El Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto este jueves a los 117 migrantes que el pasado miércoles accedieron a Ceuta tras saltar el vallado fronterizo a Marruecos, en aplicación, según han confirmado fuentes de Interior, del acuerdo firmado en 1992 entre España y el reino alauita de readmisión de "extranjeros entrados ilegalmente". La decisión sorprende por ser una decisión prácticamente inédita tras el aumento de este verano en las llegadas, tanto por tierra como por mar, de migrantes a las costas andaluzas y a las ciudades autónomas. Las ONG humanitarias han expresado sus quejas sobre la legalidad y la conveniencia de este procedimiento "exprés", ante la duda de si este será el modus operandi habitual a partir de ahora.
¿Qué dice el texto legal?
El acuerdo [consulte aquí su publicación en el BOE] fue rubricado por el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri. El primer artículo reza: "Las autoridades fronterizas del Estado requerido (Marruecos) readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente (España), a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido". El texto indica, posteriormente, que es condición indispensable que se acredite que las personas sujetas a esta readmisión provienen de Marruecos.
Hay excepciones: no están sujetas a la norma las personas que provengan de países fronterizos con Marruecos que tengan permiso de estancia o visado expedido por España, y los que sean reconocidos como refugiados por este último país. Además, Marruecos contrae la obligación de devolver a los migrantes a sus países de origen o al país donde comenzaron su viaje, aunque se reserva la posibilidad de denegar el tránsito de vuelta si la persona tiene prohibida la entrada al país, ha sido condenado penalmente en un tribunal del país alauita o del país de destino o si "corre riesgo de sufrir malos tratos" en el lugar de donde proviene.
España se compromete, además, a identificar a los migrantes en el proceso. "Se harán constar los datos relativos a la identidad, la documentación personal poseída por el extranjero, su estancia en el territorio del Estado requirente y las condiciones de su paso por el territorio del Estado requerido", reza el acuerdo.
¿Cuándo se ha aplicado?
Pocas veces, teniendo en cuenta que el flujo migratorio, con sus picos, no ha cesado desde la rúbrica del acuerdo. Un artículo de 2005 de El País cifraba en 114 personas a las que se les había aplicado hasta entonces el acuerdo hispano-marroquí. Unos días después de dicho conteo, el Gobierno español mandaba a su vecino africano a 70 personas más, en pleno aumento de las llegadas. La decisión generó polémica, ya que Marruecos fue acusado de abandonar en pleno desierto a cientos de migrantes que no habían logrado entrar en Europa.
Tras los episodios de 2005, el convenio se ha aplicado en contadas ocasiones. En los últimos años, el Gobierno lo ha utilizado en casos en los que los migrantes o refugiados llegan a pequeños territorios de ultramar de soberanía española. En 2012, 83 personas fueron deportadas desde la Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, en base al acuerdo. Lo mismo pasó muy recientemente, en junio de 2018, con ocho migrantes que llegaron a las Islas Chafarinas.
El acuerdo no se ha aplicado con más frecuencia por las reticencias de Marruecos, que suele alegar que no se puede documentar que los migrantes que se pretende devolver provengan del país africano. Además, muchos de ellos llegan indocumentados, por lo que no se puede cumplir el requisito que establece el texto de identificarlos. Según apunta Interior, las relaciones con el reino alauita en estos momentos son mejores, lo que permite las devoluciones y apunta a un criterio político, más que legal, de los marroquíes a la hora de aplicar el convenio.
¿Se respetan los derechos de los migrantes?
No se trata de devoluciones en calientedevoluciones en caliente. Según ha confirmado Interior, los migrantes que han sido devueltos este jueves a Marruecos han contado con asistencia letrada, lo que, en teoría, les garantiza poder disfrutar del derecho a asilo y solicitarlo si así lo desean, lo que paralizaría la expulsión. Las llamadas devoluciones en caliente no permiten esa asistencia y esa petición, principal motivo de su ilegalidad según organismos como Naciones Unidas.
Sin embargo, las ONG no creen que un procedimiento "exprés", de menos de 24 horas, garantice adecuadamente los derechos de las personas a las que se les aplica el convenio de devolución. "Existen dudas razonables para pensar que el procedimiento no se ha llevado a cabo con todas las garantías", explica Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. Asegura que, al ser tan corto el lapso de tiempo desde que han llegado hasta que han sido llevados de vuelta a Marruecos, los migrantes pueden no haber sido asesorados adecuadamente de sus derechos, entre los que se encuentra la posibilidad de pedir asilo en España. La rapidez en las gestiones "impide la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional", ha afirmado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
De hecho, el miembro del Colegio de Abogados de Ceuta José Luis Pizarro ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que han asistido este miércoles a los migrantes sin saber que se planteaba una devolución exprés, y considera que la atención ha sido "para cubrir el trámite" y para que "de cara a la legislación internacional" no se pueda acusar a España de vulnerar sus derechos.
¿Qué pasará con ellos?
El Gobierno defiende la devolución de los 116 migrantes porque es "inaceptable" la violencia contra agentes de la valla
Amnistía duda de que la asistencia letrada haya sido de calidad. Y dicha circunstancia supone un problema teniendo en cuenta que Marruecos tiene la obligación de llevarlos a sus países de origen, donde pueden estar perseguidos, sufrir de malos tratos o ver vulnerados sus derechos humanos, lo que contravendría el principio de no devolución –que establece que una persona no puede ser devuelta a un Estado donde esté en peligro su vida o su dignidad—. La ONG cree que Marruecos no es un "país seguro" para los migrantes y duda de que el país cumpla con ese principio.
Idéntica posición mantiene CEAR, que señala "el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos".
El problema, mantienen las organizaciones, es cooperar con un país bajo sospecha por no respetar los derechos de las personas que entran en su territorio, de paso en busca de una vida mejor. Los antecedentes no son tranquilizadores: los episodios de octubre de 2005, en los que Rabat tuvo que rectificar tras dejar a cientos de vidas a su suerte, despertaron la desconfianza hacia el país africano y su gestión humanitaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto este jueves a los 117 migrantes que el pasado miércoles accedieron a Ceuta tras saltar el vallado fronterizo a Marruecos, en aplicación, según han confirmado fuentes de Interior, del acuerdo firmado en 1992 entre España y el reino alauita de readmisión de "extranjeros entrados ilegalmente". La decisión sorprende por ser una decisión prácticamente inédita tras el aumento de este verano en las llegadas, tanto por tierra como por mar, de migrantes a las costas andaluzas y a las ciudades autónomas. Las ONG humanitarias han expresado sus quejas sobre la legalidad y la conveniencia de este procedimiento "exprés", ante la duda de si este será el modus operandi habitual a partir de ahora.