Consumo abre expediente sancionador a empresas de alquiler turístico por anuncios engañosos

Fachada de un piso turístico, a 20 de mayo de 2024, en Madrid.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas ante la sospecha de que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

Según un comunicado emitido este jueves que recoge EFE, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas compañías estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada" al estar ofreciendo información falsa o que puede inducir a error.

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Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular o varias, cuando en realidad se trata de una empresa, prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves y recibir multas de hasta 100.000 euros. No obstante, el Ministerio recalca que esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haber llevado a cabo estas prácticas posiblemente engañosas.

Consumo considera que estas plataformas de alquiler turístico podrían estar realizando prácticas engañosas y alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. "Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario", detalla dicha ley.

Esta apertura de expedientes sancionadores tiene su origen en la investigación puesta en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando cientos de alojamientos turísticos en régimen de alquiler. En aquel momento, fuentes del sector confirmaron a EFE que Consumo había abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras haberle solicitado que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita". 

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