Cándido Conde-Pumpido Tourón (A Coruña, 1949) acaba de poner el broche a medio siglo de carrera con su elección como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. De nada sirvieron los intentos y cálculos del sector conservador para aupar a lo más alto del órgano de garantías a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. Al final, la mayoría de un Pleno partido por la mitad ha decidido depositar su confianza en un magistrado a quien la derecha política, mediática y judicial no quiere ver ni en pintura. Siempre ha sido su bestia negra. Un jurista de amplia trayectoria que durante los próximos tres años llevará las riendas de un Constitucional del que quiere recuperar el prestigio perdido. Abrir puertas y ventanas e imprimir rapidez al órgano de garantías son dos de sus principales objetivos.
Lo jurídico siempre ha rodeado la vida del coruñés. Su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, fue fiscal de Pontevedra y teniente fiscal del Tribunal Supremo, mientras que su abuelo presidió varias Audiencias Territoriales. Él se licenció en Derecho y Ciencias Económicas en Santiago de Compostela. Y un par de años antes de la muerte del dictador aprobó la oposición para la judicatura. Su primer destino fue como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora). Era verano de 1974. Por aquel entonces, los jueces y fiscales demócratas peleaban de forma clandestina organizados entorno a Justicia Democrática, de la que el joven Conde-Pumpido fue miembro. Luego llegaría Jueces para la Democracia, siendo cofundador y primer portavoz.
Bajo la etiqueta de progresista, el magistrado cuenta con una dilatada experiencia de gestión en puestos de responsabilidad, de ahí que desde su entorno se le considerase el candidato más óptimo para llevar las riendas del TC. A lo largo de su carrera, ha presidido durante una década la Audiencia Provincial de Segovia. Y ha sido fiscal general del Estado en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí que siempre se le haya considerado el aspirante oficial del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto explica las maniobras del sector conservador del CGPJ para evitar a toda costa que José Manuel Bandrés fuera la renovación progresista del Constitucional. Con él, daban por hecho que Conde-Pumpido sería presidente de la corte de garantías. Sin él, había una pequeña posibilidad de poder abortar el ascenso.
Los vetos y el respaldo conservador a la candidata alternativa no han sido, sin embargo, suficientes para evitar la llegada a lo más alto del magistrado coruñés, que ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno. Un jurista al que la derecha política, judicial y mediática siempre ha tenido enfilado. "Ese ser inefable dejará su nombre en la leyenda negra de la historia judicial española", decía de él en 2011 el entonces coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo. En la formación conservadora, de hecho, siempre se le acusó de maniobrar y filtrar información relativa al caso Gürtel. De hecho, en el marco del caso Majadahonda, llegaron a interponer una denuncia contra él por prevaricación y revelación de secretos, una ofensiva judicial que no llegó a ningún lado.
Un juez curtido en plena barbarie terrorista
En la formación conservadora, incluso, se le llegó a acusar durante su etapa como fiscal general del Estado de ponerse del "lado de los malos" en relación a ETA. Una banda terrorista con la que Conde-Pumpido tuvo que lidiar cuando apenas llevaba un lustro en la judicatura. Su primer puesto como magistrado fue en la Audiencia Provincial de San Sebastián. Eran comienzos de los ochenta. Los años duros del terrorismo. Y también de la guerra sucia. En aquella etapa, condenó a algunos personajes vinculados a este tipo de maniobras. Y se convirtió en uno de los primeros jueces en emitir un fallo condenatorio contra un agente de la Guardia Civil por torturas, al considerar probado que golpeó a un detenido repetidamente en los genitales durante un interrogatorio.
Una guerra sucia de la que también se encargó durante su etapa en el Supremo, al que accedió como magistrado de la Sala Segunda a mediados de los noventa, convirtiéndose en el más joven en alcanzar el Alto Tribunal. Aunque siempre rechazó la imputación de Felipe González por el caso GAL, él fue uno de los que votó a favor de condenar al exministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey. Y, además, fue ponente de la sentencia del caso Roldán, que elevó de 28 a 31 años de cárcel la condena contra el ex director general de la Guardia Civil por malversación, estafa, cohecho, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. De aquellos últimos compases de siglo XIX quedan también en la hemeroteca sus duras críticas contra la Ley Corcuera.
El fiscal general que más ha durado
Durante sus siete años al frente del Ministerio Público, que lo convirtieron en el fiscal general que más tiempo se ha mantenido en el cargo en democracia, destaca la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, que rebajó a cuatro años los mandatos y estableció un listado tasado de motivos por los que se podía cesar al jefe de los fiscales. Y la creación e impulso de algunos departamentos, como los dedicados a la lucha contra el terrorismo, la criminalidad informática o la corrupción. En el aire quedó la ansiada reforma legal para que sean los fiscales quienes se encarguen de las investigaciones. "La fiscalía está en condiciones de asumir las funciones y, sobre todo, las responsabilidades inherentes al papel que corresponde al ministerio público en las legislaciones más desarrolladas de nuestro entorno", defendía entonces.
Pero su etapa dirigiendo el Ministerio Público también estuvo marcada por la polémica. Allá por 2010, WikiLeaks reveló las maniobras de EEUU para frenar algunas causas judiciales que les afectaban seriamente, como el caso Couso. Y en aquellos cables figuraba el nombre de Cándido Conde-Pumpido. Los documentos revelados recogían, por ejemplo, una reunión en enero de 2007 del embajador Eduardo Aguirre con el entonces fiscal general del Estado "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". En el encuentro, según el informe, el magistrado coruñés aseguró que sus fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención dictadas por el juez Santiago Pedraz.
También fue muy criticada su decisión de archivar en el verano de 2009 las diligencias informativas abiertas por Anticorrupción sobre el incremento patrimonial del expresidente balear Jaume Matas. Acordó no prorrogar, explicaría después, porque de las pesquisas "no se desprendían datos que permitiesen continuar una línea de investigación de delitos económicos". Entonces, el juez José Castro decidió incorporar todo lo relativo a la compra y reforma del famoso palacete al caso Palma Arena. Pero en mayo de 2017 se dio carpetazo al asunto a petición de Anticorrupción, que aunque consideraba que se había corroborado durante la instrucción "un incremento no justificado de patrimonio" y un "uso reiterado de dinero opaco", no había "indicio alguno" de comisiones.
Tres años para recuperar el prestigio del TC
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Ahora, once años después de su salida de la Fiscalía General del Estado, Conde-Pumpido afronta su último gran reto: manejar el timón del Tribunal Constitucional. Una corte de garantías en la que aterrizó en 2017, poco antes del referéndum del 1-O. De hecho, fue a él a quien se encargó la coordinación meses después de la consulta de todos los asuntos vinculados al procés que fueran entrando en Domenico Scarlatti, sede del máximo intérprete de la Constitución. Recursos de los que, sin embargo, terminó apartándose tras ser recusado por el expresident Carles Puigdemont por unas declaraciones realizadas durante una conferencia en las que afirmaba que le preocupaba la invocación de "la democracia" para "derrocar la Constitución".
Su última etapa como magistrado raso ha estado marcada por las discrepancias con el sector conservador en relación con algunas cuestiones de gran relevancia. Una de ellas fue por la inconstitucionalidad del primer estado de alarma decretado por el Ejecutivo. En un borrador de voto particular, llegó a considerar que la sentencia era "más propia de un lego que del máximo intérprete de la Constitución" y se refirió a sus compañeros de la mayoría conservadora como "juristas de salón", palabras por las que acabaría pidiendo disculpas. El último enfrentamiento fue hace menos de un mes, cuando el Constitucional decidió por primera vez en su historia frenar en seco una iniciativa legislativa en tramitación en las Cortes Generales. "Constituye una interferencia sin precedentes en la función legislativa", afirmó en su voto particular a la resolución.
Ahora, como presidente de la institución, Conde-Pumpido aspira a devolver al Constitucional el prestigio perdido. Entre sus objetivos, que la corte de garantías sea más rápida en la resolución de los recursos de amparo. Y medidas novedosas como la celebración de vistas públicas. Sobre la mesa, una montaña de asuntos de gran relevancia política y social, desde el recurso del PP contra la ley del aborto –lleva doce años en un cajón– hasta la ley de eutanasia o la reforma educativa. Por delante, tres años de mandato. Y una mayoría progresista que no se veía desde hace casi una década.
Cándido Conde-Pumpido Tourón (A Coruña, 1949) acaba de poner el broche a medio siglo de carrera con su elección como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. De nada sirvieron los intentos y cálculos del sector conservador para aupar a lo más alto del órgano de garantías a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. Al final, la mayoría de un Pleno partido por la mitad ha decidido depositar su confianza en un magistrado a quien la derecha política, mediática y judicial no quiere ver ni en pintura. Siempre ha sido su bestia negra. Un jurista de amplia trayectoria que durante los próximos tres años llevará las riendas de un Constitucional del que quiere recuperar el prestigio perdido. Abrir puertas y ventanas e imprimir rapidez al órgano de garantías son dos de sus principales objetivos.