El Consejo Fiscal ha aplazado hasta este jueves el debate sobre las polémica decisiones adoptadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y que han originado discrepancias en el seno de este departamento en relación con la Operación Lezo y el relevo de los fiscales del caso tres por ciento por las comisiones ilegales de la antigua Convegència Democrática de Catalunya (CDC), según fuentes fiscales.
El cambio en el orden del día se debe a que varios fiscales que se encuentran presentes este miércoles deben informar sobre determinados asuntos que en un principio se iban a tratar este jueves, pero debido a que no podrán acudir se han adelantado al inicio de la reunión, según han informado las mismas fuentes.
Estaba previsto que el Consejo Fiscal analizase este miércoles la propuesta de Moix de sustituir a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo del caso relacionado con la financiación ilegal de CDC por otros dos fiscales con despachos en Barcelona, Fernando Maldonado –que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV– y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid.
Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la decisión de Moix de apartarles del procedimiento estaría dirigida a evitar que Grinda y Bermejo invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior en el marco de la investigación judicial por este asunto. Según la explicación oficial, sin embargo, la sustitución persigue "que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".
Las discrepancias entre los dos fiscales sustituidos y el fiscal jefe Anticorrupción se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de los fiscales que hasta ahora han llevado esta investigación era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
Otros de los puntos que pasan a este jueves tiene que ver con las últimas discrepancias surgidas entre algunos de los fiscales Anticorrupción y su superior, concretamente el expediente gubernativo de solicitud de amparo de los fiscales Grinda, Bermejo y Juan José Rosa. Estos tres fiscales han pedido amparo después de que Moix haya tramitado una queja presentada contra ellos por uno de los investigados por el caso Emperador que les acusa de coacciones y amenazas.
Análisis de los plazos de instrucción
Este órgano consultivo ha sido convocado de forma ordinaria y su orden del día incluye siete puntos, la mayoría de carácter administrativo y de ordenación de la carrera que están pendientes debido a que el Consejo anterior se destinó en exclusiva a los nombramientos propuestos por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Entre ellos se encuentran las iniciativas en torno a la autonomía presupuestaria y funcional del Ministerio Público, el cumplimiento de la Ley de Transparencia, así como información y valoración de la implantación de los proyectos de justicia digital en este departamento y la designación del fiscal sustituto para el Tribunal Supremo.
Otro de los puntos en los que se centrarán es la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija que el plazo máximo para practicar diligencias de investigación es de seis meses y que el Ministerio Público podrá solicitar al juez instructor que declare la causa compleja, por lo que se prorrogará la instrucción hasta 18 meses.
'Operación Lezo' en el turno de ruegos y preguntas
Aunque no está incluido en el orden del día, la situación generada en Anticorrupción tras Operación Lezo llegará previsiblemente en el turno de ruegos y preguntas de manos de los vocales de Unión Progresista de Fiscales,
han confirmado a Europa Press fuentes de esta asociación.
El pasado jueves se conoció que uno de los fiscales del caso, Carlos Iañez, no tiene previsto renunciar en la causa en la que, junto a su compañera en Anticorrupción Carmen García Cerdá, investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los delitos de corrupción derivados de la denominada Operación Lezo.
La polémica en este caso se ha producido tras trascender públicamente la existencia del enfrentamiento entre Iañez y su superior Manuel Moix en relación con la práctica de determinadas diligencias en el caso en el que la Audiencia Nacional mantiene en en prisión preventiva, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Dichas discrepancias, respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) –filial del Canal de Isabel II– provocaron que este fiscal, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, amenazará con apartarse del procedimiento, añaden las mismas fuentes.
Respaldo de la mayoría de los fiscales anticorrupción
Sin embargo, su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros la junta que se celebró el pasado martes –forzada tras invocar Iañez y su compañera el artículo 27 de Estatuto Fiscal– y por esta razón ya no entra en sus planes abandonar el caso siempre que no sea relevado por sus superiores.
Lo ocurrido con Iañez obligó también a la Fiscalía Anticorrupción a emitir un comunicado oficial en el que aclaraba que su renovación se produjo "a petición del Fiscal Jefe" Anticorrupción, Manuel Moix, y "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado".
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El comunicado se difundió después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntaban al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclaró que "no ha cesado a Carlos Iañez, fiscal encargado de la llamada Operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación".
"De hecho, el propio fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", añadía el comunicado de Anticorrupción.
Por su parte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que no tiene a ningún fiscal sentado en el Consejo, ha solicitado que en el Consejo Fiscal se valore la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en relación con las órdenes dadas a los fiscales de la Operación Lezo, "por si la misma no ha sido correcta y en consecuencia, dada su gravedad" pueda ser valorado su "cese o remoción".
El Consejo Fiscal ha aplazado hasta este jueves el debate sobre las polémica decisiones adoptadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y que han originado discrepancias en el seno de este departamento en relación con la Operación Lezo y el relevo de los fiscales del caso tres por ciento por las comisiones ilegales de la antigua Convegència Democrática de Catalunya (CDC), según fuentes fiscales.