Entre la renta climática y el objetivo del 55%: Más País-Equo redobla su ofensiva para hacerle la oposición 'verde' al Gobierno

La disputa entre Más País-Equo y Unidas Podemos sobre la Ley de Cambio Climático se parece más a una guerra abierta que a la "competencia virtuosa" que defendía Íñigo Errejón como paradigma de la relación ideal entre el PSOE y las formaciones a su izquierda. Off the record, las dos partes muestran mucho enfado sobre cómo está gestionando el contrincante la negociación de una norma vital para el futuro del país. On the record, vuelan los puñales igualmente. Los miembros de Más País, en alianza con el partido verde por antonomasia, Equo, luchan por reivindicarse como oposición ambiental y climática, como opción más ambiciosa al establishment de los partidos que ahora forman parte del Ejecutivo. No solo con su intento de mejorar los objetivos de la norma, el debate que ha abierto la caja de los truenos; también con propuestas como la renta climática. Pretenden que cada español cobre alrededor de 90 euros al año para que reduzca sus emisiones, con cargo al impuesto de hidrocarburos u otras tasas a sectores como la agricultura o el transporte.

El pasado jueves, la primera ponencia de discusión de las enmiendas de la Ley de Cambio Climático acordó, por mayoría simple, elevar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de "al menos" un 20% a un 23% con respecto a los niveles de 1990. Se trataba de un acuerdo previo de PSOE y Unidas Podemos que fue respaldado por ERC, Bildu y Teruel Existe. El Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (Pniec), la hoja de ruta para las próximas décadas que el Ejecutivo tiene que mandar a la Comisión Europea, ya establecía un 23%. En la ley climática que presentó en 2019 la formación morada, el objetivo a 2030 era del 35%, pero la negociación con los socialistas lo rebajó.

El diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, exlíder de Equo, defiende que la cifra es lo suficientemente ambiciosa. "Es una polémica parcial que no nos gustaría que centrara el debate sobre la ley", aseguró a infoLibre el pasado jueves. En Más País-Equo apuestan por el 55% para alinearse con la "ciencia", que pide una reducción de gases de efecto invernadero rápida y radical durante los próximos años. Y no han gustado nada los argumentos del ala verde de UP, separada de Equo tras una crisis por las alianzas electorales que estuvo a punto de llevarse a la formación por delante. López de Uralde argumenta que, si se toman de referencia los niveles de emisiones de la actualidad, mayores que los de hace 30 años, la reducción es del 39%. Tanto los ecologistas como el partido de Errejón lo consideran una trampa para justificar la inacción.

"Eso no lo entiende nadie. Se les han echado encima todas las organizaciones ecologistas", critica Héctor Tejero, coordinador político de Más País. "Creo que Juantxo hizo un cálculo que él sabe perfectamente" que no es el que se suele utilizar para medir la ambición climática. En el contexto de la Unión Europea se suelen fijar como años de referencia o 1990 o 2005 para medir los recortes de dióxido de carbono. Desde Unidas Podemos replican que, sin utilizar la actualidad como base, es difícil comparar esfuerzos con otros países. Hay Estados miembro que, como no aumentaron sus emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo español durante las últimas décadas, pueden permitirse ahora cifras más llamativas con respecto a 1990. 

"Toda medición tiene sus inconvenientes", afirma Tejero, pero insiste: "Será para engañar a su militancia. Pero con eso no van a engañar a ningún ecologista". Tanto Amigos de la Tierra como Ecologistas en Acción se han mostrado firmes esta semana: como mínimo, un 55%. Sin "jugar con los años". Los fondos europeos y las emisiones evitadas por el confinamiento lo hacen posible, aunque sea difícil, argumentan. 

Más País-Equo decidió pasar al ataque la semana pasada, asegurando que, por ahora, el proyecto de ley no tenía aún su visto bueno. "¿Desde cuándo Errejón representa el voto verde? La ley de cambio climático avanza con medidas muy ambiciosas que marcarán un antes y un después a su aprobación. Lamentamos su falta de apoyo", respondió López de Uralde en Twitter. Como se puede comprobar en las respuestas, se desataron los reproches cruzados, que han continuado hasta ahora. Fuentes cercanas al diputado de Unidas Podemos aseguran que, durante el trabajo previo a la ponencia, han encontrado mano tendida a la negociación en todos los partidos –sin contar con Vox, por motivos obvios– salvo en la formación de Íñigo Errejón. Aseguran que les han dado largas. Desde Más País-Equo responden que les avisaron con muy poco tiempo de la ponencia y que no pudieron asistir porque no tuvieron margen para sustituir a la diputada Inés Sabanés, indispuesta. 

La competencia, soterrada en los últimos meses, entre Juan López de Uralde y sus excompañeros de Equo –Florent Marcellesi o la propia Sabanés al frente– ha pasado a la primera plana y recuerda a los momentos más tensos de la turbulenta relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, otrora aliados inseparables. Más allá de la riña, es evidente que la coalición entre el movimiento de Errejón y los verdes busca, desde el primer momento, llevar la iniciativa en cuanto a la transición ecológica y la acción climática. Y no solo están los objetivos en juego: el partido incluyó en las enmiendas una propuesta fiscal novedosa en el país, sorprendente para algunos y –defienden– absolutamente realizable: la renta climática. Un pago directo a cada español para que reduzca sus emisiones. 

¿Qué es la renta climática?

En las enmiendas a la Ley de Cambio Climático, Más País-Equo propone la creación de una Renta Climática Ciudadana. Consiste en un pago directo a cada español derivado de, sugiere el partido, lo recaudado a través del impuesto de hidrocarburos, que se abona, por ejemplo, al repostar un coche diésel o gasolina. Todos recibirían lo mismo: en torno a 90 euros al año, según cálculos del Observatorio de la Sostenibilidad. Pero, como las rentas altas suelen emitir más CO2 con sus actividades diarias (cogen más vehículos altamente emisores), el 70% más pobre de la población saldría ganando y el 30% más pudiente perdería, según un estudio del Basque Centre for Climate Change. Así, se introducen elementos de justicia climática y redistributiva. La medida estaría acompañada de un aumento progresivo del gravamen a los combustibles, en línea contraria a lo pactado entre PNV y Gobierno en los Presupuestos, y de un intento de tasar uno de estos combustibles libre de carga: el queroseno de los aviones.

"Es novedoso, es interesante y es posible", asegura Tejero, que explica que tiene pendiente negociaciones tanto con PSOE y Unidos Podemos como con el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar implementar la renta climática. "El Gobierno está muy interesado en la fiscalidad verde", por lo que podrían escuchar con atención, aventura. Además, el también llamado dividendo de carbono ya está en funcionamiento tanto en Canadá como en Suiza.

El analista del mercado energético Pedro Fresco explica en este artículo sus particularidades: el país norteamericano guarda un 10% de lo recaudado para políticas públicas, frente al 33% de los europeos. Más País-Equo defiende dejar fuera de la tasa al CO2 a "vehículos de autónomos y pymes", y en Canadá van algo más allá: hacen excepciones a zonas rurales, donde el uso del vehículo privado y contaminante es casi obligatorio para mantener un mínimo de movilidad. Hay varias posibilidades, pero los estudios y la experiencia de otros países muestran que es factible. 

El coordinador político de Más País reconoce, eso sí, dificultades para uno de los requisitos de la renta climática, incluido en la enmienda del partido a los Presupuestos y retirado en las aportaciones a la ley: "que una parte se destine a políticas de eficiencia energética y fomento de la energía renovable". Esos estimados 90 euros a cada persona empadronada en España deberían, aseguraba la formación, destinarse a obras de eficiencia energética en los hogares o a la instalación de paneles de autoconsumo para reducir la huella de carbono de cada beneficiario. "A través de un mecanismo finalista, técnicamente, se puede hacer. Algún tipo de bono o de cheque... pero lo complicaría todo un poco más. La otra opción es hacer una campaña masiva de propaganda para que la gente vea en qué lo puede invertir. Que sea obligatoriamente finalista es lo ideal, pero lo complicaría", reconoce el también diputado de la Asamblea de Madrid. 

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En Estados Unidos, la renta climática también está sobre la mesa... pero con amplias diferencias. La medida, en España, estaría destinada a los sectores difusos (agricultura, ganadería o transporte), dado que las grandes instalaciones industriales, como las que generan electricidad, ya pagan por el CO2 gracias al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, siglas en inglés) de la Unión Europea. En el país norteamericano esto no existe. En enero de 2019, un grupo de economistas –varios Nobel– publicaron una carta en el Wall Street Journal pidiendo gravar el dióxido de carbono, también el generado por las empresas, y devolver a los estadounidenses lo recaudado. Pero las sospechas son inevitables al comprobar quién está detrás: un lobby llamado Climate Leadership Councillobby, respaldado por petroleras como BP, Shell o Exxon. 

¿Dónde está la trampa? ¿Cómo es posible que las empresas más emisoras del planeta quieran poner un impuesto a su principal materia prima? Aseguran que la medida garantizaría "la seguridad regulatoria que las empresas necesitan para invertir a largo plazo en alternativas de energía limpia". Organizaciones conservacionistas, como el Centro para la Diversidad Biológica, se oponen, ya que la propuesta, en forma de proyecto de ley presentado al Congreso, "minaría la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular y abordar las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía y fuentes móviles como automóviles, trenes y aviones". Es decir, que defienden una renta climática a cambio de manga ancha sobre sus actividades. 

Es por eso que, dentro de la acción climática de la cámara legislativa de los Estados Unidos, hay dos bandos: los más progresistas dentro del Partido Demócrata, con su Green New Deal como bandera, y los demócratas moderados y los republicanos no negacionistas, que defienden los dividendos de carbono como principal mecanismo para reducir emisiones. En España, la formación que reconoce la inspiración que supone el Acuerdo Verde defendido por Alexandria Ocasio-Cortez y compañía es la misma que ha puesto la renta climática sobre la mesa. El tiempo dirá si sus esfuerzos para "ensanchar el horizonte" de lo posible en materia ambiental en España han dado su fruto en forma de una Ley de Cambio Climático con objetivos más altos y con políticas públicas innovadoras en el marco de la fiscalidad verde.