El Gobierno actúa con “hipocresía” porque ha pasado de criticar las devoluciones en caliente a expulsar a menores inmigrantes no acompañados. Esa es la única crítica que el líder del PP, Pablo Casado, ha dirigido estos días, tras poner fin a su vacaciones, al plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior para entregar a Marruecos a los niños que cruzaron la frontera de Ceuta durante la última crisis con Rabat y que permanecían acogidos en la ciudad autónoma a la espera de resolver su situación.
Ni una palabra sobre la ilegalidad del procedimiento elegido por Interior que sí criticaron dirigentes de su partido cuando comenzaron las expulsiones y fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos. La razón de ese cambio de actitud está en Ceuta: el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas (PP), fue quien pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que aplicase este procedimiento para entregar a Marruecos a los menores. “Nosotros solicitamos la activación y todo se está haciendo de manera consensuada”, declaró Vivas la semana pasada a la Cadena SER. “La iniciativa partió de Ceuta”.
La complicidad entre el Gobierno y el presidente ceutí es evidente. Y este miércoles se hará aún más visible durante la reunión que mantendrán en Madrid Pedro Sánchez y Vivas para analizar la decisión judicial que mantiene paralizada la entrega de los menores a Marruecos.
Del PP ha desaparecido el discurso que inicialmente denunciaba la ilegalidad del procedimiento. “Es alarmante el poco respeto que muestra el ministro Marlaska por la ley y su cumplimiento a pesar de ser juez de carrera", declaró la semana pasada la portavoz del partido en Estrasburgo, Dolors Montserrat. El Ministerio del Interior debería ajustarse a la legalidad y el presidente mostrar más interés por la relaciones con el vecino país, reprochó.
También Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del partido y diputado por Lugo, ha quedado en evidencia después de cargar contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por estar, según él, “enfrentado” continuamente con los jueces y fiscales que “entienden que está actuando de manera ilegal” en relación con las repatriaciones.
Sus declaraciones no dejaban lugar a dudas sobre la opinión que merecía la situación a la dirección de Casado: Marlaska “está actuando de forma ilegal” y “enfrentado” con la Justicia.
La única propuesta que ha hecho Pablo Casado sobre la situación de los menores migrantes no acompañados acogidos en Ceuta se remonta al mes de julio y es anterior al inicio de las expulsiones que ha paralizado la justicia.
Durante una visita a Melilla, Casado propuso rebajar el límite de la mayoría de edad para los extranjeros, de manera que pudiesen ser expulsados sin haber cumplido 18 años. Los menores no acompañados “a veces son utilizados por sus familias para luego tender a un reagrupamiento familiar”, denunció entonces. Para evitarlo, precisó, “hay que evaluar cuál es la edad de minoría de edad para ser considerado menor extranjero no acompañado“. Y puso ejemplos: “No es lo mismo una persona con 17 años, que tiene probablemente una autonomía personal y económica en su casa en Marruecos desde hace cuatro”, explicó, “que un menor de doce de trece años que además lo pasan fatal y tienen no sólo un desarraigo familiar sino una vulnerabilidad socioeconómica que el Estado español tiene que afrontar”.
El silencio de Casado refuerza la cobertura política del Gobierno a la hora de justificar las expulsiones, criticadas por organizaciones de derechos humanos y expertos juristas. Y se une al aplauso de Vox, que lleva desde hace días respaldando la decisión de entregar a Marruecos a los menores inmigrantes, una política que quiere extender a toda España.
El plan de Casado
Más allá de la situación de los niños que cruzaron la frontera durante la crisis con Marruecos, el plan del PP para Ceuta y Melilla pasa por el refuerzo de la presencia de policías, guardias civiles, militares y agentes europeos en la frontera marroquí, donde propone rehacer las infraestructuras y desplegar nuevos medios tecnológicos de vigilancia.
El PP apoya también la posibilidad de poner fin a la excepción Schengen que desde 1991 mantiene a las dos ciudades autónomas fuera del área de libre circulación más característico de la Unión Europea con el fin de facilitar el movimiento de personas con las provincias limítrofes de Marruecos. Si se llevase a cabo —lo que exige un procedimiento largo y complejo— el control fronterizo de la UE que en la actualidad está en los puertos de Ceuta y Melilla pasaría a estar en el límite marroquí.
Hacerlo permitiría que el combate contra “la inmigración irregular y la inseguridad ciudadana se convirtiese en una política europea”, asegura Casado, que también quiere que Ceuta y Melilla pasen a estar bajo la protección del “paraguas” defensivo de la OTAN, del que están excluidos por el tratado militar.
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El líder del PP también quiere que las dos ciudades pasen a formar parte de la lista de regiones ultraperiféricas de la UE, una calificación muy ventajosa en términos fiscales y de recepción de fondos europeos creada para compensar a territorios muy alejados del continente: Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias. El más cercano a Europa —la comunidad canaria— está a 1.700 kilómetros del continente, diez veces más que Melilla y 56 más que Ceuta.
Incluir a las dos ciudades en este listado es aún más complicado que reformar Schengen porque implica modificar el Tratado de la Unión. La lista de regiones ultraperiféricas consta en su artículo 349.
En última instancia, Casado está pensando en implantar en Ceuta, Melilla y el Campo de Gibraltar un régimen económico y fiscal especial con el fin de utilizar “el enclave estratégico del Estrecho” para atraer “la deslocalización de empresas online, de juego online,online y la deslocalización de personas que ahora pueden teletrabajar”, explicó hace casi dos meses durante una visita a a Ceuta.
El Gobierno actúa con “hipocresía” porque ha pasado de criticar las devoluciones en caliente a expulsar a menores inmigrantes no acompañados. Esa es la única crítica que el líder del PP, Pablo Casado, ha dirigido estos días, tras poner fin a su vacaciones, al plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior para entregar a Marruecos a los niños que cruzaron la frontera de Ceuta durante la última crisis con Rabat y que permanecían acogidos en la ciudad autónoma a la espera de resolver su situación.