Una constructora pleiteó durante 13 años contra los Moix y su empresa panameña en los tribunales pero el fiscal dice que nunca se enteró de nada

Si las cosas que cuenta Manuel Moix sobre su empresa panameña son ciertas, sólo cabe llegar a dos conclusiones: o en su familia había una incomunicación total entre sus miembros, o el padre no confiaba lo más mínimo en el criterio jurídico de su hijo fiscal. Y es que entre los años 1988 y 2000, según los datos que obran en poder de infoLibre, la pequeña constructora Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad Duchesse Financial Overseas. Pero según cuenta ahora el fiscal jefe de Anticorrupción, él no se enteró de que sus padres eran dueños de una sociedad en Panamá hasta 2008 o 2011 –en tres días ha dado esos dos años diferentes–.

Ese supuesto desconocimiento choca contra otro hecho. José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA, explicó este miércoles en declaraciones exclusivas a este periódico que esa coartada no era cierta. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, aseguró con rotundidad el letrado.

Las declaraciones en fase de instrucción no son públicas, de forma que la presencia de una persona ajena a los declarantes llamó la atención del abogado. Cuando pidió explicaciones, se le indicó que era el hijo fiscal del matrimonio formado por Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. Aunque no le pareció correcta su presencia allí, el letrado prefirió seguir con el interrogatorio.

La causa por alzamiento de bienes era sólo una de las puestas en marcha por la constructora. En total se iniciaron tres procedimientos por la vía civil –uno de reclamación de cantidad, una tercería de mejor derecho y una acción de nulidad– y un cuarto por la vía penal, el citado del alzamiento de bienes.

El calvario judicial que los Moix hicieron pasar al dueño de Terecon SA se completó con un recurso ante el Tribunal Supremo, un incidente previo de especial pronunciamiento y una impugnación de costas.

El origen del pleito

Terecon SA era una empresa que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares. Y el padre del fiscal, Manuel Moix Martínez, la contrató para edificar un chalé en un solar de casi 5.000 metros cuadrados que poseía en Collado Villalba.

Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, había comprado la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros construidos.

En vez de pagar al constructor, los Moix pensaron que era mejor idea camuflar el chalé de Collado y trasladarlo a una sociedad panameña. Como desveló infoLibre, el 4 de enero de 1988 se inscribió en el Registro Mercantil de Panamá la sociedad Duchesse Financial Overseas. Pocos días después, el 25 de enero de ese año, esta compañía nombró apoderada a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal. Y el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió el chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. La sociedad panameña estuvo representada por Margarita Moix.

Hay que tener en cuenta que, en aquel momento, dos de los hijos del matrimonio Moix-Blázquez eran juristas: Manuel había aprobado las oposiciones de fiscal en 1986, mientras que Margarita ejercía de abogada en Madrid desde 1983.

José Román Marín de la Bárcena recuerda perfectamente cuál era el argumento que ofrecía el padre del fiscal para no pagar sus deudas: “Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”.

Obligado a ir a los tribunales

Una disculpa que le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon SA, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Así que, a la vista del impago de la deuda y del presunto alzamiento de bienes, contrató al abogado José Román Marín de la Bárcena para que llevase a los tribunales a la familia Moix.

En 1988, Terecon SA planteó una demanda contra Moix Martínez en reclamación de cantidad. El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid ordenó la ejecución. El asunto de la reclamación de cantidad llegó en 1994 al Tribunal Supremo.

Un segundo procedimiento civil, iniciado en 1998, fue un pleito por lo que se denomina una tercería de mejor derecho. Se produce cuando un acreedor (en este caso Terecon SA) afirma que tiene un derecho preferente a que le sea pagada una deuda frente al acreedor ejecutante. La acción se sustanció en el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid y se dirigió contra los padres del fiscal y contra su hermana Margarita. Fuentes judiciales conocedoras del caso explicaron que esta última había alegado que sus padres tenían una deuda con ella, para recibir así el dinero y evitar que cobrase la constructora.

El tercer procedimiento civil fue una acción de nulidad, que correspondió en 2000 al Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid. En este caso, Terecon SA actuó contra la familia Moix y contra la panameña Duchesse Financial Overseas, buscando que se declarase la nulidad de la operación realizada para transferir la propiedad del chalé de Collado Villalba a la sociedad panameña.

Por último, en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid se vio la querella por alzamiento de bienes, interpuesta en 2000 y dirigida por Terecón SA contra el padre del fiscal.

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Al final, los Moix decidieron pactar. “Llegamos a un acuerdo extrajudicial: ellos pagaron y mi cliente retiró la demandas. pero sobre el contenido del acuerdo o sobre la forma de pago no puedo desvelar nada porque estoy afectado por el secreto profesional”, señala a infoLibre el abogado José Román Marín de la Bárcena.

Lo que recuerda con pesar es que la actitud de los Moix de no pagar arruinó a su cliente. “Mi cliente era un pequeño constructor que llegó a tener problemas económicos muy graves porque Manuel Mox Martínez no le pagaba”.

En definitiva: trece años de pleitos judiciales en casa de los Moix por el chalé de Collado Villalba, pero el fiscal jefe de Anticorrupción sostiene que nunca se enteró de nada. Ni siquiera cuando estuvo presente en la declaración de sus padres por alzamiento de bienes.