La Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular celebró este jueves en el Congreso la segunda tanda de comparecencias con los extesoreros del PP Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta y la actual responsable de las cuentas, Carmen Navarro, como protagonistas. El pasado día 26 fue el turno de Luis Bárcenas. Junto a las comparecencias, otro de los ejes de este órgano parlamentario es el de analizar documentación judicial. De su estudio y de lo que aporten los protagonistas se extraerán las conclusiones que, en todo caso, no serán vinculantes.
La Comisión no sólo está sufriendo como baches la negativa de algunos de los comparecientes a responder a los grupos parlamentarios, como fue el caso de Luis Bárcenas, o las reticencias del Partido Popular a que avance con amenazas de paralización en el Tribunal Constitucional. El proceso de demanda y obtención de información también se ha complicado. En una carta fechada el 20 de junio a la que ha tenido acceso infoLibre, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide a Ana Pastor que la Comisión reformule su petición con una explicación más exhaustiva de los datos que se demandan.
En respuesta, este órgano parlamentario presidido por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo remitió otro escrito a Pastor, para su traslado a Carlos Lesmes, en el que rebajaba la petición inicial: en la primera carta se requerían un total de 29 documentos, "preferentemente en soporte digital y archivo electrónico que permita la búsqueda de contenidos"; en la segunda, con fecha de salida del Congreso del 23 de junio, se rebajaba a diez.
El literal de la carta firmada por Lesmes es el siguiente: "He de comunicarle que, para que desde el CGPJ se proceda a dar traslado a los órganos judiciales afectados de la solicitud de documentos, resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios para ello, como son la identificación completa del órgano judicial que está conociendo de los procesos en cuestión (clase de órgano, número, localidad...), el número de procedimiento completo y el tipo de procedimiento de que se trate". El presidente del Supremo había recibido la copia del acuerdo adoptado en la citada Comisión parlamentaria "solicitando diversa documentación sobre distintos procedimientos judiciales el 13 de junio".
Además, recuerda que en el CGPJ "no existe un registro o base de datos que almacene la información en base a los parámetros que se mencionan en el último punto del escrito, no resultando posible, en consecuencia, que desde este órgano se identifique la información que requiere la Comisión de investigación en dicho punto".
En la primera de las cartas demandando documentación al Tribunal Supremo, Quevedo solicitaba "acceso y disposición de todos los autos y procedimientos judiciales abiertos y no sometidos a secreto sumarial que guarden relación con las diferentes tramas de corrupción investigadas a lo largo y ancho de la geografía del Estado español".
Asimismo, el presidente de esta Comisión reclamaba los "procedimientos sancionadores contra empresas por prácticas irregulares conectadas a la Comisión de supuestos delitos en connivencia con representantes políticos adscritos al Partido Popular".
Esta reacción de Lesmes, unida a un reciente informe jurídico del CGPJ en el que se advertía de que de instancias judiciales no iba a salir documentación que pudiese afectar a las resoluciones judiciales, ha despertado cierto malestar en los partidos de la oposición.
Demandas concretas
Entre la información que, en un primer momento, fue demandada al Supremo por la Comisión en cuestión están las "denuncias, sumarios y, en su caso, sentencias" de los casos Lezo, Palma Arena, Parques Eólicos, Pokemon-Aquagest y Púnica.Lezo, Palma Arena, Parques Eólicos, Pokemon-Aquagest y Púnica
Es también el caso de "las nueve carpetas de colores entregadas por Luis Bárcenas, el 15 de julio de 2013, al juez Pablo Ruz" y "los papeles de Bárcenas".
En el nuevo escrito ya no aparece la última de las demandas de información del requerimiento original en la que se pedía el acceso a "todos los autos judiciales abiertos y no sometidos a secreto sumarial..."
A la espera de Rajoy
Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso mantienen que la idea de llevar esta comisión ante el Constitucional sigue adelante. Los conservadores creen que no debe seguir adelante porque, además de nacer como "una causa general" contra el PP, carece de la precisión de elementos fundamentales: ámbito temático, ámbito temporal y ámbito territorial, es decir, instituciones a las que afecta.
Tomada la decisión, en el partido de Rajoy buscan el mejor momento político para hacer el anuncio. Mientras, intentan que la Comisión que investiga la financiación de todos los partidos en el Senado, donde sí tienen mayoría absoluta, y, por tanto, mayor capacidad de control, funcione como una especie de contracomisión.
El PP ha buceado en las últimas semanas en sentencias judiciales para estudiar la posibilidad de demandar en el recurso que la comisión quede paralizada mientras el tribunal decide. La idea más extendida a día de hoy es que es un escenario bastante improbable. Se trata de una facultad que tiene reservada el Gobierno central y que se ha venido aplicando en todas los recursos que el Gobierno de Rajoy ha planteado a decisiones de la Generalitat de Cataluña.
Los movimientos del PP se entienden si se tiene en cuenta que Rajoy está en la lista de comparecientes. En un principio, los conservadores estaban de acuerdo en que fuese a comparecer el primero, algo que, a priori, compartía el PSOE. Después, un pacto entre toda la oposición llevó a que los primeros en acudir a la Cámara baja fuesen los tesoreros y esperar a tener más material sobre el que preguntar al presidente del Gobierno.
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Con esto, se trastocaron los planes del PP y del Gobierno, que pretendían volver de vacaciones de verano con un calendario limpio de comparecencias de Rajoy en lo relacionado con los asuntos de corrupción que afectan a su partido.
Los requisitos legales
Los comparecientes en estas comisiones no pueden mentir. El artículo 502 del Código Penal recoge que "el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Un texto que también deja claro que no se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y va más allá: "Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
La Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular celebró este jueves en el Congreso la segunda tanda de comparecencias con los extesoreros del PP Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta y la actual responsable de las cuentas, Carmen Navarro, como protagonistas. El pasado día 26 fue el turno de Luis Bárcenas. Junto a las comparecencias, otro de los ejes de este órgano parlamentario es el de analizar documentación judicial. De su estudio y de lo que aporten los protagonistas se extraerán las conclusiones que, en todo caso, no serán vinculantes.