Los consumidores tampoco confían en el plan del Gobierno para los litigios por las cláusulas suelo

Las asociación de consumidores Facua y el colectivo de usuarios de banca Adicae no confían en que el plan de "urgencia" acordado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano de poder de los jueces– sirva para agilizar los procesos judiciales ante el previsible aumento de demandas que se esperan en los juzgados para reclamar el dinero cobrado de más por las entidades financieras por las cláusulas suelo. 

El plan, que se pone en marcha este jueves 1 de junio, contempla que un único juzgado "especializado" con sede en cada una de las capitales de provincia examine todas las causas relacionadas cuestiones hipotecarias y otros productos bancarios que tengan lugar en esa provincia y que esa "función de refuerzo" recaiga sobre la nueva promoción de jueces "en prácticas" –con la oposición ya aprobada, pero aún sin cumplir el último proceso de selección– que debutarán en la carrera judicial haciendo frente a las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.

Las dudas de las asociaciones de consumidores se unen a las de los cincuenta jueces decanos de toda España –uno por provincia– que este martes calificaron la situación de "desconcierto absoluto" y denunciaron que en "en muchas ciudades no se dispone de la dotación mínima necesaria para que entren en funcionamiento" estos nuevos juzgados especializados de ámbito provincial. "Carecen de medios personales y materiales: letrados de la administración de justicia, funcionarios, dependencias e instalaciones adecuadas, ordenadores, cuenta con consignación propia...", puede leerse en el comunicado.

"Poner en marcha estos juzgados con esta increíble falta de medios que va a provocar el caos sobre el caos no creemos que sea lo adecuado", señala Rubén Sánchez, portavoz de Facua. A su juicio, la estrategia del Gobierno ha pasado más por "dar oxígeno y armas a la banca para engañar a los consumidores" que por evitar la "enorme ralentización" de la vía judicial. Por su parte, Javier Contreras, asesor jurídico-financiero en Adicae, dice ver con "escepticismo" que el plan vaya realmente a servir para agilizar los procesos judiciales. "Es algo que llegar tarde y mal. Nos sumamos a las críticas de los jueces", añade. 

Lo cierto es que en su comunicado, los jueces decanos ya alertaban de que la carencia de recursos podría ocasionar el "colapso" de estos juzgados "desde el mismo momento de su nacimiento". "Dada la situación caótica en la que nos encontramos se repartirán los mismos centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios. Obviamente el resultado de todo ello es que la medida, en lugar de agilizar las demandas, va a ralentizarlas, con evidente perjuicio para el ciudadano", denunciaron.

A pesar de ello, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, defendió este miércoles tras celebrar una reunión de coordinación con miembros del Ministerio de Justicia, incluido su titular, Rafael Catalá; y con consejeros autonómicos; que el objetivo del plan es resolver los litigios que se planteen en relación con las cláusulas suelo "sin que se vea afectado el tiempo de respuesta".

Por otro lado, Lesmes también aseguró que el plan "garantiza la uniformidad en la respuesta que reciban los ciudadanos a sus demandas y, por tanto, mayor seguridad jurídica". Esta es una cuestión que también cuestionan las asociaciones de consumidores, que recuerdan que la doctrina a seguir ya viene marcada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que el pasado diciembre sentenció que los bancos estaban obligados a devolver todo lo cobrado desde el inicio de la aplicación de las cláusulas suelo si los contratos eran abusivos. 

Vía extrajudicial 

Las asociaciones de consumidores lleven meses cuestionando el mecanismo bilateral de negociación entre clientes y entidades financieras pactado por el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos ideado precisamente la vía judicial a la que se remite este plan de "urgencia" de creación de juzgados especializados. En este sentido, han criticado que la vía extrajudicial otorga cierto margen de maniobra a los bancos porque son las entidades financieras las que, en última instancia, deciden a qué clientes ofrecen la devolución de lo cobrado en exceso y también si aplican alguna quita (descuento) sobre esos montantes y los intereses generados. 

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Javier Contreras, de Adicae, este mecanismo ha sido un "fracaso", pues asegura que apenas entre un 10 y 20% de los reclamantes están recibiendo todo el dinero cobrado de más desde el inicio de la aplicación de las cláusulas. "Muchas entidades rechaza la devolución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas o, peor aún, intentan engañar a los consumidores que reclaman ofreciendo cantidades muy inferiores a las que legalmente corresponden", señala. 

Por otro lado, Facua denunció ante el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad a trece bancos por supuestas irregularidades poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial. En concreto, negándose a aceptar la tramitación de reclamaciones que no hayan sido redactadas a través de los formularios que ofrecen en sus oficinas.

La asociación denuncia que de esta forma las entidades obligan a los usuarios a acudir a las sucursales bancarias personalmente aunque vivan en localidades donde no cuentan con sucursales -en muchos casos debido al cierre masivo de oficinas- o sean personas ancianas, enfermas o movilidad reducida. Las entidades denunciadas son Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.