La primera ponencia de debate de las 757 enmiendas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha celebrado este jueves en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos han logrado recabar el apoyo de ERC, Bildu y Teruel Existe a su propuesta de reducir "al menos" un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2030, con respecto a 1990. La norma elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica marcaba un 20%. Es una mayoría simple, lejos aún del consenso que necesita un texto que marcará el futuro del país en las próximas décadas. La derecha no ha apoyado el aumento de tres puntos porcentuales y Más País-Equo seguirá luchando en la comisión de medio ambiente de la Cámara Baja por un incremento mucho más notable, más cercano al 55% que plantean en sus correcciones al texto. Por lo tanto, aún no hay un número definitivo, pero se trata de un importante paso adelante de cara a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El artículo 3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética dicta qué porcentaje de reducción de emisiones debe alcanzar España con respecto a 2030 y 2050. Marca el resto del texto. Lógicamente, cuanto más alta sea la meta más ambiciosas deben ser las medidas que se desarrollan: por lo que suele ser un buen indicador del compromiso por la acción climática de un país, a grandes rasgos. La ponencia celebrada este jueves supone el primer acto de acercamiento de posturas entre las formaciones en una ley que salió del Consejo de Ministros en mayo de 2020 tras años de retrasos. El PP elaboró al final de su mandato una propuesta que nunca llegó a llevar al Parlamento. Cuando la ministra Teresa Ribera ocupó su cargo, se puso manos a la obra, pero la convocatoria de elecciones y la repetición de los comicios retrasó su elaboración. Y en 2021 parece que se atisba el final, tras años de insistencia de las organizaciones ecologistas.
El texto original enviado a las cortes por el Ministerio para la Transición Ecológica habla de reducir "al menos" un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a 1990. A los ecologistas y a varios partidos de la oposición de la izquierda del arco ideológico les pareció ampliamente insuficiente. Tras un acuerdo, PSOE y Unidas Podemos enmendaron el texto para subirlo a un 23%, un número que ha logrado el apoyo de una mayoría simple de la comisión. Argumentan que la cifra está en consonancia con lo exigido por la Unión Europea y señalan que, en realidad, la reducción real es más amplia de lo que parece, puesto que el país aumentó sus emisiones de GEI durante las últimas décadas, por lo que hay que esforzarse más para colocarnos por debajo de lo emitido a finales del siglo XX. Ecologistas en Acción reclama un 65%: y Más País-Equo un 55%. "Creemos que, como ha cambiado el marco, hay margen para subir la ambición. El 23% no responde a la emergencia climática ni a la situación de excepcionalidad", asegura la diputada de la formación autodenominada verde Inés Sabanés.
La disputa, pública en redes e intensa en bambalinas, entre Más País-Equo y la facción ecologista de Unidas Podemos, con el diputado Juan López de Uralde a la cabeza –exlíder de Equo– ha marcado los días previos a la ponencia. En la ley climática que presentó en 2019 la formación morada, el objetivo a 2030 era del 35%. En la negociación con el PSOE en las enmiendas se quedó en el 23%. Uralde cree que la cifra, aún siendo más de 10 puntos inferior con respecto a lo que planteaban inicialmente, es lo suficientemente ambiciosa y no es tan importante. Lo vital, opina el político, es sacar adelante la norma al completo para empezar a transformar el país. "Es una polémica parcial que no nos gustaría que centrara el debate sobre la ley. Hay otras muchas cuestiones que parece como si no existieran", asegura.
"¿Ahora les parece que es un buen objetivo el 23%?", se pregunta Sabanés, que afirma que "hay que poner la verdad objetiva sobre la mesa" y "alinearse con la ciencia" en lo que suponen los objetivos a medio plazo. "Lo de que es imposible aumentarlo más no es objetivamente cierto. El Ministerio sabe que es posible", cuestiona. La cifra es perfectamente compatible con la meta de la Unión Europea, recientemente actualizada: 55% de reducción de emisiones para 2030. Sin embargo, analistas y activistas creen que, para llegar a la "neutralidad climática" en 2050 –horizonte que comparte la ley española– es necesario un esfuerzo más intenso a corto plazo que garantice que el continente se pone en la senda adecuada. Un esfuerzo tibio a corto plazo podría comprometer el cumplimiento del Acuerdo de París.
La derecha, por su parte, se divide entre el visto bueno a la norma elaborada por el departamento de Ribera y la intención de reducir la ambición. La enmienda del PP al artículo 3 mantiene el 20% original. Y Ciudadanos, por su parte, propuso reducir un 33% las emisiones, pero con respecto a 2005. Como 2005 fue el año en el que más gases de efecto invernadero se emitieron a la atmósfera desde España, la reducción real es mucho menor que la planteada con 1990 como año de referencia. El diputado de la formación de Pablo Casado Diego Gago asegura que la ley elaborada por Transición Ecológica es "muy pobre" y que, aunque aspiran a alcanzar un consenso que blinde la norma ante futuros cambios de color en el Ejecutivo, no cederán ante lo que consideran líneas rojas.
Todo lo que queda
La ponencia celebrada este jueves se dedicó a analizar las enmiendas a los artículos del 1 al 7. Pero aún queda mucha tela por cortar. En concreto, 29 artículos, más las disposiciones adicionales y finales. Y hay determinados puntos en los que, por ahora, no hay nada parecido a un consenso. Y que traerán polémica. Se ha quedado fuera de esta primera ponencia, por los pelos, el artículo 8, que establece que "no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos". El PSOE y Unidas Podemos han acordado incluir en esta parte la prohibición expresa de extracción de uranio u otros materiales radiactivos, con la vista puesta en el proyecto de Berkeley en Salamanca. Otros partidos abogan por la retirada de la restricción.
No es el caso del PP, que aborda la Ley de Cambio Climático con un ánimo más constructivo que destructivo, interpretan fuentes de Unidas Podemos. No propone enmendar este artículo. Ciudadanos defiende que se adopten "las directivas europeas aplicables", al igual que el PNV. "Es evidente que cada grupo político ha elegido en qué sector quiere apoyarse", juzga Uralde. "Hay grupos que está más en lo que están proponiendo las ONGs y otros en la línea de industria. Fue Cs quien invitó al Congreso al presidente de Repsol", recuerda. Fuentes del partido de Inés Arrimadas defienden, con respecto al petróleo, que "tenemos que dejar de lado los prejuicios ideológicos".
Con respecto al PNV, durante años se han producido casos de puertas giratorias entre la formación jeltzale y la mayor petrolera del país. Los ecologistas vascos alertan de que el Gobierno vasco pretende que la mayor parte del trozo de tarta que les corresponde de los fondos europeos vaya destinado a Repsol y a su filial, Petronor. La empresa se encuentra en la difícil disyuntiva de descarbonizar su negocio cuando sus ingresos provienen, en mayor parte, de los combustibles fósiles: por eso apoya con tanto ahínco la oportunidad que les supone el hidrógeno verde.
Petronor prevé la construcción de una planta de hidrógeno en el puerto de Bilbao, con el objetivo de producir combustibles sintéticos. Pero es una tecnología aún cara y poco eficiente, por lo que necesitan apoyo público. Así lo defiende el PNV en una enmienda al artículo 10, que habla de la promoción de este gas. El Gobierno, propone la formación vasca, "promoverá, fomentará e impulsará las tecnologías del hidrógeno como instrumento de descarbonización y reducción de los efectos del cambio climático. En particular, el Gobierno, junto con los operadores energéticos y otros agentes relevantes, impulsará la producción del hidrógeno con emisión neutra de CO2, promoverá la implantación de un sistema de infraestructuras de almacenamiento, transporte y distribución, y estimulará su uso en los sectores consumidores en sustitución de combustibles fósiles".
La alineación del partido jeltzale con los objetivos de la industria se hizo patente en la negociación presupuestaria con el Gobierno, por la cual se tumbó la pretendida equiparación de los impuestos del diésel con la gasolina. En sus enmiendas, defienden la tecnología de captura de almacenamiento de CO2: en línea con los intereses de Repsol, que considera difícil descarbonizar al 100% su cartera y busca mecanismos para compensar lo emitido. Los objetivos de la empresa incluyen la consecución de cero emisiones "netas" en 2050, una meta que pretende incluir el PNV en varios puntos del articulado.
El término "netas", en apariencia inofensivo, supone un gran cambio en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Cero emisiones "netas" no implica cero emisiones. Implica compensar lo poco que se emita con acciones de absorción del carbono, como la plantación de bosques o el uso de tecnologías de almacenamiento, aún muy inmaduras. En todo caso, no hay una definición consensuada, lo que no impide a los partidos a la derecha del arco ideológico incluirlo en la ley para reducir la ambición de las medidas planteadas.
Entre la renta climática y el objetivo del 55%: Más País-Equo redobla su ofensiva para hacerle la oposición 'verde' al Gobierno
Las emisiones "netas" también son, de nuevo, protagonistas en el objetivo del Gobierno planteado en el artículo 12, de promoción de movilidad sin emisiones. "La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2", reza el texto. Además, en 2040 los automóviles nuevos deberán ser de 0 gramos de CO2 emitido por kilómetro. Ni gas natural, ni híbridos, ni mucho menos gasolina. Sin embargo, y tras años de quejas de la patronal por las intenciones del Ejecutivo, no se establece como prohibición expresa. Se deja en el ambiguo "se adoptarán las medidas necesarias".
Muchos partidos quieren descafeinar esta meta. PP y Ciudadanos apuestan por las emisiones netas y no "directas", como se redacta en el articulado. Es decir, los fabricantes de automóviles podrían lanzar al mercado vehículos que expulsen CO2 a la atmósfera siempre que lo compensen. Es, explican fuentes del PP, el concepto al que se dirige la Unión Europea, que se plantea la "neutralidad climática" en 2050: emitir poco para que los bosques o la mano del hombre lo puedan compensar. También es, de facto, una manera de reducir la ambición de cualquier medida climática sin que se note demasiado.
En la ley climática se entrecruzan dos factores que explican las casi 800 enmiendas y la larga tramitación: es una norma que aspira a modificar las reglas de juego de nuestra economía y, a la vez, busca implantar un suelo sobre el que construir la acción contra el calentamiento global en forma de otras leyes y decretos. Por lo que todos quieren garantizar que sus intereses se respetan y, a la vez, encuentran huecos para ello. Hay peticiones para incentivar la colaboración público-privada, para que las renovables generen riqueza en la España vaciada y respeten su biodiversidad, para que las autonomías y los ayuntamientos tengan recursos y, a la vez, independencia para llevar a cabo la transición... No será fácil armonizarlo todo. Pero las formaciones están seguras de algo: esta vez sí que sí. 2021 será el año de la Ley de Cambio Climático. Habrá que ver con qué consenso.
La primera ponencia de debate de las 757 enmiendas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha celebrado este jueves en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos han logrado recabar el apoyo de ERC, Bildu y Teruel Existe a su propuesta de reducir "al menos" un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2030, con respecto a 1990. La norma elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica marcaba un 20%. Es una mayoría simple, lejos aún del consenso que necesita un texto que marcará el futuro del país en las próximas décadas. La derecha no ha apoyado el aumento de tres puntos porcentuales y Más País-Equo seguirá luchando en la comisión de medio ambiente de la Cámara Baja por un incremento mucho más notable, más cercano al 55% que plantean en sus correcciones al texto. Por lo tanto, aún no hay un número definitivo, pero se trata de un importante paso adelante de cara a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.