El Congreso da luz verde a la recuperación de la justicia universal

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para restaurar la justicia universal y derogar las reformas impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2009, y de Mariano Rajoy, en el año 2014. La iniciativa defendida por los catalanes obtuvo el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, excepto del PP y de Foro Asturias. Ciudadanos, por su parte, optó por abstenerse en la votación. En total fueron 176 los votos a favor, 136 en contra, y 30 abstenciones.

El portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardà, defendió su propuesta subrayando la intención de situar a la ley orgánica 1/1985 del poder judicial relativa a la justicia universal en el escenario previo al generado tras la reforma del 2009. "Fue entonces cuando el PSOE le dio el primer hachazo, al restringirla introduciendo la exigencia de un necesario vínculo de conexión con el reino de España para que los tribunales pudieran juzgar" crímenes de derecho internacional. "Se ignoraba –a juicio de Tardà– que la magnitud de los delitos exige compromiso para luchar contra la impunidad", de modo que el país se alejaba de territorios como Bélgica o Italia, "que sí conciben como herramienta imprescindible" la jurisdicción universal. Tardà insistió en la necesidad de "conseguir que cualquier genocida tenga el convencimiento de que tarde o temprano tendrá que comparecer en algún tribunal", a lo que España "contribuye muy poco".

El diputado catalán incidió en que ambas reformas no son "aisladas ni casuales". En este sentido, recordó la ley de asilo del 2009, "que convertía en titánico el alcanzar el derecho de asilo en el Estado español", o la ley de extranjería del 2010. Tras la primera modificación, "el PP remató y goleó" con su reforma del 2014, "derrotando las libertades y los derechos que tanto esfuerzo requirieron". Tampoco fue, a juicio de Tardà, una reforma aislada: "De la ley de asilo a la brutal e inoperante actuación del Gobierno español de hoy ante la crisis de los refugiados", remachó. Finalmente, el diputado valoró que la justicia universal está "hoy en día finiquitada" e instalada "en la casi imposibilidad de que se puedan juzgar crímenes fuera de sus fronteras", con la consecuencia de "sufrir la vergüenza de ver cómo el PP imponía el sobreseimiento de causas" como el genocidio del Tíbet.

El portavoz de ERC instó a "todas las fuerzas progresistas" a apoyar su proposición, porque "hay correlación de fuerzas favorable para revertir" las reformas impulsadas. Asimismo, celebró que "el PSOE haya anunciado su voto favorable", porque "con su voto se creará una ponencia y se creará una posibilidad enorme de recuperar todo lo perdido". Remató incidiendo en que, "a nivel mundial, la impunidad está en expansión dentro de un marco de avance de ideas racistas, xenófobas y militaristas, incluso en Europa", situación ante la que "hay que reaccionar, y el PSOE tiene la llave".

Tras la intervención de Joan Tardà, representantes de los grupos que conforman el arco parlamentario manifestaron sus posturas respecto a la propuesta. Tanto Enric Ballester (Compromís) como Lourdes Ciuró (PDECat) se mostraron a favor de la propuesta. Ballester señaló la existencia de un "consenso" al valorar que "hay una serie de delitos que han de ser perseguidos en cualquier lugar y en cualquier momento", misma línea en la que se manifestó la diputada Lourdes Ciró al apuntar que las dos reformas suponen "un claro paso atrás en la defensa de los derechos humanos", y que la justicia universal es "una conquista de las víctimas frente a la impunidad". También Mikel Legarda, del PNV, se inclinó a favor de la proposición, mientras que el asturiano Isidro Manuel Martínez (Foro Asturias) aseguró su voto en contra.

Apoyo condicional

El respaldo mayoritario por parte de la Cámara se produjo, no obstante, bajo una condición común: mantener la reforma impulsada por Rodríguez Zapatero en el 2009. José Ignacio Prendes (Ciudadanos) reconoció durante su intervención compartir "parte de la argumentación que motiva la iniciativa", pero recordó que en la última Comisión de Justicia la proposición no de ley planteada por Podemos en los mismos términos resultó con un consenso para derogar únicamente la modificación conservadora del 2014. "Se llegó a un acuerdo muy mayoritario, sólo exento por el PP, para instar a recuperar la jurisdicción universal que la modificación del 2014 ha negado", recordó el parlamentario.

No obstante, y a su entender, derogar la reforma del 2009 llevaría a "convertir a los tribunales españoles en una suerte de tribunales internacionales", algo que provoca una serie de "sensaciones encontradas" en Ciudadanos: "El primer principio moral es que [los delitos de gravedad] deben de perseguirse, pero el principio de la realidad dicta que se evitar toda frustración que lleve a pensar que los juzgados españoles tienen la capacidad suficiente para perseguirlos", porque "la justicia española hoy no tiene esas capacidades". El grupo ha optado, de esta forma, por "revertir la inaceptable reforma del 2014 y volver a la situación previa". Por este motivo, Prendes señaló Ciudadanos "no va a bloquear la tramitación, no va a oponerse", pero, matizó, en el trámite de enmiendas tratará de "acomodar" esa reforma a su posición.

En términos similares se postuló el grupo socialista, representado por su portavoz, Soraya Rodríguez. La diputada reiteró su postura "a favor de la admisión a trámite para poder derogar la última modificación". Sin embargo, criticó que "equiparar ambas reformas" ha hecho a ERC "perder parte de la razón jurídica", y destacó que "si la reforma del 2009 hubiera estrangulado el ejercicio de la justicia universal, no habría sido necesaria la reforma del 2014", por lo que "no son equiparables ni en el fondo ni en la forma". 

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Rodríguez censuró que "el objetivo del PP sea impedir" que las persecuciones de los delitos de gravedad "puedan entrar en la Audiencia Nacional, porque esa persecución es la que genera problemas diplomáticos a los Estados", situación que "hay que asumir con valentía".

Jaume Moya (En Comú Podem) denunció, en nombre del grupo Unidos Podemos, las consecuencias que ambas reformas tuvieron en la aplicación de la jurisdicción universal. Criticó que la primera modificación impidiera la investigación de "crímenes tan graves" como el bombardeo israelí a un barrio palestino, que la posterior reforma del 2014 distinga entre "víctimas de primera y segunda", elimine la acusación popular y deje el "monopolio de la acusación al Ministerio Fiscal". Moya recalcó, asimismo, que si "en algo tiene legitimidad" la Audiencia Nacional es en "perseguir estos gravísimos delitos contra los derechos humanos", y no "dedicarse a perseguir conductas tan inocuas como romper fotografías o quemar banderas". El diputado concluyó señalando que su grupo respaldará "la toma en consideración" de la propuesta para que, una vez entre a trámite, atender a "razones de aritmética política" y –a pesar de que les "encantaría regresar a la situación previa" a la reforma del año 2009– "sumar voluntades" con el objetivo de "recuperar una justicia universal en términos menos dañinos que los que se encuentran en la actualidad".

Finalmente, María Jesús Moro (PP) cargó contra la "dosis de cinismo" expuesta, a su parecer, durante las intervenciones de la oposición. "No es verdad que con cierta forma de regular la justicia universal acabemos con los males e imperfecciones de los sistemas judiciales del mundo, ni con todos los dictadores, genocidas y violadores de derechos humanos", criticó. En este sentido, Moro apostó por "mejorar" la justicia universal, pero no por la vía propuesta por ERC, cuyo objetivo radica en "devolverla a un pasado que no siempre fue mejor".