentar la cuota de renovables, predicen.

"Alcanzar el objetivo de penetración del 27% de renovables depende del supuesto que se realice sobre la electrificación de la demanda final y también del nivel de eficiencia y consumo final". Curiosamente, los expertos coinciden con los decrecentistas: las renovables solo pueden ir acompañadas de un descenso en el nivel de consumo. Aunque difieren en las medidas y en las cifras.

  4. La reforma fiscal

Uno de los pocos aspectos en los que hay total consenso no solo entre los expertos, sino entre actores y voces habitualmente enfrentadas en cuanto a transición energética se refiere es el de la obligación de una reforma fiscal de carácter ambiental, que comience a gravar la energía según lo que contamina como único y principal criterio. En relación con el PIB, España fue el noveno país europeo por la cola en cuanto a la presencia de las tasas verdes en 2015. Y ya en 2014, otra Comisión de Expertos designada por el Gobierno puso en duda que los impuestos ambientales en vigor en la actualidad sean realmente ambientales, ya que muchos de ellos tienen un carácter recaudatorio y no de mejora del medioambiente: bien sea porque lo recaudado no se destina a fines de mejora y conservación, bien porque no se aplica en función de la máxima quien contamina, paga.

El impuesto sobre hidrocarburos, por ejemplo, sube unos cuantos euros la factura a pagar cada vez que rellenamos el tanque de nuestro vehículo con diésel o con gasolina. Se aplica en función de los litros que se consumen, no en función del CO2 o los diversos contaminantes que se emitan por su uso. También negaron el color verde a los impuestos sobre la electricidad o al de matriculación de vehículos.

La Comisión de 2018 propone gravar tanto el CO2 como otras emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire –SO2, NOx y partículas en suspensión–, un impuesto que recaería tanto en las centrales contaminantes como en los consumidores finales de gas natural, carbón y derivados del petróleo. Apuesta, además, por "un recargo para todas las energías" que financie los posibles sobrecostes de la implantación de energías renovables: y que las que tuvieron sobrecostes en el pasado, ya instaladas, sean compensadas vía los Presupuestos Generales del Estado. Pero el punto que más ha sorprendido de las propuestas fiscales del grupo es el que defiende que las autopistas y autovías pueden ser financiadas solo por los que las utilicen. Sin embargo, matiza: eso haría necesario gravar la gasolina y el gasóleo, y que estas infraestructuras se paguen por todos (al igual que las de gas y electricidad) está justificado ya que son un elemento de "equidad interterritorial".

Los beneficios de una reforma fiscal ambiental, según las extensas estimaciones de la Comisión, son varios: se reducen las emisiones de gases contaminantes porque, sencillamente, cuesta más emitirlos; se abarataría la factura de la electricidad (aunque no la de la gasolina); crecerían las exportaciones, el PIB y el empleo; y se incrementaría la renta media de los hogares compensando, así, pagar más por llenar el depósito del coche.

  5. Movilidad

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Los expertos no son demasiado optimistas con respecto a un futuro donde el parque de vehículos sea 100% eléctrico. Sus estimaciones sobre el descenso de emisiones del sector del transporte pasan más por un aumento en la eficiencia de los motores de combustión clásicos que por una electrificación masiva del mercado, poco realista dada la baja cuota con la que cuentan los coches eléctricos en la actualidad. La Comisión hace "algunas recomendaciones" para facilitar la transición hacia una movilidad baja en emisiones, que pasa por animar a tomar "medidas proactivas por parte de administraciones locales" para incentivar el transporte público y otras nuevas alternativas, como los coches compartidos.

El análisis es muy extenso en cuanto a la radiografía del momento actual, pero se queda corto en propuestas que, a pesar de que los Ayuntamientos tienen plena competencia para organizar el tráfico, pueden tomarse desde la Administración central. La reflexión particular de José Luis de la Fuente (que votó sí) da a entender que el informe podría haber sido más extenso, así como la de Jorge Aragón, que se abstuvo: "Hubiera sido deseable que el informe hubiera desarrollado un enfoque más amplio y sistémico de las distintas actividades afectadas", afirma.

El documento dedica un capítulo entero a hablar de la electrificación del transporte y de sus "incertidumbres", de las que ya hablamos en este artículo. ¿Darán para tanto los componentes con los que se fabrican las baterías? ¿Es preferible esperar a que se desarrollen o, por el contrario, iniciar un ambicioso plan de puestos de recarga? La Comisión recomienda al Ejecutivo tener cautela a la hora de abordar la implantación de los vehículos eléctricos para no "precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables".