La propuesta europea para la protección de alertadores destapa 'lagunas' en la ley de Ciudadanos

Bruselas lleva años siendo consciente de que la protección que se ofrece a los denunciantes de irregularidades en suelo comunitario es dispersa y desigual. Por eso, y también por las presiones recibidas desde el Consejo de Europa, la Eurocámara y la sociedad civil, la Comisión Europea decidió a finales de abril dar un paso al frente y poner sobre la mesa una propuesta de directiva para defender a los alertadores que unifique de una vez por todas los criterios nacionales en esta materia. Lo hace porque entiende que los whitsleblowers “pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos”. Pero también porque el Ejecutivo comunitario parece comprender que destapar escándalos como el Dieselgate, Luxleaks, los Panama Papers o el uso ilegal de datos de Cambridge Analytica lleva aparejados enormes riesgos y más que posibles represalias.

“Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente”, señaló en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que recordó que la nueva normativa también cubrirá “a quienes sirvan de fuentes a los periodistas”. En la misma línea se pronunció la comisaria de Justicia, Vera Jourova: “Necesitamos apoyar a la personas dispuestas a asumir el riesgo de revelar graves infracciones del Derecho de la UE. Se lo debemos a las personas honradas de Europa”.

La normativa propuesta, que todavía tiene que recibir el visto bueno de la Eurocámara y el Consejo Europeo, obliga a establecer canales seguros de denuncia tanto dentro de determinadas empresas –en función de su tamaño– como en los organismos públicos. Además, protege a los alertadores de castigos como el despido o la degradacióncastigos. En caso de sufrirlos, el denunciante tendrá derecho a asesoramiento legal gratuito. Y la carga de la prueba se invertirá: deberá ser el empleador el que demuestre que no ha habido represalias de ningún tipo. De esta manera, Bruselas se planta ante datos tan reveladores como los que ofrecía el último Eurobarómetro sobre corrupción –el 85% de los encuestados cree que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo– o el Global Ethics Survey 2016, un estudio que revelaba que el 36% de los trabajadores que habían notificado irregularidades habían sufrido represalias.

La primera alerta llegó en abril de 2014, cuando el Consejo de Europa recomendó a los Estados miembro crear “un marco normativo, institucional y judicial” para los denunciantes. Luego, empezaron a estallar los escándalos: SwissLeaks, LuxLeaks, los Panama Papers…SwissLeaksLuxLeaksPanama Papers Y los principales whistleblowers que tiraron de la manta empezaron a ser perseguidos judicialmente. Con estos mimbres, el Consejo de Europa alentó en octubre de 2016 al Ejecutivo comunitario a tomar cartas en el asunto, algo a lo que se comprometió Bruselas. Estas exigencias también llegaron a la Comisión desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la Eurocámara, que el pasado mes de octubre aprobó una resolución en la que instaba al equipo que capitanea Jean-Claude Juncker a presentar “antes de que acabe 2017” una legislación en esta materia. Medio año después, Bruselas ha puesto sobre la mesa una propuesta.

Especialmente importante es esta futura directiva en el caso de España, único país de la OCDE que hasta la fecha no cuenta con leyes específicas para la protección de los denunciantes, según se recoge en el último estudio Goverment at a glance 2017 que elabora el organismo. Sin embargo, el denominado club de los países ricos no es el único que ha alertado sobre estas lagunas en los últimos años. El pasado jueves, la ONG Blueprint for Speech hizo público un informe en el que situaba a España entre los siete peores países de la Unión Europea a la hora de proteger a los denunciantes. Aunque desde 2013 varios países del entorno comunitario han impulsado con un ritmo entusiasta leyes para intentar cubrir estas lagunas, en suelo español la realidad ha sido bien diferente. Según el estudio, España es incapaz de cubrir parte o alguno de los estándares internacionales en las nueve categorías analizadas.

Con el evidente atraso sobre la mesa, la cuestión saltó a finales de 2016 a la agenda política española. Lo hizo después de que Ciudadanos presentara en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, una norma que está tramitándose en la Cámara Baja y que ha recibido numerosas críticas de organizaciones como Xnet, integrada dentro del colectivo europeo que más ha trabajado para forzar a Bruselas a elaborar una directiva –Whistleblower-EU–. En opinión de Xnet, la normativa europea en tramitación deja completamente “obsoleta” la proposición de ley impulsada por la formación naranja, un texto “trampa” por debajo “de los estándares internacionales” y “peligroso” para los alertadores. Pero, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las dos propuestas?

1. La cobertura

La diferencia más clara se encuentra en la cobertura. En el texto de Ciudadanos, no todos los whistleblowers están protegidos. Tal y como establece en su primer artículo, los derechos y medidas recogidos se reservan exclusivamente para los denunciantes "en el ámbito de las Administraciones públicas": altos cargos, funcionarios o personal al servicio del sector público. La norma, por tanto, no cubriría, por ejemplo, a los antiguos trabajadores de la consultora PwC que revelaron el caso Luxleaks o al exempleado del HSBC Hervé Falciani. Además, sólo está reservada para hechos que “puedan ser constitutivos de delito o infracción administrativa o puedan dar lugar a responsabilidades por alcance”. Este detalle impediría, por ejemplo, que la norma pudiese cubrir a los que filtraron los famosos Iraq War Logs, los documentos sobre la guerra de Iraq que Wikileaks reveló en julio de 2010.

La directiva europea, por su parte, cubre a todos aquellos trabajadores del “sector público o privado” que “hayan adquirido información sobre infracciones en un contexto laboral”, sin importar que sean empleados, autónomos, directivos, aprendices no remunerados o cualquier persona bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas o proveedores. Además, la norma que ha puesto sobre la mesa Bruselas no se reserva sólo a casos de corrupción, sino que también engloba aquellos que “puedan causar serios daños a los intereses públicos” en las siguientes áreas: contratos públicos, servicios financieros, seguridad de productos, seguridad de transporte, protección del medio ambiente, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud pública, protección del consumidor o protección de la privacidad y datos personales.

2. Las denuncias anónimas

La segunda diferencia fundamental gira en torno a la posibilidad de aceptar aquellos avisos en los que el alertador se niegue a revelar sus datos. En este sentido, la proposición de ley de Ciudadanos es tajante en su quinto artículo. “No se admitirán a trámite las denuncias anónimas ni tampoco aquellas que no puedan sostenerse en documentos o informaciones contrastadas”, señala el texto, que añade que la información aportada por el denunciante “deberá identificar los hechos que puedan ser constitutivos de un ilícito penal o infracción administrativa”, los responsables y aspectos como “la fecha de la comisión o el alcance económico del acto ilícito”. La exclusión de las denuncias anónimas siempre ha sido una de las críticas de Xnet. “El anonimato es la única forma de garantizar la protección de los denunciantes”, explica a infoLibre Simona Levi, portavoz del colectivo de activistas.

En el caso del texto de Bruselas, no se recoge expresamente la prohibición de alertar anónimamente. Pero tampoco su validez, a pesar de que algunas de las directivas aprobadas en los últimos años sí contemplan esa posibilidad. Es el caso, por ejemplo, de la norma relativa a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales del reglamento europeo sobre abuso de mercado, que en su artículo quinto establece que la comunicación de irregularidades puede hacerse “de forma anónima”. En opinión de Levi, el texto presentado por Bruselas “hace entender que son posibles este tipo de denuncias”  pero “no garantiza expresamente esa posibilidad”. “En definitiva, deja la puerta abierta a los Estados [para que decidan]”, sentencia la activista en conversación telefónica con este diario.

Bruselas sigue dejando alguna 'laguna'

El colectivo Whistleblower-EU celebra, por supuesto, que el Ejecutivo europeo haya incluido en la directiva “casi todas” las recomendaciones que ellos pusieron sobre la mesa. Sin embargo, señalan que la directiva planteada no es perfecta y afirman que lucharan por corregir algunas de las deficiencias que presenta. En este sentido, critican que el texto europeo solo contemple la cobertura de “trabajadores”. Simona Levi explica los motivos: “La Comisión decía que este tema no era de su competencia. Por eso, desde Los Verdes se puso sobre la mesa la opción de regularlo desde el ámbito del empleo”. Pero la portavoz de Xnet asevera que el uso del término “trabajadores” es peligroso porque excluye a “los activistas y los hackers”. “Por eso, nosotros defendemos el uso de la expresión ‘todos los ciudadanos”, apunta.

Otro aspecto de la propuesta del Ejecutivo europeo que no termina de convencer es el proceso escalonado que los alertadores deben seguir para tirar de la manta. La normativa presentada establece que el primer timbre que deben tocar es el de los canales internos de notificación, que estarán obligados a habilitar todas aquellas empresas con más de 50 empleados o más de 10 millones de euros de facturación y todas aquellas instituciones públicas, ya sean regionales, municipales o ayuntamientos con más de 10.000 habitantes. Sólo si falla esa vía o no puede esperarse razonablemente que funcionen, entonces deberá notificarlo a las autoridades competentes. Los medios de comunicación serán, por tanto, la última alternativa. “En países corruptos como España, la denuncia primero por canales internos no es una opción”, dice Levi.

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La ley de Cs “nace muerta”

Pero a pesar de estos puntos débiles, la normativa europea convence. O, por lo menos, lo hace más que la proposición de ley de Ciudadanos, que según afirma Levi “nacerá muerta”. Bruselas espera que la directiva propuesta entre en vigor a más tardar en 2021. Y los Estados miembro tendrán entonces que ponerse manos a la obra para adaptar su legislación a la nueva norma comunitaria. Esto obligará a modificar, si recibe finalmente luz verde en el Parlamento, el texto impulsado por la formación que capitanea Albert Rivera. O a elaborar otro alternativo. “La proposición de Ciudadanos sólo se corregirá si consiguen pasar el filtro las enmiendas planteadas por Podemos y ERC”, apostilla Levi.

Este diario se puso en contacto con Ciudadanos para saber si tiene pensado impulsar alguna modificación en su propuesta legislativa para ponerla en línea con la directiva impulsada desde Bruselas. "En tanto que ha terminado el plazo para presentar enmiendas y la proposición de ley ya está en fase de ponencia, tenemos que atenernos al texto de las mismas. Eso sí, tenemos la firme intención de, en la medida de lo posible, adaptar la proposición de ley al texto comunitario, una vez haya uno definitivo aprobado por la UE, lo que puede demorarse aún mucho tiempo. Afortunadamente, por lo que sabemos, ambas iniciativas son coincidentes en gran parte de sus textos", señalan fuentes del partido.