A la vuelta del verano, el presidente del Gobierno encargó a Ana Mato, por entonces ministra de Sanidad, poner en marcha un paquete de medidas de marcado tinte social: los planes de apoyo a la infancia y la familia. Las iniciativas, además de venir a paliar el efecto de la retirada de la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón sobre el electorado más conservador –cuentan fuentes conocedoras del proceso que Rajoy ya tenía claro en agosto que el texto del exministro de Justicia no iba a llegar a buen puerto–, fueron concebidas como un intento de poner punto y aparte. Como una nueva etapa en una legislatura en la que su presidente se había conjurado para hablar sólo de economía. "Economía, economía y economía", decían sus colaboradores cuando se les preguntaba por las preocupaciones de Rajoy.
Sin despreciar los escándalos de corrupción que tienen sumido al Partido Popular en un sobresalto permanente desde que en febrero de 2007 estalló el caso Gürtel, la ausencia de un discurso más cercano a los ciudadanos es, a juicio de destacados dirigentes conservadores, lo que les acaba de hundir en las encuestas. "Es posible que tengamos un problema de relato y que no hayamos sabido explicar en la calle que, con mucho sacrificio de todos, se han mantenido los servicios sociales básicos", mantiene un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido de Mariano Rajoy.
Este mensaje ha calado en la cúpula del partido y en el Gobierno y ahora, cuando consideran que la situación económica de España está más encauzada, pretenden intercalar la frialdad de las cifras –Rajoy se resiste a abandonar el discurso de la recuperación– con un mensaje que llegue más a los ciudadanos, más social. "Hemos dado la vuelta a la situación económica y gracias a ello seguimos teniendo educación y sanidad pública. No es para avergonzarse", subraya un diputado.
Gran parte del peso de este mensaje lo ha heredado Alfonso Alonso, el nuevo ministro de Sanidad. El exportavoz de los conservadores en el Congreso de los Diputados toma las riendas del ministerio de Mato, que presentó su renuncia hace un par de semanas después de que el juez Pablo Ruz la señalase en un auto como partícipe a título lucrativo de la rentable relación de su exmarido, Jesús Sepúlveda, con los cabecillas en de la Gürtel.
Ya en su toma de posesión, el diputado por Vitoria habló de este giro. "El proyecto de la recuperación económica es el proyecto de la recuperación social. Todo eso sólo tiene sentido si tiene una orientación social. Esa va a ser la prioridad: que la dirección de nuestro Gobierno sea lo más social posible", sostuvo ante representantes de gran parte de los colectivos sociales del país.
Claro que todo esto es sobre el papel. Porque el principal obstáculo con el que se encuentra el Gobierno en este pretendido giro social es precisamente el presupuesto. Tras los recortes con los que aterrizó Mariano Rajoy en el Ejecutivo, las principales partidas sociales en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no se han recuperado en lo que va de legislatura. Es más, en algunos casos han ido a peor.
Como en los Presupuestos de 2014, el gasto social vuelve a ser la partida más cuantiosa de las cuentas de 2015, en trámite ahora en el Senado: 187.407 euros, un 0,7% más que en el ejercicio anterior. El Gobierno insiste mucho en esta idea. Pero el grueso no va Educación, ni a Sanidad, ni a Dependencia.
Dentro del gasto social, la partida que más consume es la de pensiones (131.658 millones de euros, el 15% menos que el año anterior), seguida de la de desempleo (25.300 millones). Ambas consumen casi el 88% de los fondos públicos destinados a gasto social.
Ligero incremento de las partidas para Educación y Sanidad
Sin ir todavía al detalle, las partidas para Educación y Sanidad –las competencias están transferidas, por lo que el porcentaje que destina el Gobierno es mínimo– se han visto incrementadas de forma muy ligera respecto a 2014. Así, en Sanidad, el crecimiento es del 1,2% y en Educación del 4,5%. Sumadas ambas no llegan a los 6.000 millones.
El mismo día que se conoció el detalle de los presupuestos, desde el Ministerio de Sanidad se informó de que "el sistema de Atención a la Dependencia queda garantizado". Y detallaba: "siete de cada 10 euros del presupuesto se destinan a ese fin". ¿Significa esto que el Gobierno invierte más en Dependencia que el año pasado? Para contestar esta pregunta basta con consultar el Libro amarillo del proyecto de los Presupuestos para 2015, que reza como sigue: "El importe destinado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se mantiene en el presupuesto 2015, alcanzando la cifra de 1.177,04 millones de euros, un 0,04% más que en 2014". Es decir, que estas ayudas se congelan.
En un momento en el que, según el Ejecutivo, "en consonancia con los síntomas de mejora económica, el Gobierno se ha propuesto el impulso de las políticas sociales" a través de lo que llaman "agenda social", el presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad crece sólo el 2%, hasta los 1.558,96 millones. No obstante, el citado departamento dependiente de Sanidad se lleva el 40% de la totalidad del presupuesto del ministerio.
Un porcentaje casi similar, el 1,4% es lo que baja la asignación al Plan Nacional sobre Drogas, que se queda en los 14,6 millones. Pero una de las principales caídas se la lleva el apartado de prestaciones sanitarias y farmacia, que se queda en los 53 millones, un 15,5% menos que el ejercicio en curso.
Menos ayudas para los alumnos con más dificultades
Descendiendo ahora de la cifra global, en Educación, el presupuesto del Gobierno central se ha reducido en más de 500 millones de euros en últimos cuatro años, pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.273 millones en 2015. La ligera subida de este año no va dirigida a los alumnos con dificultades. infoLibre ya informó en su día de que los programas de educación compensatoria se han reducido más de un 90% desde el año pasado, desde los 53,66 a los 5,25 millones de euros.
Formación del profesorado
También registra un recorte el presupuesto para formación al profesorado. Tras aumentar el año pasado un 14,1% se reduce ahora un 13,9% y se queda en 3,39 millones de euros, muy lejos de lo previsto en años anteriores. Desde 2011 el dinero dedicado a la formación de los docentes ha caído en picado –48,94 millones–, más de un 90%. Otro de los programas que hace que se enciendan las luces rojas es el dedicado a la enseñanza universitaria. Desciende 1,83 millones de euros, un 1,5%, y se queda en 118,72. Respecto a 2011, el recorte es de 280,89 millones de euros, casi un 70%.
El dinero para becas se mantiene en cantidades similares a las previstas para el ejercicio de 2014 (1.469,60 millones de euros). Poco varía también la dotación destinada a las ayudas al aprendizaje de lenguas extranjeras en 10 millones de euros y las becas de carácter especial a universitarios (4,92 millones). La partida que si experimentará una reducción del 10% es la destinada a la compensación a universidades tanto por los precios públicos por servicios académicos a alumnos becarios exentos de pago, como a bonificaciones a estudiantes pertenecientes a familias numerosas que asciende a 314,5 millones de euros.
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Parados de larga duración
Este mismo lunes, el presidente del Gobierno dará un paso que los suyos consideran fundamental a la hora de engrasar el giro social: la firma del acuerdo con los interlocutores sociales sobre el programa extraordinario de activación para el empleo. Esta nueva ayuda a parados de larga duración sin ingresos y responsabilidades familiares, cuyo importe será de 426 euros mensuales, tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros.
Pero no todo es inversión. Dentro del "problema de relato" que sectores del PP ven dentro de su propio partido se incluyen salidas de tono sobre asuntos muy delicados protagonizadas por destacados dirigentes del partido. Las últimas han estado protagonizadas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que vinculó su negativa a abrir los colegios estas navidades para dar de desayunar a los niños con la obesidad. Y por el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz respondió de esta manera a quienes critican las devoluciones en caliente: "Que me den la dirección y les enviamos a esa pobre gente". "No podemos meter la pata así", resume un diputado.
A la vuelta del verano, el presidente del Gobierno encargó a Ana Mato, por entonces ministra de Sanidad, poner en marcha un paquete de medidas de marcado tinte social: los planes de apoyo a la infancia y la familia. Las iniciativas, además de venir a paliar el efecto de la retirada de la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón sobre el electorado más conservador –cuentan fuentes conocedoras del proceso que Rajoy ya tenía claro en agosto que el texto del exministro de Justicia no iba a llegar a buen puerto–, fueron concebidas como un intento de poner punto y aparte. Como una nueva etapa en una legislatura en la que su presidente se había conjurado para hablar sólo de economía. "Economía, economía y economía", decían sus colaboradores cuando se les preguntaba por las preocupaciones de Rajoy.