Ni una sola. En España, ninguna comunidad autónoma dedica el 25% de su presupuesto destinado a Sanidad a la atención primaria, a pesar de que este porcentaje es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo ha denunciado este miércoles Aministía Internacional, que critica que las autonomías "no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud". "Independientemente de la disponibilidad de recursos, las autoridades sanitarias tienen la obligación inmediata de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora y sostenida del disfrute del derecho a la salud a lo largo del tiempo", han recordado a través de un comunicado. La organización, para exigir que la situación cambie y las comunidades presupuesten lo que deben, arranca este miércoles su campaña "¿Quién más tiene que pedirlo?", que cuenta con el respaldo de 300.000 firmantes en una petición online.
La importancia de la atención primaria no es algo que solo destaque Amnistía Internacional. Como recuerda la ONG, el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para 2022 y 2023 en el que reconocía que este servicio "es un pilar fundamental para lograr el derecho a la protección de la salud de la población y es clave para el estado del bienestar, así como para garantizar una atención integral y equitativa". Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental ha reiterado en distintas ocasiones que fortalecer la atención primaria mejora la capacidad, eficiencia y capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Lo demostró la pandemia.
Pero hasta ahora han sido todo palabras. Y eso ha provocado, denuncia Amnistía, "un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria", algo que ha provocado "mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas". En todo el país, además.
De las comunidades sobre las que la organización ha conseguido información —Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y País Vasco no han aportado ninguna—, solo cuatro han incrementado su inversión en más de un 10% en 2021. Son La Rioja (que ha aumentado su presupuesto sanitaria a atención primaria un 22,52% y ya dedica un 17,2%), Cataluña (que dedica el 17,18% tras aumentar un 16,83% lo destinado a este servicio), Murcia (que dedica el 14,49% tras aumentarlo un 13,04%) e Illes Balears (12,4% tras aumentarlo un 11,85%).
Otras cinco, por su parte, lo incrementaron menos de un 10%: Madrid (que dedica en 10,75% de su presupuesto sanitario a la atención primaria después de haber incrementado esta dotación en un 8,83%), Cantabria (que dedica el 16,84% tras amentar un 7,33%), Extremadura (16,87% tras aumentar un 6,84%), Canarias (16,7%) y Navarra (11,76% tras auemntar un 4,45%). Galicia, por su parte, es la única que ha desinvertido, presupuestando en 2021 un 1,9% menos que en 2020 e invierte el 13,93% de su presupuesto sanitario a la primaria.
Tampoco aumenta la inversión en personal
Como continúa denunciando Amnistía, la situación tampoco ha mejorado para el personal de los centros de salud. "Dos años después de los aplausos y los homenajes que la población dedicaba al personal sanitario desde los balcones de todo el país durante la pandemia, el personal está agotado y desbordado", denuncia la organización. Y no lo hace sola. Como recuerda, el Defensor del Pueblo ya destacó en su último informe anual que "se ha producido en varios momentos durante el año el desbordamiento de los servicios sanitarios, en la atención primaria, o en los servicios de urgencias y emergencias, con las consiguientes dificultades para continuar prestando una atención ordinaria a los pacientes".
Según la ONG, el presupuesto destinado al personal de atención primaria, aunque se ha visto incrementado, sigue siendo una "cifra marginal" y tampoco asegura la mejora de la calidad del empleo y la contratación, "cuestión esencial ya que el sector sanitario concentra un alto grado de temporalidad".
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En cuanto a cifras concretas, solo cuatro han aumentado en más de un 10% su inversión en este área: La Rioja (que aumenta un 19,97%), Cataluña (19,93%), Murcia (11,47%) y Madrid (10,08%). Otras dos lo han hecho entre el 5% y el 10%: Baleares (9,99%) y Cantabria (5,91%). Y otras cuatro, menos del 5%: Canarias (4,4%), Extremadura (4,31%), Navarra (4,6%) y Galicia (1,02%).
La demanda: duplicar la inversión
En este contexto, Amnistía demanda que, a corto plazo, las autonomías deben "cumplir con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud e incrementar la inversión sanitaria, de manera especial en atención primaria", además de apostar por la transparencia y publicar sus planes de atención primaria con acciones y presupuesto "para asegurar el cumplimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023".
A largo plazo, la ONG insta a "duplicar la inversión destinada a inversión primara durante los próximos años". "Esta inversión sostenida debe lograr", continúa Amnistía, "que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas [...] y que el nivel de temporalidad del personal sanitario se reduzca al 8% con el fin de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria". Por último, la organización también demanda al Ministerio de Sanidad que recomiende el incremento de la inversión y que publique información sobre el estado del trabajo del grupo de expertos creado para definir la evolución de la gestión de la pandemia.
Ni una sola. En España, ninguna comunidad autónoma dedica el 25% de su presupuesto destinado a Sanidad a la atención primaria, a pesar de que este porcentaje es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo ha denunciado este miércoles Aministía Internacional, que critica que las autonomías "no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud". "Independientemente de la disponibilidad de recursos, las autoridades sanitarias tienen la obligación inmediata de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora y sostenida del disfrute del derecho a la salud a lo largo del tiempo", han recordado a través de un comunicado. La organización, para exigir que la situación cambie y las comunidades presupuesten lo que deben, arranca este miércoles su campaña "¿Quién más tiene que pedirlo?", que cuenta con el respaldo de 300.000 firmantes en una petición online.