Las constructoras de la sanidad privatizada dejan el negocio en manos de fondos extranjeros

El modelo español de sanidad privatizada sigue atrayendo a los fondos de inversión extranjeros. La última gran operación en este sector ha sido la venta del 80% de las acciones que el grupo ACS, del que Florentino Pérez es presidente ejecutivo, tenía en las empresas concesionarias que explotan los servicios no asistenciales de los dos principales hospitales públicos de las Islas Baleares: Son Espases, en Mallorca, y Can Misses, en Ibiza, así como de la operadora encargada del mantenimiento de este último.

El fondo de inversión francés Mirova Core Infrastructure Fund, especializado en pujar por concesiones maduras –brownfields, en el argot del sector–, pagó por estas participaciones 43,3 millones de euros. Mirova es uno de los brazos de inversión del banco francés Natixis. Según informó ACS el pasado 21 de junio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación ha generado al grupo de Florentino Pérez una plusvalía de siete millones de euros. 

Los hospitales de Son Espases y Can Misses se pusieron en marcha a través de un modelo mixto en el que empresas concesionarias se encargan de construir y equipar los edificios, así como de explotar los servicios no asistenciales (cafeterías, comercios, cocinas, limpieza, aparcamientos de pago, lavandería, celadores, personal administrativo...). Las adjudicatarias adelantan el dinero de las obras y a cambio reciben durante decenas de años –habitualmente, veinte o treinta– un canon anual de varios millones de euros de la Administración para financiar la construcción y como contraprestación por ocuparse de la parte no sanitaria.

El de los hospitales de Son Espases y Can Misses, no obstante, no es un caso excepcional. De hecho, se ha convertido en una práctica bastante habitual que las constructoras que edificaron los hospitales y se encargan de prestar servicios no asistenciales –por sí mismas o junto a otras compañías– se acaben deshaciendo de sus participaciones en los centros sanitarios pasados unos años desde el inicio de la concesión. Ahí es donde entran en juego fondos de inversión especializados en pujar por concesiones maduras como Mirova. Aunque hay más. 

De hecho, Iridium –la filial de concesiones del grupo ACS, antes llamada Dragados Concesiones– vendió en agosto de 2014 al fondo holandés DIF especializado en infraestructuras el 80% de las acciones que mantenía en el hospital público madrileño Puerta de Hierro-Majadahonda, donde había participado en el proyecto de ejecución, construcción y explotación de la obra. Actualmente mantiene todavía un porcentaje de la unión de empresas que resultó adjudicataria de ese contrato. Al año siguiente, 2015, vendió la "práctica totalidad" de la participación que le quedaba en esa concesión por 37 millones de euros, según datos oficiales de la compañía. 

Por otro lado, en marzo de 2014, la filial de concesiones de la constructora Sacyr vendió al fondo de inversión LBEIP B.V. –con sede en Holanda y cuyo único accionista es el británico Lloyds Bank– el 49% del capital que tenía en las dos sociedades concesionarias creadas para construir y gestionar las áreas no asistenciales de dos hospitales de Madrid: el Infanta Cristina, en Parla, y el del Henares, en Coslada. La operación se cerró por 90,2 millones de euros.

La concesionaria invirtió 87 de millones de euros en equipar y construir el Hospital Infanta Cristina, que cuenta con 180 camas y da asistencia a una población de 150.000 personas. A cambio, recibe 14 millones de euros anuales durante el tiempo de vida de la concesión –de junio de 2005 a junio de 2035– para financiar la obra y la gestión de las áreas no clínicas. Para el centro del Henares –con 187 camas y una población de referencia de 100.000 personas– la inversión fue de 95 millones de euros y el canon a percibir por la concesionaria en el mismo período alcanza los 16 millones de euros anuales.

También en junio de 2014, FCC vendió al fondo de inversión holandés Aberdeen Infrastructure parte de la participación que tenía en el Hospital del Sureste (Arganda del Rey) a través de Globalvia Infraestructuras, empresa de la que Bankia y FCC tenían cada una un 50% del capital hasta que la vendieron en octubre de 2015 a otros tres fondos de inversión británicos. Globalvia Infraestructuras mantuvo hasta febrero de 2017 un 11,67% de la concesionaria, que ahora está al 100% en manos del fondo holandés tras haber adquirido también las acciones que la constructora OHL tenía en el citado centro sanitario. Aberdeen Infrastructure, por tanto, es responsable de la prestación de 15 servicios no clínicos que cubren prácticamente todo el área no asistencial de este hospital.

Otras participaciones 

No obstante, las grandes constructoras siguen manteniendo a día de hoy participaciones en centros sanitarios construidos bajo esta fórmula mixta en los últimos años. Por ejemplo, la filial de ACS conserva el 49,5% de la sociedad concesionaria que gestiona la limpieza, seguridad, mantenimiento y residuos de diez centros de atención primaria en Mallorca. Y un tercio del contrato de construcción del nuevo hospital de Toledo, que también incluye la prestación de varios servicios no clínicos en tres centros hospitalarios más, así como en cuatro centros de especialidades de la provincia. OHL tiene otro tercio del hospital de Toledo. 

Según la última información proporcionada a la CNMV, Acciona, por su parte, controla el 43% de la concesionaria que construyó y que ahora explota la parte no sanitaria del nuevo hospital de Vigo, que engloba ese centro y otros tres hospitales de menor dimensión, y en los que se da asistencia a 600.000 vecinos de esta ciudad y su área de influencia. La compañía que dirige José Manuel Entrecanales también tiene el 40% de las acciones de la concesionaria del hospital de Can Misses, en Ibiza, y el 95% de la del Infanta Leonor, en San Sebastián de los Reyes (Madrid).  

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Por otro lado, FCC tiene acciones en el hospital público de gestión 100% privada de Torrejón, también en la Comunidad de Madrid. Torrejón Salud fue la adjudicataria del contrato de diseño, construcción, financiación, explotación y prestación sanitaria. En esa sociedad concesionaria también participan Sanitas y Asisa, que se encargan del proyecto asistencial. OHL, por su parte, tiene un 20,75% del nuevo hospital de Burgos, que abrió en 2012. 

Los defensores de este modelo mixto defienden que permite a las administraciones públicas asumir a largo plazo el gasto que supone el despliegue de infraestructuras sanitarias sin acarrear un incremento del endeudamiento financiero público. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid tanto Podemos como el PSOE han anunciado que van a llevar a la Fiscalía los contratos de construcción y explotación de los siete hospitales que se pusieron en marcha bajo este modelo en la comunidad entre 2007 y 2008. Estos centros costaron 747,4 millones de euros, según determinó la Cámara de Cuentas. Pero en concepto de canon por los servicios prestados la Comunidad de Madrid ha abonado a las adjudicatarias 1.182 millones de euros sólo entre 2008 y 2016, tal y como informó El Confidencial. Todavía quedan 21 años por pagar.

Además, la Audiencia Nacional está investigando dentro de la trama Púnica si la cláusula del 1% que los adjudicatarios tenían que reservar para publicitar los nuevos hospitales ocultaba en realidad el pago de comisiones en especie para el PP. infoLibre publicó este viernes que tres testigos de ese caso que ocuparon en su día cargos de relevancia en la sanidad pública madrileña han declarado ante el juez que nunca supieron a qué se dedicaba ese 1%, ni quién supervisaba la ejecución de cada supuesta campaña de información, ni con qué criterio se elegía a las empresas de publicidad.