No hubo debate en la Mesa del Congreso. Ni dudas. El órgano de gobierno se limitó a calificar –admitir a trámite– todas las iniciativas que Izquierda Plural había presentado a raíz de la publicación del libro de Pilar Urbano La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014). Así que ahora seguirán su curso normal. Y habrá debate, siquiera mínimo, sobre una de ellas, el requerimiento de comisión de investigación.
Hace justo una semana, IU-ICV-CHA registró en la Cámara baja tres textos que perseguían aclarar todo lo que sucedió en torno al golpe de Estado, horas después de que el diario El Mundo adelantase, vía entrevista a la autora, algunas de las revelaciones de la obra. La más llamativa, sin duda, la supuesta colaboración del monarca en la operación Armada, conducente al descabalgamiento de Adolfo Suárez de la Presidencia del Gobierno y su sustitución por el general. La tripleta de iniciativas se componía de la solicitud de una comisión de investigación, una proposición no de ley para exigir la desclasificación de los documentos y varias preguntas del portavoz de Justicia del grupo, Gaspar Llamazares [ver documentos a la izquierda].
La Mesa no ha visto ningún problema en ninguna de las iniciativas, según fuentes de la Cámara consultadas por infoLibre. No estaban en el índice rojo índice rojo que los letrados, antes de cada reunión del órgano de gobierno, elaboran. Los textos que caigan dentro de ese cajón rojo son los que en principio presentan más complicaciones, por lo que son discutidos por los miembros de la Mesa, que preside el conservador Jesús Posada, y en la que el PP tiene mayoría absoluta. En este caso, como los letrados no habían visto pegas, no se abordó en el encuentro de este martes ni hubo necesidad de votación.
Posible no en la próxima Junta de Portavoces
Izquierda Plural no ocultó su satisfacción por el visto bueno de la Mesa. Ahora, las iniciativas seguirán su trámite: el Gobierno deberá responder a las preguntas de Llamazares, la moción se discutirá en pleno o en comisión (aunque no hay fecha) y la petición de comisión de investigación se verá en la reunión siguiente de la Junta de Portavoces, el órgano político del Congreso, en el que se sientan todos los grupos. Ahí con toda seguridad el PP hará valer su mayoría absoluta y tumbará la solicitud, impidiendo que llegue al pleno de la Cámara baja. Lo habitual es que haya un mínimo debate sobre la iniciativa y, al final, los conservadores se opongan a incluirla en el orden del día del siguiente pleno.
IU-ICV-CHA ya denunció la semana pasada que la "falta de transparencia" que se cierne sobre el 23-F hace que se siembren "dudas" sobre lo que ocurrió en aquel momento y sobre la intervención del rey. Y calificó de "graves" las acusaciones que hace Urbano en su libro, por lo que, de ser "falsas", como dice la Zarzuela, la Jefatura del Estado debería querellarse, en palabras de Cayo Lara. Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, ya dijo que el golpe de Estado era objeto de investigación "histórica", y no política, y defendió el papel de Juan Carlos I. La desclasificación de documentos, añadió, la haría el Gobierno "con arreglo a la ley". El problema es que, según la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, es el Consejo de Ministros quien puede proceder a levantar el velo sobre los archivos considerados reservados. No se desclasifican automáticamente, como en otros países.
No hubo debate en la Mesa del Congreso. Ni dudas. El órgano de gobierno se limitó a calificar –admitir a trámite– todas las iniciativas que Izquierda Plural había presentado a raíz de la publicación del libro de Pilar Urbano La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014). Así que ahora seguirán su curso normal. Y habrá debate, siquiera mínimo, sobre una de ellas, el requerimiento de comisión de investigación.