A escasas semanas de que Podemos celebre Vistalegre II, la discusión relativa al congreso que definirá su futuro a corto y medio plazo gira, fundamentalmente, en torno a las diferentes hojas de ruta políticas que plantean sus principales dirigentes. Pero existen también desavenencias organizativas entre los modelos del secretario general, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, y uno de los puntos más polémicos es la Comisión de Garantías del partido, un órgano cuya función es la de resolver los conflictos y también la de velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de Podemos pero que, en los últimos meses, ha tomado decisiones controvertidas que han llevado a que el sector errejonista la acuse de falta de imparcialidad.
El método de elección de los integrantes de la Comisión y su sistema de contrapesos son los puntos que más separan a las principales corrientes de Podemos a la hora de alcanzar un acuerdo para reformar el órgano en Vistalegre II. Pese a que varios dirigentes de los sectores pablista, errejonista y anticapitalista han firmado un manifiesto pidiendo cambios en la Comisión de Garantías para que sea verdaderamente "independiente", lo cierto es que en la reunión que mantuvieron el miércoles los líderes de los equipos que han planteado propuestas para Vistalegre II no se abordó el asunto –según los errejonistas, el secretario de Organización, Pablo Echenique, se opuso–, y las fuentes consultadas son pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar una propuesta unitaria.
El entorno de Iglesias se muestra convencido de que Errejón ya tiene decidido presentar sus propios documentos al congreso, por lo que ven escasas las opciones de alcanzar un pacto con el sector del número dos ni siquiera sobre asuntos como la Comisión de Garantías, aunque consideran más probable elegir candidatos de consenso para el órgano tras Vistalegre II. Por su parte, los errejonistas denuncian todo lo contrario: que es Iglesias el que "va a tratar de resistirse" a acordar un documento único para el órgano. Los anticapitalistas reconocen que tienen más cercanía en este punto con el sector de Errejón que con el de Iglesias.
"Quiero pensar que hay opciones, pero Echenique echó balones fuera el miércoles cuando sacamos el tema", critica un dirigente próximo al número dos, que dice no entender por qué las tres principales corrientes pudieron ponerse de acuerdo para reformar la Comisión de Garantías en la Comunidad de Madrid y, por el contrario, parece tan complicado hacerlo a nivel estatal. "Sería muy feo por parte de Pablo [Iglesias] no buscar el pacto, y no es una cuestión de principios, porque ya llegamos a un acuerdo en Madrid, así que la única explicación que encuentro es que quiera seguir controlándola", afirman a este respecto las fuentes errejonistas consultadas en referencia a que la mayoría de los miembros que forman parte actualmente la Comisión de Garantías son cercanos a Iglesias.
Ese pacto entre corrientes en la Comunidad de Madrid incluía varios elementos novedosos con respecto a la Comisión de Garantías. Uno de ellos afectaba al método de elección de sus miembros: frente al modelo clásico de listas, los tres sectores acordaron escoger a los integrantes del órgano individualmente. Estos dirigentes, además, tienen prohibido desempeñar cargos institucionales u otros cargos internos en el partido, así como recibir un sueldo de Podemos, y debe pasar un año para que la formación morada pueda contratarlos tras salir de Garantías.
Críticas cruzadas
Todos ellos son puntos que recoge el manifiesto Una Comisión de Garantías independiente y eficaz: Objetivo irrenunciable para Vistalegre 2, que además establece la necesidad de crear una instancia intermedia "basada en equipos de mediación" y plantea la posibilidad de establecer una remuneración para los miembros de la comisión con el objetivo de que éstos se dediquen a tiempo completo a la misma. Estas medidas tratan de mejorar un órgano que "no siempre ha defendido su independencia", según plantea Pablo Castaño, exmiembro de la Comisión de Garantías a nivel estatal –dimitió en julio junto a dos compañeros por desavenencias con el funcionamiento del comité– y uno de los impulsores del manifiesto.
Castaño lamenta que la Comisión de Garantías haya estado, a su juicio, "infradotada de recursos y de gente", y explica que ahora mismo –tras las dimisiones– únicamente cuenta con siete miembros "que no trabajan allí a tiempo completo". En este sentido, el exintegrante del órgano sostiene que algunas de las claves para que la nueva Comisión sea verdaderamente independiente pasan por implantar un férreo régimen de incompatibilidades –"no trabajar en Podemos, no tener sueldo de Podemos por desempeñar otro trabajo y no poder tener un puesto en el partido hasta un tiempo después" de dejar Garantías, sostiene– y también por evitar que la elección del órgano se realice a través de listas.
No obstante, la actual presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Gloria Elizo –que también es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados–, se muestra contraria a las "acusaciones generales" de falta de independencia que se han planteado en los últimos meses fundamentalmente por parte del sector errejonista. "Me preocupa enormemente que se realicen acusaciones generales sin ofrecer ninguna prueba", critica Elizo, que señala que, a su juicio, estas denuncias "se están utilizando políticamente".
En cualquier caso, la actual presidenta de Garantías comparte algunas de las medidas que se incluyen en ese escrito, como la prohibición de que los integrantes del órgano desempeñen otro cargo electivo en Podemos, un extremo que, sostiene, ya se aplica. No obstante, se muestra contraria a limitar la presencia de los cargos públicos en la Comisión –una medida que a ella le afectaría directamente–, y afirma que no cree que "aceptar un cargo público te dote de menor independencia".
Las propuestas de los sectores
En este sentido, las propuestas de los errejonistas y los anticapitalistas tienen más parecidos entre sí que con la de Iglesias, más alejada. El secretario general propone una Comisión de Garantías compuesta por siete miembros –tres menos que los diez que se eligen ahora mismo– elegidos o bien individualmente o bien a través de listas abiertas. Estos integrantes sólo podrían actuar a instancia de parte –es decir, se eliminaría su capacidad para iniciar procedimientos de oficio–, y no se les aplicaría un régimen especial de incompatibilidades.
Por el contrario, Errejón plantea que la Comisión de Garantías –que, según su proyecto, sí estaría facultada para actuar de oficio– esté formada por 15 miembros, que sólo podrán ser escogidos a través de candidaturas individuales (no en listas) "para garantizar su independencia". Además, el número dos del partido busca implantar un régimen de incompatibilidades especial para el órgano, por el que se prohibiría pertenecer al comité a cualquier persona que ostente un cargo público o interno del partido y también a quienes tengan cualquier "relación laboral o mercantil" con Podemos.
El planteamiento del sector anticapitalista también establece una Comisión de Garantías con 15 integrantes, doce de las cuáles serían elegidas por primarias en candidaturas individuales y tres escogidas por sorteo de una bolsa de voluntarios. Las incompatibilidades que incluye el documento son similares a las que proponen los errejonistas, aunque con algunos matices de mayor exigencia: no podrán ser miembros del órgano los cargos internos o externos, y además "no podrá optarse a cualquier cargo orgánico de Podemos, ni a cualquier cargo público, ni acceder a un contrato retribuido por Podemos" hasta cuatro años después de pertenecer a la Comisión.
Por otra parte, el documento anticapitalista plantea la creación de un órgano de última instancia al que se podrían recurrir las decisiones de la Comisión de Garantías estatal y sus equivalentes a nivel autonómico: la Comisión de Garantías Federal, conformada por los 15 integrantes del órgano estatal y un delegado de cada una de las Comisiones autonómicas.
Polémicas en Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares
Sea cual sea el sistema finalmente elegido, el objetivo será acabar con las polémicas que han rodeado en los últimos meses a la Comisión de Garantías. Dos de los asuntos que más controversia han generado han tenido que ver con el congreso de Podemos en la Comunidad de Madrid, que acabó con la elección de Ramón Espinar como secretario general, pero las Comisiones de Garantías a nivel autonómico también han sufrido dimisiones y denuncias públicas.
Uno de los episodios más polémicos que ha rodeado a la Comisión de Garantías estatal en los últimos meses vino provocado por su decisión de anular el sistema de votación escogido por consenso para elegir a los órganos de Podemos en la Comunidad de Madrid. Los tres principales sectores pactaron establecer un sistema de corte proporcional, pero Garantías anuló esta decisión e impuso el método mayoritario que se ha utilizado desde la fundación de Podemos, argumentando que era el aprobado a nivel estatal, por lo que una decisión tomada a nivel autonómico no podía modificarlo. La decisión vino seguida de una dura respuesta del sector errejonista, que tachó de "absolutamente inaceptable" la decisión y cuestionó la independencia de la Comisión de Garantías, lo que a su vez provocó que Pablo Echenique tuviera que salir en su defensa públicamente.
Los sectores enfrentados en Podemos ven "casi imposible" una lista única para Vistalegre II pese a los acuerdos de última hora
Las decisiones controvertidas en relación al proceso en la Comunidad de Madrid no se quedaron ahí. En diciembre, pocos días después de que se conformase el nuevo Consejo Ciudadano madrileño de Podemos –su máximo órgano entre congresos–, la Comisión de Garantías hizo público un dictamen por el cual permitía que Ramón Espinar mantuviera los tres cargos que ahora mismo desempeña –secretario general, diputado autonómico y senador–, a pesar de que las bases aprobaron una limitación de dos puestos (internos o externos) para todos los cargos autonómicos del partido. El órgano argumentó a este respecto que el cargo de senador por designación autonómica de Espinar exige que pertenezca a la Asamblea de Madrid, por lo que ambos puestos no se pueden entender "como cargos diferenciados".
Por otra parte, el pasado 21 de enero dos miembros de la Comisión de Garantías de Podemos en la Comunidad Valenciana dimitieron de sus puestos por desacuerdos con la dirección del partido a nivel autonómico, comandada por el errejonista Antonio Montiel. Dos días antes, la presidenta del órgano, Teresa Díaz, había acusado a Montiel de no aceptar aquellas decisiones que le "incomodan", en referencia a las críticas de la cúpula autonómica a una resolución de Garantías en la que se denunciaban "irregularidades" por parte de la ejecutiva en el proceso de selección de personal del partido. Estos abandonos, sumados a un tercero que se produjo hace meses, han conducido a la disolución del órgano.
El episodio polémico más reciente tuvo lugar en Baleares, donde hace unos días Podemos disolvió su Comisión de Garantías a causa de la dimisión de Joan Canyelles, secretario del órgano, tras hacerse público que trató de chantajear a una compañera de su partido prometiéndole cerrar un expediente abierto en su contra si aceptaba un apercibimiento. Canyelles, además, prometió a su compañera un trabajo dentro del partido si era "buena niña".
A escasas semanas de que Podemos celebre Vistalegre II, la discusión relativa al congreso que definirá su futuro a corto y medio plazo gira, fundamentalmente, en torno a las diferentes hojas de ruta políticas que plantean sus principales dirigentes. Pero existen también desavenencias organizativas entre los modelos del secretario general, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, y uno de los puntos más polémicos es la Comisión de Garantías del partido, un órgano cuya función es la de resolver los conflictos y también la de velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de Podemos pero que, en los últimos meses, ha tomado decisiones controvertidas que han llevado a que el sector errejonista la acuse de falta de imparcialidad.