El copago en dependencia se ha incrementado un 90% desde 2009

El tijeretazo que el Gobierno ha dado a las partidas económicas que inyecta a las autonomías para el desarrollo de la Ley de Dependencia ha tenido consecuencias para las propias comunidades, que se quejan de que cada vez les cuesta más mantener el sistema; pero también para los ciudadanos, que cada vez tienen que poner más dinero de su bolsillo para ser atendidos. El último Observatorio de la Dependencia que edita la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que los usuarios corrieron en 2013 con el 19% de los costes estimados del sistema. En 2009 el porcentaje se situaba en el 10%, por lo que el aumento es del 90%. No obstante, el documento matiza que no todos los territorios han puesto en marcha el sistema de copago con la misma intensidad. 

El mismo documento pone de manifiesto cómo la financiación del sistema –la Ley de Dependencia fue pensada para que los costes se repartieran al 50% entre Estado y autonomías– está cada vez menos equilibrada. El Ministerio de Sanidad y Política Social aportó el año pasado el 20,7% del total del coste. Es decir, 1.317 de los 6.363 que costó mantener el sistema de prestaciones y servicios para las personas que no pueden valerse por sí mismas. En 2009 su aportación fue del 39,2% (1.517 millones de euros), aunque es cierto que ese año el coste total de financiación de las ayudas fue menor (3.874 millones de euros en total) porque el sistema estaba todavía en fase de implantación. En ese mismo período lo que aportan las autonomías también ha aumentado del 50,8% al 62%

"Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las Comunidades Autónomas", analiza José Manuel Ramírez, presidente de la plataforma. La minoración de la financiación estatal, concluye el informe, "ha repercutido en una reducción del gasto público global, sin que las comunidades autónomas, también involucradas en la reducción del déficit, puedan soportar dicha minoración y a un intento de pasarle la factura al ciudadano por la vía del incremento del copago o del descuento en el caso de las prestaciones económicas". 

Esta reducción en la financiación estatal tiene fácil explicación en el recorte acumulado del 15% que atesoran los Presupuestos Generales del Estado desde 2012. Además, en las cuentas públicas para ese año, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuía entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenía por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. 

El informe también refleja un panorama de estancamiento en el número de personas atendidas, aunque en los últimos meses parece que comienza a consolidarse una tendencia a la baja. De hecho, entre diciembre de 2011 y mayo de 2014 ha habido incluso un descenso neto de las personas que cuentan con algún tipo de ayuda o prestación. Han pasado de 738.587 a 736.777. La realidad es que las comunidades no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. Y ese es un dato que llama la atención especialmente si se tiene en cuenta que el pasado mayo había en España 184.060 personas que siguen esperando una ayuda o prestación a la que ya se les ha reconocido que tienen derecho. Cada mes de lo que llevamos de año dejó 3.413 personas menos recibiendo un servicio o prestación.

La desigualdad autonómica 

Además, el documento volvió a poner de manifiesto la dispar velocidad a la que avanza el desarrollo de la ley en las diferentes comunidades autónomas. Y es que nueve de las 17 comunidades autónomas suspenden en la aplicación de esta norma. "Se mantienen los desequilibrios graves entre territorios. Se aprecia con carácter genera la voluntad de los gestores autonómicos por atender mejor las necesidades de las personas dependientes de su ámbito, pero la situación financiera, si no se inyecta financiación estatal, imposibilita cualquier mejora", indica el informe. 

En este punto destaca especialmente el caso de Castilla y León, que obtiene la mejor nota, un 9,6; seguida del notable que el documento otorga al País Vasco (8,3). Suspenden estrepitosamente la Comunitat Valenciana (0,4), Canarias (0,8), Baleares (2,9), Asturias (3,8), Aragón (3,8) y Madrid (4,2). Y otras como Galicia, Navarra, Murcia logran el aprobado raspado. También en el suficiente están Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, que obtienen una puntuación de 5,4. A todas ellas les sigue Andalucía, con un 5,8, que es la tercera mejor puntuación del país. Ceuta y Melilla, donde el sistema lo gestiona el Gobierno central, están entre las suspensas, con un 1,3. Esta valoración se hace con una ponderación entre doce variables como el número de beneficiarios sobre el total de la población, el aumento de personas atendidas en el último año o la aportación de la comunidad por habitante y año. 

Asimismo, el informe detalla cómo el sistema registra también una tendencia a la baja en el número de personas calificadas como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria– que acceden a las ayudas. En mayo de 2014 (últimos datos disponibles) el número de personas valoradas con grado III, que incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,07% de todas las evaluadas. Eran en total 367.354. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total. En números absolutos eran 438.682. Es decir, en junio de 2011 había 71.328 personas más reconocidas como grandes dependientes que en mayo de 2014. Las cifras reflejan que, de media, cada mes el sistema ha dado cobertura a alrededor de 2.900 grandes dependientes menos.

Las ayudas a la Dependencia se estancan en cifras inferiores a las que heredó Rajoy en 2011

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Es cierto que los datos de 2011 aún no habían pasado por el tamiz del Tribunal de Cuentas, que evaluó la gestión de la ley y que en 2013 dictaminó que había en el sistema 13.418 expedientes que estaban duplicados o que pertenecían a personas ya fallecidas. No obstante son los únicos disponibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que depende el Ministerio de Sanidad y que ofrece la estadística mes a mes con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas. Sin embargo, aunque se diera el caso poco probable de que todos esos expedientes pertenecieran a personas evaluadas como grandes dependientes, la diferencia seguiría siendo significativa. Habría 57.910 personas menos valoradas con grado III en mayo de 2014 respecto a junio de 2011.

La disminución de personas valoradas con el grado III es provechosa para el Estado en términos económicos porque se reduce la cantidad de dinero que proporciona a las autonomías. Hasta el 31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades por cada dependiente con el único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta cantidad dependía de esa evaluación. Eran 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. La Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en entre 16 y 18 millones de euros el ahorro acumulado por la pérdida de expedientes de grado III entre julio de 2012 y diciembre de 2013.

El Gobierno acordó cambiar a partir de este año la financiación del nivel mínimo. Ya ha comenzado a financiar en función de los servicios prestados (residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio) y no del grado de dependencia de cada persona. A partir de enero de 2014 habrá una ponderación entre los servicios ofrecidos y las prestaciones económicas para servicios prestados en el hogar para favorecer a las autonomías que prestan más servicios y que, por tanto, incurren en gastos mayores.