El revuelo levantado por el escándalo del presunto espionaje político a líderes independentistas ha zarandeado la agenda política y ha dirigido el foco hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según el observatorio canadiense Citizen Lab, el programa informático israelí Pegasus (al que solo tienen acceso gobiernos o instituciones militares como ejércitos), espió los teléfonos móviles de 63 dirigentes independentistas entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y el actual president, Pere Aragonès.
Pegasus es un programa que nació en 2011 y que permite a terceros acceder a dispositivos, como los teléfonos móviles. Al igual que otras herramientas de espionaje goza de una fortaleza particular: es capaz de infectar dispositivos de forma silenciosa, sin que el usuario tenga que hacer siquiera clic en ningún enlace. Según el diario El País, el servicio secreto español pagó en torno a seis millones de euros para hacerse con el equipo y el argumento que se dio para adquirirlo era que no estaba destinado a ser usado en España, sino en el extranjero.
Para los dirigentes independentistas no hay duda de que el CNI es responsable de dicho espionaje, un extremo que negó el martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Sin embargo, Rodríguez evitó aclarar si el Ejecutivo ha utilizado este sistema, tal y como apuntan las informaciones publicadas, por “motivos de seguridad”: “Hay asuntos que están protegidos por la ley y que son materias clasificadas, sobre los cuales no puedo darles cuenta”, zanjó.
Es el mismo argumento que utilizó la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El CNI tiene una limitación por ley y es que todo lo que hace referencia al CNI es secreto”, señaló en TVE. En ese sentido, criticó que “es muy fácil” imputar a este organismo actuaciones porque “no se puede defender”. Asimismo, Robles recalcó que “todas las actuaciones” del CNI están sujetas al control parlamentario y judicial. Sin embargo, Bernardino León, columnista de infoLibre y miembro del proyecto europeo GUARDINT, que estudia las prácticas de los servicios de inteligencia occidentales, pone en cuarentena esa afirmación.
El CNI: "asesoramiento" en la parte legal y sin control parlamentario
"En lo relativo al control parlamentario nuestro país carece de una comisión dedicada exclusivamente al control de los servicios de inteligencia, como sí la tienen países como EEUU", explica León en conversación con este periódico. "En España tan solo tenemos la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales, cuya responsabilidad es la de auditar los “fondos reservados” con los que se financia, entre otras instituciones, el CNI. Es un control financiero. Y es muy escaso", apunta.
Como ya explicó recientemente infoLibre, se trata de una comisión que lleva más de tres años sin reunirse por los vetos de la derecha a los portavoces de ERC y Bildu. León también pone el énfasis en el hecho de que tengan que ser los portavoces los que acudan a esta comisión. "No son portavoces especializados en cuestiones de inteligencia, como sucede en otros países, sino que están más pendientes del tema del día y no de lo que hace el CNI".
Respecto al ámbito judicial, el investigador cree que ese control "se acaba convirtiendo en un asesoramiento judicial" y saca a relucir lo que ha aprendido en su investigación en Francia: "Lo que acaban haciendo los jueces no es tanto controlar que lo que hagan los servicios de inteligencia sea legal, sino que parezca legal", matiza. Para argumentarlo pone de ejemplo un caso práctico: "Si se quiere interceptar una comunicación y se va al juez a por la correspondiente autorización, lo que suele ocurrir es que él mismo acaba ayudando a los servicios a que todo lo que hagan tenga un pretexto legal".
León también ve "complicado" que nuestro país siga el ejemplo de Francia a la hora de crear una agencia que haga un control técnico, como la Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia, que combina perfiles parlamentarios de diferentes cámaras y partidos con jueces y técnicos especializados en telecomunicaciones.
¿Qué hace y ante quién responde el CNI?
Tal y como establece la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (Ley 11/2002, de 6 de mayo) en su artículo numero 1, el CNI es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Ejecutivo las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.
El CNI, según el artículo 7 de la Ley, se adscribe orgánicamente al Ministerio de Defensa y en el se integra el Centro Criptológico Nacional y la Oficina Nacional de Seguridad, creada en 1983 y que se encarga de la recepción registro, archivo y distribución de la información clasificada OTAN/UE. La fuente de financiación mayoritaria del Centro son las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Al contrario que en otros países de nuestro entorno, en España no hay una agencia que lleve asuntos relacionados con la inteligencia interior —que se ocupa de asuntos que afectan a cuestiones exclusivamente nacionales—, y otra con la inteligencia exterior —que se encarga de las cuestiones que afectan a la seguridad del Estado pero que se producen o se refieren a otros Estados—: todo pasa por el CNI. Tal y como recuerda León, esto sí sucede en Estados Unidos con el FBI y la CIA o en el Reino Unido con el MI5 y el MI6, que se encargan respectivamente de la inteligencia interior y exterior.
El caso de Pegasus congela las relaciones del Estado con Cataluña
El artículo 3 de la Ley establece que el Gobierno determinará y aprobará anualmente los objetivos del CNI mediante una Directiva de Inteligencia que tendrá carácter secreto. Se trata de un documento que permite al Gobierno marcar cuáles serán las prioridades en materia de inteligencia que deberá afrontar el CNI, especificando, así, cuáles son las prioridades del Gobierno conforme a su agenda política. Asimismo, en el punto 6 de la ley, se menciona a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Entre sus funciones figuran proponer los objetivos anuales del CNI, que se plasman en la citada Directiva de Inteligencia, realizar un seguimiento de su desarrollo y velar por la coordinación del servicio secreto con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil.
Esta comisión está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y los ministros de Exteriores, Defensa, Interior y Economía, además del director de Gabinete del presidente, el secretario de Estado de Seguridad y la directora del CNI, un cargo ocupado actualmente por Paz Esteban. En febrero del pasado año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió completar este grupo con la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Una decisión que anuló el Tribunal Constitucional cuando Iglesias ya no formaba parte del Gobierno. La que sí está presente en la comisión es su sustituta en el cargo, Yolanda Díaz.
"Esa comisión no busca respuestas del CNI, sino establecer objetivos anuales, no es un control democrático, no hay una rendición de cuentas", expone León. "Es más bien que el Ejecutivo los necesita para estar al día de lo que pasa, como ha sucedido por ejemplo con el terrorismo". En este sentido, el investigador recuerda que "los servicios de inteligencia trabajan para el Gobierno" y que es el presidente el que nombra y releva al director del CNI.
El revuelo levantado por el escándalo del presunto espionaje político a líderes independentistas ha zarandeado la agenda política y ha dirigido el foco hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según el observatorio canadiense Citizen Lab, el programa informático israelí Pegasus (al que solo tienen acceso gobiernos o instituciones militares como ejércitos), espió los teléfonos móviles de 63 dirigentes independentistas entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y el actual president, Pere Aragonès.