El CGPJ pacta dos presidencias del Supremo pero sigue sin acuerdo sobre las dos salas clave

Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial avanzan en las negociaciones sobre los nombramientos pendientes. El orden del día del Pleno de este miércoles contenía hasta ese martes los de las cuatro presidencias de sala del Tribunal Supremo pendientes. Ambas sensibilidades ya están de acuerdo en sacar adelante la de la Sala de lo Civil, que será para su actual presidente en funciones y único candidato, el conservador Ignacio Sancho; y la de lo Social, que ocupará previsiblemente la progresista Concepción Ureste. Pero las de las dos salas clave, Penal y Contencioso, continúan bloqueadas por el sector conservador.

Los vocales no han alcanzado un pacto sobre las dos presidencias estratégicas del alto tribunal: la de la Sala de lo Penal, que hasta el pasado diciembre correspondió al conservador Manuel Marchena, y la de lo Contencioso-Administrativo. Ambas están presididas en funciones por los candidatos que defienden los vocales a propuesta del PP al ser sus magistrados más antiguos: Andrés Martínez Arrieta (Penal) y Pablo Lucas (Contencioso). Los progresistas proponen para esos puestos a sus excandidatas a presidir el Consejo Ana Ferrer (de Juezas y Jueces para la Democracia) y Pilar Teso.

Además de las cuatro presidencias vacantes del Supremo, los consejeros han avanzado en la cobertura de las cuatro que hay pendientes en la Audiencia Nacional (AN). La presidencia del tribunal del terrorismo, a la que solo se presentaron candidatos conservadores, podría ir al exvocal a propuesta del PP en el anterior Consejo José Manuel Fernández. En la Sala de lo Penal de perfila el conservador Alfonso Guevara, uno de los magistrados más veteranos de ese tribunal mientras que en la de Apelaciones, a las que se recurren las decisiones de esta última, la presidencia sería para la progresista Manuela Fernández de Prado, también con una amplia trayectoria en la AN. La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo iría para el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el conservador Fernando Ruiz Piñeiro, y la de lo Social para el único candidato, su presidente en funciones Ramón Gallo Llanos.

El sector conservador ha bloqueado las presidencias de cuatro salas del Supremo durante dos meses con la comodidad de saber que sus dos candidatos a las más importantes ocupan ya el puesto en funciones, por la vía de los hechos. Los vocales a propuesta del PP han rechazado durante semanas negociar con sus compañeros a propuesta del PSOE y Sumar que aspiran a colocar a Ferrer –autora del voto particular contra el auto que se negó a aplicar la ley de amnistía a los líderes del procés– en la Sala de lo Penal, la que investiga y juzga a los miembros del Gobierno, los parlamentarios y los aforados que ocupan los puestos de las más altas instituciones del Estado, además de tener la última palabra sobre todos los procesos penales.

En caso de salir designada ocuparía la plaza que dejó vacante el conservador Marchena, durante cuya presidencia, además de la negativa a aplicar la amnistía e impugnar la ley que la regula ante el Tribunal Constitucional, se inició el polémico proceso contra el fiscal general del Estado por el desmentido de un bulo del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP) sobre la confesión de dos delitos fiscales por su pareja. Bajo la presidencia de Marchena también se acordaron dos autos que advertían a los magistrados del Constitucional –en el que actualmente son mayoría los progresistas– de la posibilidad de abrir causa contra ellos por prevaricar con sus resoluciones, lo que ha sido interpretado en el órgano de garantías como una presión o una amenaza que, en caso de realizarse, podría llevar a un conflicto institucional sin precedentes.

De no poder nombrar a su candidata para la Sala de lo Penal, los progresistas aspiran a que el Consejo designe a su excandidata a ocupar el puesto de Isabel Perelló, Pilar Teso, en la Sala de lo Contencioso. Junto con la Penal, la de lo Contencioso es la sala más importante, ya que resuelve todos los recursos contra las decisiones del Gobierno, los ejecutivos autonómicos y altos organismos del Estado. También tiene la última palabra sobre las del propio CGPJ, como los nombramientos o las sanciones disciplinarias contra jueces.

Al menos una de esas dos presidencias claves debería ir a los progresistas. En primer lugar por la propia aritmética del Consejo, en el que progresistas y conservadores están empatados a 10, aunque con una presidenta progresista que, hasta el momento, se ha mostrado más cercana al sector conservador. Son cuatro las plazas en juego y si la Civil y la Social han ido a un conservador y una progresista respectivamente, lo mismo debería ocurrir, en las otras dos que corresponderían cada una a una de las dos sensibilidades del órgano de gobierno de los jueces. Cada nombramiento exige una mayoría de tres quintos, es decir, 13 votos.

La ley de paridad, que entró en vigor el pasado agosto, también obliga a que al menos una de esas presidencias sea ocupada por una mujer para garantizar el umbral mínimo entre sexos del 40%. Los progresistas defienden como aspirantes a dos juezas (Ferrer y Teso), mientras que los conservadores apoyan a dos hombres (Martínez Arrieta y Lucas). El reparto equitativo que establece la ley y que se aplica sobre las cinco presidencias de sala del Supremo, impone que la presidencia de lo Penal o de lo Contencioso (o ambas) vaya a una magistrada. La presidencia de la Sala de lo Militar la ocupa Jacobo Barja de Quiroga y la de lo Civil irá para otro hombre, Ignacio Sancho. Además del pacto para otorgar la presidencia de lo Social a Ureste se necesita una presidenta más para cubrir el mínimo legal de representación equilibrada.

Aparte de los nombramientos del Supremo y de la Audiencia Nacional, los dos sectores del Consejo también han avanzado en la designación de cinco presidencias del tribunales superiores de justicia, las más importantes por el territorio y el porcentaje de población que abarcan. Se trata de los TSJ de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunitat Valenciana. En el orden del día del Pleno de este miércoles también constan otras presidencias de sala de tribunales autonómicos, presidencias de audiencias provinciales y algunos puestos en tribunales militares.