Los confinamientos de Feijóo, Mañueco y Moreno que dejan a Ayuso en evidencia: criterios más estrictos y sin ir a los tribunales

Siete meses después del encierro nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a desempolvar el artículo 116 de la Constitución para decretar el estado de alarma en Madrid y cubrir así el vacío jurídico que pocas horas antes había dejado la justicia madrileña. La activación se produjo al mediodía. Y llegó tras la decisión de Madrid de no escoger ninguna de las tres opciones que se le habían puesto sobre la mesa desde Moncloa. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso continuó hasta el final insistiendo en su plan centrado en zonas básicas de salud. Eso sí, bajando los umbrales de la idea inicial de un millar de casos a 750 por cada 100.000 habitantes. En vez de ceder ante Sanidad, como le dejaban caer desde su socio de gobierno, la presidenta madrileña prefirió mantener la confrontación hasta el final. Una línea dura que, sin embargo, han evitado el resto de comunidades autónomas dirigidas por el PP. La mayoría votaron en su momento en contra de la orden del Gobierno central, sí. Pero una vez publicada, acataron sin montar ruido. Y, algunas de ellas, impusieron confinamientos con criterios mucho más estrictos que los planteados por Ayuso.

De las cuatro regiones que controlan los conservadores más allá de Madrid, la que ha actuado con mayor contundencia a la hora de establecer confinamientos perimetrales para evitar la propagación del virus es Galicia. Y lo ha hecho, además, en momentos políticos extremadamente delicados. Sólo hay que retrotraerse a comienzos del verano. El 5 de julio, cuando apenan quedaba una semana para la celebración de las elecciones autonómicas y con las encuestas echando humo, la Xunta decidió decretar el cierre de la comarca lucense de A Mariña. En total, catorce concellos afectados. No hubo una imposición. Simplemente, la evolución de la situación epidemiológica en la región era preocupante. Y eso que en aquel momento la tasa de incidencia acumulada a dos semanas en el área se situaba en los 151 casos por cada 100.000 habitantes, seis veces menos que el primer umbral con el que empezó a trabajar Ayuso confinando zonas básicas de salud y cinco menos que el baremo que este viernes quería poner sobre la mesa del Ministerio de Sanidad para intentar evitar el estado de alarma.

Tras el confinamiento de A Mariña, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo no volvió a decretar cierre alguno hasta el pasado martes, cuando hizo lo propio en Ourense y Barbadás. La primera localidad estaba entonces afectada por el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Sanidad al superar los 100.000 habitantes. Sin embargo, y a pesar de ser una de las comunidades que votó en contra del texto, decidió imponer el confinamiento incluso antes de alcanzar el umbral de medio millar de casos que se había fijado. Lo hizo cuando se registraba en la ciudad a 14 días una tasa de incidencia de 417,2. Del mismo modo, la Xunta tampoco estaba obligada a imponer un cierre perimetral en la segunda localidad. Al fin y al cabo, el acuerdo simplemente recomendaba que las comunidades aprobaran planes para contener el virus en aquellas localidades de menor tamaño. Pero las autoridades consideraron que la situación epidemiológica era lo suficientemente grave en este municipio de 11.000 habitantes como para limitar la movilidad. Restricciones que han sido avaladas este viernes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Como Galicia, también se posicionaron en contra del acuerdo Andalucía y Murcia. La comunidad que preside Juan Manuel Moreno Bonilla emitió su voto negativo alegando que los criterios puestos sobre la mesa eran “totalmente arbitrarios”. Pero a diferencia de Madrid, la Junta evitó la confrontación y no recurrió ante los tribunales. Desde entonces, se han producido en suelo andaluz dos cierres perimetrales, que se sumaron al que ya se había impuesto en el pequeño municipio de Casariche (Sevilla) unas horas antes. En ambos casos, las localidades afectadas no llegaban a los 100.000 habitantes, por lo que la Junta no estaba obligada al cierre. En Almodóvar del Río (Córdoba), un pequeño municipio de 7.800 habitantes, la decisión se tomó tras apreciar una tasa de incidencia acumulada superior al millar. Mucho más restrictivas fueron las autoridades andaluzas en Linares (Jaén). Con una población superior a los 55.000 habitantes, el confinamiento fue decretado después de alcanzar una tasa a dos semanas de 691,5 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

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El voto negativo del Gobierno murciano al texto que salió adelante en el Consejo Interterritorial también se sustentó sobre la ausencia de criterios objetivos. Pero como su homólogo andaluz, el Ejecutivo de Fernando López Miras también rechazó dar la batalla judicial. De nuevo, oposición política pero sin llegar a la confrontación directa. En el caso de Murcia, los confinamientos que todavía afectan a varios municipios son previos al acuerdo del 30 de septiembre. Y los umbrales para que se diera el paso fueron muy diversos. En el caso del casco urbano de Lorca, por ejemplo, se decretó a mediados de septiembre cuando la tasa de incidencia acumulada era 474,6 casos por cada 100.000 habitantes en una semana, 949,2 si se hace una extrapolación directa a 14 días, por encima de los límites que hoy proponía Ayuso pero ligeramente por debajo de aquellos con los que trabajaba el Ejecutivo madrileño cuando empezó con los encierros por zonas básicas de salud. En el caso de Jumilla, sin embargo, el confinamiento se decretó cuando la incidencia estaba en los 710 positivos por cada 100.000 habitantes.

De todas las regiones conservadoras, Castilla y León fue la única que dio su visto bueno al texto elaborado por el Ministerio de Sanidad. Y, después de Madrid, ha sido la primera comunidad autónoma en imponer restricciones a la movilidad en dos de sus grandes urbes, medidas que también han contado con el aval del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de León, el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco no tenía mucho margen, en tanto que la ciudad de 124.000 habitantes registraba una incidencia de 510,45 casos a 14 días. Sin embargo, la Junta no estaba obligada a restringir movimientos en Palencia, un municipio con una población de 78.000 residentes. Pero decidió hacerlo a la vista de la situación epidemiológica existente en la ciudad, donde se registraba entonces una tasa de 536,71 positivos. En otros municipios importantes como Aranda de Duero, la Junta también decidió el pasado agosto decretar un cierre perimetral con unos niveles de 675 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas.

A pesar de que la inmensa mayoría de comunidades autónomas conservadoras han evitado un pulso con el Gobierno central en plena segunda ola de la pandemia, desmarcándose así de Madrid, la dirección nacional del PP no ha dudado en arropar en todo momento a Isabel Díaz Ayuso, convirtiendo así la región que preside, y la joya de la corona de los conservadores, en un ariete político contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este viernes, la declaración del estado de alarma llevó tanto al presidente de los conservadores como a su número dos, Pablo Casado y Teodoro García Egea, respectivamente, a cancelar sus agendas fuera de la comunidad autónoma. Y obligó a algún barón territorial a cerrar filas alrededor de Ayuso. Feijóo no dudó en acusar a Sánchez de incumplir con la promesa de que serían los Ejecutivos regionales los competentes para “solicitar” la activación del estado de alarma. “Ahora, lo va a imponer en contra del criterio de un presidente autonómico”, dijo a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Vigo.