Casi una semana después de que la dana arrasara la provincia de Valencia, provocando la muerte de más de doscientas personas, ninguna administración quiere hacerse responsable de lo ocurrido en la tarde del martes con la alerta tardía pese a que las competencias vienen reflejadas en la ley. La competencia de la coordinación en materia de emergencias recae sobre la Generalitat valenciana pilotada por Carlos Mazón, que está en el epicentro de las críticas por negligencias como el tardío aviso, pasadas las 20 horas del martes pasado, y la descoordinación en los trabajos de reparación.
Por ese motivo el propio Mazón ha deslizado este lunes en la Cadena Cope que el envío de las alertas antes de que llegara la Dana era responsabilidad del Gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez, concretamente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. El ministerio de Teresa Ribera lo ha desmentido con una contundente nota: "Las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas, el organismo competente para lanzar alertas hidrológicas son los servicios de emergencias autonómicos".
De hecho, tanto la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana, de noviembre de 2010, establecen que es la comunidad autónoma la competente en materia de emergencias. Se debe ocupar tanto de las alertas como de la prevención y la reacción posterior al suceso, aunque puede reclamar ayuda de otras administraciones, como ya está sucediendo en el caso del Gobierno central.
¿Puede el Gobierno central hacerse con los mandos de la Generalitat?
La Generalitat valenciana no ha pedido al Gobierno central que las competencias de coordinación pasen a Madrid. El Ejecutivo de Sánchez tampoco ha querido de manera unilateral retirar esas facultades a Mazón, aunque en privado las críticas de los ministros son durísimas contra el dirigente popular y su administración. Sí lo ha pedido, sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma el mando de la gestión. "Para una declaración de emergencia nacional, tiene nuestro apoyo", aseguró Feijóo en una rueda de prensa sin preguntas en la sede de Génova.
Mazón no compareció ante las cámaras hasta pasadas las 21 horas y en su declaración no pidió que las competencias pasaran a Madrid ni la aprobación del estado de emergencia nacional, como sí traslada Génova 13. Lo que solicitó fue una ayuda de 31.400 millones de euros para las zonas afectadas por la dana, entre ellas una ayuda complementaria de 15.000 euros para cubrir las pérdidas de la riada, 1.400 millones para la compra de vehículos o 2.200 millones de euros para arreglar los cauces de los ríos y que este tipo de catástrofes no vuelvan a suceder.
Lo que defiende el Gobierno central es que "ningún experto en catástrofes considera buena idea quitarle el control a la administración que tiene más conocimiento del territorio, más medios y más mandos", en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Nuestro país tiene una arquitectura institucional de distintos niveles en la que se establece la necesidad de colaboración que se ha dado en todo momento. La apuesta por la colaboración es clave y sustituir a quien está al frente de una catástrofe teniendo mayor conocimiento del territorio obligaría a perder mucho tiempo porque toda la cadena de mando tendría que ser desplazada". Un argumento compartido por el Gobierno de Mazón, que sigue estableciendo el tipo de emergencia en el nivel dos.
¿Cuáles son los tres niveles de emergencia?
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Una vez activada la fase de emergencia del plan, se pueden decretar varias situaciones operativas. En primer lugar, en el nivel más bajo, está la emergencia cuyo ámbito es municipal o de la comunidad autónoma y puede afectar a un municipio o a varios. La dirección es responsabilidad de la comunidad autónoma.
La emergencia dos, de ámbito autonómico, que se está aplicando en la actualidad. En este caso puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad autónoma. La dirección operativa la ejerce la autoridad autonómica en protección civil, que activa los medios personales y materiales autonómicos necesarios. En esta situación operativa, la autoridad competente en Protección Civil puede, en función de la gravedad de la emergencia y la disponibilidad de medios, solicitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), del Ministerio del Interior, la activación de medios extraordinarios del Estado, como por ejemplo la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Y por último está la emergencia tres. Se considera que está en juego el interés nacional y es declarada por el ministro del Interior, bien por propia iniciativa o a instancias de las comunidades autónomas afectadas o de los delegados del Gobierno. El director de la emergencia es el propio ministro del Interior y la UME asume la coordinación operativa de la emergencia bajo la dirección del ministro. Excepcionalmente, cuando los medios estatales no son suficientes para hacer frente a una emergencia, el Gobierno puede solicitar al Mecanismo Europeo de Protección Civil la apertura de una emergencia y solicitar el apoyo de medios de otros países.
Casi una semana después de que la dana arrasara la provincia de Valencia, provocando la muerte de más de doscientas personas, ninguna administración quiere hacerse responsable de lo ocurrido en la tarde del martes con la alerta tardía pese a que las competencias vienen reflejadas en la ley. La competencia de la coordinación en materia de emergencias recae sobre la Generalitat valenciana pilotada por Carlos Mazón, que está en el epicentro de las críticas por negligencias como el tardío aviso, pasadas las 20 horas del martes pasado, y la descoordinación en los trabajos de reparación.