El Colegio de Registradores ha pedido al Ministerio de Justicia que retrase la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, prevista para el 15 de julio, según fuentes próximas al departamento. En esa fecha el centenar de registradores mercantiles deberán hacerse cargo de los trámites que hasta ahora se realizan en las 8.122 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España. Una medida que ha concitado el rechazo de todos los sectores implicados: los propios registradores, los funcionarios de Justicia, los secretarios judiciales, los jueces y la oposición política en pleno.
La petición la ha puesto el colegio profesional sobre la mesa de la comisión mixta a la que se sientan los registradores y el propio ministerio, y donde se negocian desde el pasado octubre las condiciones en que se realizará el traspaso del Registro Civil. También se produce cuando arrecian de nuevo las críticas dentro del gremio de los registradores contra un encargo que nunca fue de su agrado.
Las espadas parecían haberse envainado tras dimitir Alberto Ruiz-Gallardón y deshacer su sustituto, Rafael Catalá, la reforma de los registros preparada por su antecesor. El Consejo de Estado destrozó, con un dictamen muy duro, el decreto con el que Ruiz-Gallardón pretendía crear una suerte de colegio de registradores paralelo. El nuevo ministro también cambió el equipo que hasta entonces había liderado la reforma en la Dirección General de los Registros y el Notariado, integrado por registradores pero muy criticado por estos por su proximidad al hermano dehermano de Mariano Rajoy –registrador como él– y a la asociación profesional conservadora Arbo.
A continuación, el ministro y el colegio oficial comenzaron a reunirse en la comisión mixta. Pero la fecha del 15 de julio se acerca y poco o nada se sabe de lo que ambas partes están negociando. Y los registradores desconfían. No sólo acusan a la junta de gobierno de opacidad, sino también de estar comportándose casi como un órgano más del Ministerio de Justicia. Muchos se sienten “desamparados” por el órgano que debería velar por sus intereses profesionales y reprochan al colegio que esté incumpliendo los compromisos adquiridos en la última asamblea que celebró el gremio, en Zaragoza, en abril de 2013: “No queremos el Registro Civil”.
Plataforma de Registradores Registrocivilno
Así que han decidido actuar allí donde el colegio no quiere o no puede llegar. Uno de ellos, con el apoyo económico de otros 25, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los presupuestos del órgano colegial para este año, tal y como adelantó este miércoles infoLibre. En concreto, acusa al colegio de utilizar de forma indebida los fondos de tesorería, procedentes de las cuotas que pagan los registradores, para financiar la nueva plataforma informática del Registro Civil.
Además, ha nacido una Plataforma de Registradores Registrocivilno para luchar contra lo que consideran una “imposición absolutamente injustificada e interesada”. “No hemos podido ni queremos ni podemos llevar el Registro Civil: es un servicio público, que concierne a la res pública, no privada, y, por naturaleza, gratuito, y debe seguir manteniendo esa configuración natural para el Estado y para los ciudadanos, so pena de desvirtuarlo absolutamente”, proclaman en su primer comunicado.
También manifiestan su “perplejidad” por el hecho de que el Gobierno mantenga la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil el 15 de julio. Los registradores consultados por infoLibre advierten de que, simplemente atendiendo a cuestiones prácticas y obviando todas las demás, les va a resultar “imposible” asumir el Registro Civil en esa fecha. “No hay ley ni reglamento, ni financiación, ni oficinas, ni personal”, resumen.
Este grupo de registradores ha enviado cartas de derecho de petición tanto al ministro de Justicia como al presidente del Gobiernoy a sus respectivos Gobiernos autonómicos. Sin mucho éxito aparte del acuse de recibo. Menos aún en el caso de Rafael Catalá, aseguran, que ni siquiera cursó el recibí.
Tendrán que pagarlo los usuarios
En parecidos términos a la nueva plataforma se expresa la asociación Francisco de Cárdenas, creada el pasado octubre en lo más duro de la refriega de los registradores contra la reforma de Ruiz-Gallardón. “No se entienden las prisas del Gobierno en aprobar la asignación del Registro Civil a los registradores, que es imposible que se haga realidad antes de las siguientes elecciones generales […]. Lo lógico y sensato sería esperar a la situación política que resulte de las siguientes elecciones y, a partir de ahí, diseñar el nuevo sistema del Registro Civil”, apunta la asociación en una nota que ha distribuido entre los 1.200 miembros del colegio profesional.
El documento critica al Gobierno por repetir que el nuevo Registro Civil va a seguir siendo gratuito. “Si la Administración no quiere financiarlo con cargo a una partida presupuestaria, tendrán que ser los usuarios quienes lo sostengan a través del pago de aranceles. Se diga lo que se diga. No hay alternativa posible en caso de que se asigne el servicio a los registradores”, alerta la asociación.
Es más, precisa que lo pagarán los usuarios del Registro Civil –cobrando por los trámites– o los usuarios de los registros de la Propiedad y Mercantiles –aumentando los aranceles actuales o creando otros nuevos–, “lo cual, además de injusto y de perjudicar al tráfico jurídico y económico, es contrario a la Constitución y a las directivas comunitarias, que prohíben que los aranceles registrales se destinen a financiar servicios distintos al acto que los genera”.
¿Gratuito?
Y es que, mientras el ministro Catalá insiste en sus declaraciones públicas en que el nuevo Registro Civil será gratuito a partir de julio “en los mismos términos que ahora”, el Colegio de Registradores ha pedido a Justicia que le permita cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad o la inscripción de poderes, de la vecindad civil o de los contratos de seguro que cubren fallecimientos. El colegio, según deja claro en sus propuestas al ministerio, considera “irrenunciables” estos ingresos como “fuente de financiación” del Registro Civil.
Pero no es la única fuente de ingresos prevista. El resultado de las negociaciones en la comisión mixta quedará reflejado en las enmiendas que el PP presentará en el Congreso al proyecto de ley de reforma del Registro Civil. Ese texto habilita al ministro para que apruebe en tres meses nuevos aranceles “correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley”.
Recursos contra la comisión mixta y la encomienda de gestión
Justicia pagará otros dos millones a los registradores para que desatasquen las solicitudes de nacionalidad
En todo caso, el Ministerio de Justicia tiene más frentes abiertos. Además de las movilizaciones con que los sindicatos de los funcionarios van a jalonar los meses que quedan hasta julio, CCOO ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución de Justicia que creó la comisión mixta Justicia-registradores.
Y está estudiando hacer lo propio con la encomienda de gestión que el ministerio acaba de firmar con el colegio para que este se encargue de gestionar los expedientes de nacionalidad. A cambio de cuatro millones de euros. Ya los tramitó en 2012 y 2013, pero sin contrapartida económica. Según las fuentes jurídicas consultadas, una administración pública sólo puede otorgar una encomienda de gestión a otra entidad pública. Y un colegio profesional es una corporación de derecho público pero ejerce funciones de naturaleza jurídica privada.
Finalmente el Congreso también debatirá la Iniciativa Legislativa Popular para la que CCOO ya ha empezado a reunir el medio millón de firmas necesarias en favor de un Registro Civil inequívocamente público.
El Colegio de Registradores ha pedido al Ministerio de Justicia que retrase la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, prevista para el 15 de julio, según fuentes próximas al departamento. En esa fecha el centenar de registradores mercantiles deberán hacerse cargo de los trámites que hasta ahora se realizan en las 8.122 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España. Una medida que ha concitado el rechazo de todos los sectores implicados: los propios registradores, los funcionarios de Justicia, los secretarios judiciales, los jueces y la oposición política en pleno.