El Constitucional permitirá la financiación con fondos públicos a los centros que segreguen por sexo al alumnado

El Tribunal Constitucional estudiará a partir de este lunes la ponencia redactada por el magistrado conservador Alfredo Montoya en la que avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada en solitario por el Partido Popular. La mayoría conservadora del alto tribunal, previsiblemente, dará luz verde a la conocida como Ley Wert, incluidos los cinco puntos más polémicos que recoge el texto, entre los que se encuentra la financiación con dinero público de los centros educativos que segreguen por sexo a sus alumnos, según avanzó este lunes por la mañana la Cadena Ser. El texto precisa que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tienen derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo.

La Lomce frena la caída de la Religión en la educación pública

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La decisión llega cuatro años después de que más de 100 diputados socialistas recurrieran la normativa ante el Constitucional porque, según explicó su entonces vicesecretaria general, Elena Valenciano, el texto aprobado es "una mala ley para este país, para la igualdad de oportunidades y para la democracia". "Esta ley va en contra de la comunidad educativa y por eso estamos aquí, porque nos lo ha pedido", dijo. 

La ponencia redactada por Montoya avala además la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares y considera adecuado el tratamiento de la Religión, imponiendo una alternativa obligatoria a la asignatura. En este sentido, y según publicó infoLibre, la implantación de la Lomce consiguió frenar la caída de la Religión en la escuela pública porque pasó a tener carácter evaluable y el porcentaje de alumnos que terminan el curso con una buena nota es muy alto. Así, en secundaria la Lomce comenzó su implantación progresiva en el curso 2015-2016. En dicho curso optaron por la asignatura de Religión el 38,56% de los alumnos de centros públicos, un 3% más que que en el curso 2014-2015. Fue la primera subida desde el curso 2007-2008. 

Desde que el PP aprobara en solitario la norma, las críticas al texto por parte de la comunidad educativa no dejaron de suceder. Profesores, alumnos y padres criticaron duramente la Ley Wert y convocaron protestas para pedir su derogación.