La avalancha de citas en los tribunales derivadas de casos corrupción marcó parte del otoño judicial y sigue presente en la agenda en este principio de 2017. Al mismo tiempo, los barómetros del CIS vienen reflejando desde 2013 que la corrupción es el segundo problema más importante del país para los ciudadanos. Sin embargo, la petición de rendición cuentas y los debates sobre estos escándalos no están monopolizando el debate en el Congreso de los Diputados.
Al menos, eso es lo que se deduce del análisis de las iniciativas registradas por los diferentes grupos parlamentarios en lo que va de legislatura, realizado por infoLibre. Entre ellas no abundan las referencias a casos concretos de corrupción. Además, las tres comisiones para estudiar o investigar este fenómeno siguen atascadas. La comisión permanente, de la que se pretenden extraer propuestas de reformas legislativas, todavía no ha definido su contenido. Y las dos de investigación previstas –sobre la financiación del PP y sobre la llamada Operación Cataluña–, tampoco han arrancado por el momento.
Esta misma semana se ha sentado en el banquillo de los acusados el extesorero de los conservadores Luis Bárcenas, que reconoció la existencia de una caja B en el PP. Pese a ello, la página web del Congreso no recogía a última hora de este viernes ninguna pregunta o iniciativa parlamentaria al respecto. Ese mismo registro tampoco incluye ninguna alusión a casos tan relevantes como Púnica, Taula, ERE de Andalucía, las causas relativas a la familia Pujol Ferrusola... aunque el calendario judicial de los próximos meses sí pondrá el foco sobre algunos de ellos.
Resulta especialmente paradójico el perfil bajo del PSOE en relación a la declaración de Bárcenas, pues en julio de 2013, cuando El Mundo publicó los SMS de apoyo que Rajoy había enviado a su extesorero, el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió su "dimisión inmediata" al considerar que estaba "incapacitado" para ser jefe del Ejecutivo. Esta semana, sin embargo, el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, se limitó a cuestionar qué había "cambiado" en Bárcenas para que su declaración no fuera "mucho más clara" sobre el PP, como parecía anticipar en los últimos tiempos.
Los casos concretos
Salvo algunas excepciones, los casos de corrupción más importantes apenas han tenido protagonismo en las iniciativas que los grupos políticos con representación parlamentaria han ido registrando desde el inicio de la legislatura el 19 de julio pasado.
La Operación CataluñaOperación Cataluña
El caso que más eco ha tenido en el Congreso ha sido la llamada Operación Cataluña, con la actuación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sus presuntas maniobras para desprestigiar a políticos independentistas como principales exponentes. Todos los grupos, salvo el PP, se posicionaron a favor de la creación de una comisión de investigación para fiscalizar su labor que, no obstante, todavía no ha empezado a funcionar porque Fernández Díaz continúa de baja médica.
Toda la oposición en bloque pidió también a Rajoy la destitución "inmediata" del ya exministro "por sus acciones y actitudes antidemocráticas y faltas de ética política". Lo que no fraguó es la petición de comparecencia presentada por Esquerra Republicana, PNV y el Pdecat (antigua Convergència) para que Rajoy explicara en el Pleno la llamada Operación Cataluña. También está pendiente de ser aprobada la petición de valoración por parte del Gobierno de la querella (ya archivada) interpuesta por su partido y el exalcalde de Xavier Trías contra Fernández Díaz por este asunto. La petición fue formulada por la diputada del Pdecat, Lourdes Ciuró.
Las tramas que afectan al PP
El análisis de las iniciativas presentadas permite deducir que otros procesos judiciales o investigaciones por corrupción que han cobrado protagonismo en los últimos meses no han despertado en demasía el interés de los diputados. Es el caso, por ejemplo, de Gürtel, la trama corrupta que en mayores aprietos ha puesto al PP, y en cuyo juicio se sientan en el banquillo el presunto cabecilla, Francisco Correa; el extesorero Luis Bárcenas; y una veintena de ex altos cargos de la formación.
Más allá de preguntas generales al Gobierno sobre los resultados de sus "medidas contra la corrupción" –como las registradas por los diputados Artemi Rallo (PSOE) y Xavier Domènech (En Comú Podem)– la alusión más concreta a este caso puede encontrarse en la solicitud de comisión de investigación "sobre la financiación ilegal y otras tramas de corrupción que afectan al Partido Popular" que ha presentado el PSOE y a la que todavía no se ha sumado ningún grupo más, por lo que no está aprobada. De hecho, a día de hoy, la petición para constituirla no ha llegado siquiera al Pleno y no lo hará antes del mes de febrero, como mínimo, porque enero es mes inhábil en el Congreso.
Acuamed
El caso Acuamed también ha llegado al Parlamento en esta legislatura aunque, por el momento, con poco recorrido. El PSOE, por un lado, y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea junto al Grupo Mixto, por otro, han presentado sendas peticiones de creación de una comisión de investigación sobre esta causa en la que se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 por parte de este organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Ninguna de las iniciativas se ha aprobado por el momento.
Por otro lado, la formación morada y sus confluencias registraron a mediados de agosto una proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que instaban al Gobierno a desmantelar las sociedades estatales de aguas al considerar que "contribuyen gravemente a hacer opaca las inversiones públicas en materia de obras hidráulicas" y también (al igual que el PSOE y el Grupo Mixto) solicitaron la comparecencia de la ministra de Agricultura para que explicara las "irregularidades" detectadas en las obras adjudicadas por la empresa pública Acuamed y financiadas con fondos europeos.
Arístegui-De la Serna
Aunque de forma más tangencial ha tenido cierta repercusión en el Congreso el caso del exembajador Gustavo de Arístegui y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que permanecen imputados como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales por las operaciones llevadas a cabo en países como Argelia, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.
En concreto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pidió la comparecencia en la comisión sobre la corrupción del Congreso –que fue aprobada a principios de octubre solo con la oposición del PP– del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas. El objetivo era que explicara los graves hechos puestos en su conocimiento en una carta en la que, como desveló infoLibre, el denunciante de esa trama, José Faya, le alertaba sobre los negocios privados. La citada comisión todavía no ha decidido al respecto.
El rescate bancario
Por otro lado, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea junto al Grupo Mixto solicitaron el pasado 11 de enero la creación de una comisión de investigación "sobre las responsabilidades políticas que pudieran derivarse con motivo del rescate y del proceso de reestructuración del sector financiero español". Ciudadanos había registrado una petición similar pero consta como "inadmitida" en la página web del Congreso.
La comisión específica
El fin de la época de mayoría absoluta del PP ha posibilitado la aprobación de comisiones de investigación sobre temas relacionados con la corrupción como las citadas, que es algo a lo que los conservadores se cerraron en banda entre 2011-1015. De hecho, la X Legislatura fue la única de la democracia en la que no se creó ninguna.
Pero el nuevo tiempo político ha favorecido también la creación –con los votos a favor de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos– de un órgano estable de rendición de cuentas de los responsables políticos en el Parlamento: la comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales. No obstante, este órgano no legislativo —cualquier iniciativa debería ser elevada a una comisión de mayor rango— tiene pendiente todavía dar sus primeros pasos.
Sobre el papel, la idea es que esta comisión sirva para analizar los escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos independientemente del color político, buscar soluciones y hacer propuestas para que sea difícil que estos casos se vuelvan a producir. Sin embargo, transcurridos más de tres meses desde su creación, sus miembros no se han puesto de acuerdo todavía a la hora de fijar los temas que van a empezar a debatirse y un calendario de trabajo.
Además, su presidente, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, propuso que se creara dentro de ella una subcomisión para avanzar en asuntos concretos como la financiación de los partidos, el análisis sobre las medidas para reforzar la imparcialidad e independencia de órganos constitucionales y organismos reguladores, la procedencia de crear un órgano específico de lucha contra la corrupción y el estudio de los mecanismos para la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. Tampoco se ha avanzado en este frente.
Las primeras comparecencias solicitadas en esta comisión –además de la citadas de Moragas– son las de los presidentes de ACS, Florentino Pérez; y OHL, Juan Villar-Mir; solicitadas por el Grupo Mixto tras la declaración de Francisco Correa en el juicio de la trama Gürtel, donde manifestó que a sus empresas se les habían adjudicado obras públicas a cambio de dar dinero al PP. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quería también que desfilara por esta comisión el expresidente José María Aznar, propuesta que rechazaron PP, PSOE y Ciudadanos tras estudiar el informe desfavorable de los letrados de la Cámara.
Las propuestas
Más allá de las alusiones a casos o las peticiones de comisiones de investigación, los grupos también han registrado otras iniciativas relacionadas con temas de regeneración democrática. UPN presentó el pasado octubre una proposición de reforma de ley de partidos, si bien todavía está a espera de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. También el PSOE ha presentado una proposición no de ley para fusionar toda la legislación sobre partidos políticos –las actuales Ley de Partidos y Ley de Financiación de partidos– y que sirva para "forzar a estas formaciones a ser más democráticas y más transparentes".
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Por otro lado, a iniciativa de los socialistas y del Grupo Mixto, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que criticó duramente a España en un informe hecho público el pasado octubre por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Está pendiente que una moción similar sea debatida en el Pleno. También en relación a este asunto, la diputada del PDCat Lourdes Ciuró ha formulado al Gobierno dos preguntas por escrito que siguen esperando respuesta.
Otras dos preguntas relacionadas con temas de corrupción que siguen esperando respuesta son las formuladas por los diputados valencianos del PSOE, que preguntaron al Gobierno sobre las medidas puestas en marcha en su comunidad para luchar contra la corrupción; y la de la diputada de Podemos Àngela Ballester, que interpeló al Gobierno por la colaboración entre la Intervención General del Estado y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como por "la existencia de entidades públicas valencianas investigadas, fondos europeos implicados y sanciones que podrían aplicarse de existir delitos o prácticas de fraude, corrupción o malversación de dichos fondos".
La diputada socialista Margarita Robles también se ha interesado, a través de dos preguntas escritas al Gobierno, sobre las medidas puestas en marcha para evitar el incumplimiento de los requerimientos judiciales en la tramitación de asuntos penales relacionados con la corrupción o por delitos fiscales, así como por las previsiones acerca de asignar a los juzgados unidades específicas de peritos que estén bajo el mando exclusivo del juez, en delitos como la corrupción, blanqueo de capitales y delincuencia económica.
La avalancha de citas en los tribunales derivadas de casos corrupción marcó parte del otoño judicial y sigue presente en la agenda en este principio de 2017. Al mismo tiempo, los barómetros del CIS vienen reflejando desde 2013 que la corrupción es el segundo problema más importante del país para los ciudadanos. Sin embargo, la petición de rendición cuentas y los debates sobre estos escándalos no están monopolizando el debate en el Congreso de los Diputados.