El pasado viernes se cerró en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) el primer juicio del caso Gürtelcaso Gürtel. Quedó así visto para sentencia más de un año de proceso, más de un centenar de sesiones por las que han ido desfilando, además de los 37 acusados, unos 300 testigos –entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cinco exministros de la formación conservadora–. Bajo la lupa de la justicia, al menos 120 millones de euros públicos presuntamente saqueados por la trama encabezada por Francisco Correa entre los años 1999 y 2005 –la conocida como Época I– a través de contratos adjudicados por administraciones dirigidas por el PP. Sobre la espalda de los imputados en el caso, medio Código Penal: delitos de cohecho, fraude, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, contra la Hacienda, asociación ilícita, falsedad documental, prevaricación...
Según ha estimado en alguna ocasión la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la corrupción cuesta anualmente a los españoles unos 90.000 millones de euros –47.500 millones corresponden a los sobrecostes en las contrataciones públicas–. Con el objetivo de poner freno a esta sangría, varios colectivos de la sociedad civil se han unido para elaborar una Ley Integral contra la Corrupción Política (LICP). El primer paso, y el más importante, del ambicioso proyecto se dará la próxima semana –entre el 27 y 30 de noviembre– en las Jornadas Anticorrupción que se celebrarán en la Universidad Complutense de Madrid [consultar aquí el programa]. Durante cuatro días, juristas, activistas, denunciantes de corrupción, periodistas –entre ellos el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña– o abogados irán levantando, a través de las conclusiones que se desprendan en cada una de las mesas de debate, los cimientos de la futura ley anticorrupción.
La iniciativa ha sido impulsada en primer término desde Corruptil, que ejerce como acusación popular en el conocido como caso IVIMA –32 promociones de vivienda pública adjudicadas por 201 millones de euros en 2013, con Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, a Goldman Sachs en un proceso plagado de irregularidades y cuestionado por la Cámara de Cuentas autonómica–. A ella se han sumado otras organizaciones como 15MpaRato, la Plataforma Xnet –impulsores del caso Bankia, que sentará en el banquillo al expresidente de la entidad y ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, junto a otros 31 acusados–, la Plataforma por la Honestidad (PxH) o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ha ejercido como acusación popular en el juicio de Gürtel.
Encontrar las fallas del sistema y corregirlas
Para Lara Carrasco, abogada y presidenta de Corruptil, nos encontramos ante una "oportunidad histórica" si se quiere poner freno, de una vez por todas, a una lacra que devora millones de euros públicos año tras año. En conversación con infoLibre, la letrada explica que las jornadas serán clave para concretar, con ayuda de estudiantes y asistentes al encuentro, "dónde están las fallas del sistema" y para poner sobre la mesa medidas concretas que taponen los agujeros que existen en esta materia. "Enfocadas desde el apartidismo", explica el presidente de la Plataforma por la Honestidad, Pedro Arancón, la casi veintena de mesas de debate abordarán desde el papel de las empresas hasta la protección de los denunciantes, pasando por los problemas en la instrucción de causas de corrupción, la importancia de los medios de comunicación o los agujeros negros que suponen los paraísos fiscales.
El foro de debate, además, se trasladará al mundo digital. "Estudiantes y sociedad civil pueden participar a través de la herramienta desarrollada por la organización Kuorum, donde se plantearán debates durante las jornadas. Así, podrán hacer sugerencias generales o proponer artículos concretos para la ley integral", explica la presidenta de Corruptil. Estas jornadas, por tanto, además de formar a alumnos en materia de lucha contra la corrupción y participación ciudadana, sentarán los pilares de la futura normativa anticorrupción. Con todo el material recabado, durante los siguientes meses se desarrollará la segunda fase del proyecto: redacción del texto definitivo, puesta en marcha de una campaña en change.org de recogida de firmas y su presentación en el Congreso de los Diputados para proponer su tramitación.
Sin embargo, antes de dar el pistoletazo de salida a la siguiente parte de la iniciativa, los colectivos necesitan recaudar 33.610 euros. Para ello, Corruptil ha puesto en marcha una campaña de crowfunding en la que detallan el desglose de gastos que tendrán que afrontar para sacar adelante la ley: 29.360 euros para el equipo básico –webmaster, gestoría, campañas de marketing...–, 980 euros para el equipo específico de las jornadas, 400 euros para la producción audiovisual, 750 euros para el material gráfico y 2.130 euros para la logística de los ponentes. "Es un escándalo que este trabajo lo tengamos que hacer nosotros y que, encima, no haya recursos públicos para financiar proyectos de este tipo", denuncia Carrasco. "¿Cómo se van a poner los partidos con esto? Estaríamos pidiendo que regulen contra ellos mismos...", completa Arancón.
Juzgados especializados y educación
Según explican los activistas a este diario, se ha elaborado ya un esqueleto de borrador de la futura Ley Integral contra la Corrupción Política, que se dividirá en media docena de títulos: Introducción, Medidas de sensibilización, Tutela institucional, Tutela penal, Tutela judicial y Derechos de los afectados y alertadores de corrupción. Preguntada por medidas concretas, Carrasco pone sobre la mesa la necesidad de crear unos "juzgados especializados" para que se agilice "la instrucción de los procedimientos" –"No puede ser que se tarden diez años en instruir la primera pieza separada de la Gürtel, apostilla–, así como la puesta en marcha de "órganos de auxilio judicial independientes", un "buzón anónimo de denuncias" y "medidas educativas" y campañas de sensibilización, fundamentales para que los ciudadanos tomen conciencia de los tremendos estragos que causa la corrupción.
Coincide con la abogada el presidente de la Plataforma por la Honestidad. Además de los pasos propuestos, Arancón considera también necesaria una mejora del "control de la financiación de los partidos políticos" y, en esta línea, de la composición del Tribunal de Cuentas, para el que trabajan "familiares de altos cargos del partido de gobierno". También califica como "importante" la consecución de "independencia judicial" plena. Por ello, cree necesario una modificación del procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de Anticorrupción –nombrados por el Gobierno–. Los escándalos que han azotado en los últimos meses a estos dos últimos cargos han incrementado las demandas de una reforma del Ministerio Fiscal.
La protección del denunciante
La propuesta europea para la protección de alertadores destapa 'lagunas' en la ley de Ciudadanos
Sin embargo, Arancón no quiere concluir sin poner sobre el tapete una cuestión fundamental para el colectivo al que representa: la protección de los denunciantes, los conocidos como whistleblower. Un tema sobre el que se ha ido avanzando en el último año. Varias comunidades han aprobado ya leyes autonómicas para lograr que los alertadores no se sientan desamparados. Pasos a los que se suma ahora la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. La normativa, abierta a enmiendas en el Congreso e impulsada por Ciudadanos, contempla la tramitación de las denuncias "por canales y procedimientos que garanticen la confidencialidad" del alertador y la creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública, organismo que podrá instar "a la autoridad o al órgano competente" a que le concedan o un traslado provisional "a otro puesto de trabajo del mismo o equivalente grupo, cuerpo, escala o categoría profesional".
Sin embargo, no todos los whistleblower están cubiertos por el proyecto de ley. Tal y como establece en su primer artículo, los derechos y medidas recogidos se reservan exclusivamente para los denunciantes "en el ámbito de las Administraciones públicas": altos cargos, funcionarios o personal al servicio del sector público. La norma, por tanto, no cubriría, por ejemplo, a los antiguos trabajadores de la auditoría PwC que revelaron el caso Luxleaks o al exempleado del HSBC Hervé Falciani, que reveló el famoso listado de personas de todo el mundo con cuentas en la sucursal que la entidad financiera británica tiene en Suiza. Alarcó considera un error dejar fuera a los alertadores del sector privado. Y más teniendo en cuenta que la mitad de chivatazos que destapan los tejemanejes dentro de las compañías proceden de los propios trabajadores, según el informe Report to the nations on occupational fraud and abuse 2016.
Desde la Plataforma por la Honestidad consideran insuficiente la normativa planteada en la Cámara baja, sobre todo si se presta atención, por ejemplo, a indicadores como el Eurobarómetro sobre corrupción de febrero de 2014, último publicado hasta la fecha, que revelaba que un 74% de los encuestados que habían experimentado o presenciado en el pasado un caso de corrupción no lo habían denunciado –un 31% aseguraba que por la falta de protección para los denunciantes–. Por ello, dice Alarcón, el respaldo a los alertadores será también uno de los pilares fundamentales de la futura Ley Integral contra la Corrupción Política. "En nuestra opinión, las cuatro bases en este sentido deberían ser: conservación del puesto de trabajo, el pago de los gastos jurídicos de estas personas, la cobertura de sus gastos psicológicos y la protección de su anonimato si así lo requiere", concluye al otro lado del teléfono.
El pasado viernes se cerró en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) el primer juicio del caso Gürtelcaso Gürtel. Quedó así visto para sentencia más de un año de proceso, más de un centenar de sesiones por las que han ido desfilando, además de los 37 acusados, unos 300 testigos –entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cinco exministros de la formación conservadora–. Bajo la lupa de la justicia, al menos 120 millones de euros públicos presuntamente saqueados por la trama encabezada por Francisco Correa entre los años 1999 y 2005 –la conocida como Época I– a través de contratos adjudicados por administraciones dirigidas por el PP. Sobre la espalda de los imputados en el caso, medio Código Penal: delitos de cohecho, fraude, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, contra la Hacienda, asociación ilícita, falsedad documental, prevaricación...