La corrupción de Terra Mítica llega al banquillo

Con decenas de cargos del PP valenciano imputados y con el partido bajo investigación por financiación ilegal, Terra Mítica puede parecer un asunto menor. "El mejor parque temático de Europa", como lo defininió su impulsor y entonces alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, escondía una trama corrupta de 25 empresas que desvío 4,4 millones del IVA del 2000 y 2001 a través de facturas falsas. Un caso complejo, de instrucción tortuosa, que se juzgará, a partir de este lunes y hasta el 11 de septiembre, en la Audiencia de Valencia. Los delitos que se imputan a los 35 acusados, para los que se solicitan, en su mayoría, penas de entre 7 y 10 años, son administración desleal, apropiación indebida, blanqueo, falsificación y contra la Hacienda Pública.

Un juicio sin cargo alguno de la Administración valenciana de entonces en el banquillo. Y todo ello pese al cúmulo de irregularidades que se sucedieron desde el principio. En 1992 ardió intencionadamente el monte protegido del Moralet y en 1998 se recalificó pese a que la Ley Forestal prohíbe edificar en espacios incendiados. Pero Zaplana deseaba su pirámide y la quería pronto. Por eso se expropió rápido y sin respeto a la normativa (los tribunales condenaron a la Generalitat a pagar 73 millones más a los propietarios afectados). Y por eso se licitó a dedo y sin arreglo a la ley (la Administración valenciana hubo de devolver 20 millones tras una denuncia de la Unión Europea por creación de empleo indebidamente fundamentado).

En los pliegos y licitaciones ya aparecen empresas como Sedesa, de Vicente Cotino, procesado en la Gürtel, y Ortiz (Enrique) e hijos, constructor alicantino imputado en el caso Brugal. Ambas firmas, en Unión Temporal de Empresa (UTE), excavaron las cenizas y construyeron los accesos. Todo a lo grande, sobredimensionado, pese a los informes de las consultoras Economic Research Associates y Baker Leisoure Group, que sugerían un parque de atracciones más asequible y acorde a un impacto no superior a dos millones de visitantes anuales. Sin embargo se diseñó para tres millones, con pomposas recreaciones de civilizaciones antiguas y jardines en cada rincón pese a la carencia de agua en la zona. En el año 2000 se inauguró el parque y con él toda una época de grandes eventos y mayorías absolutas del PP.

Estalla el escándalo

Pero pronto se impuso la realidad. Ni tres ni tan siquiera dos millones de usuarios. Terra Mítica cayó en picado. Se sucedieron las ampliaciones de capital y, ya sin fuelle, en diciembre de 2003 entró en concurso de acreedores. La Inspección de Hacienda comenzó a hurgar en las cuentas del parque y en 2005 la Fiscalía se querelló contra la cúpula: Luis Esteban (expresidente), Antonio Rincón (exdirector técnico), Miguel Navarro (exdirector general y hombre de confianza de Zaplana) y Justo Valverde (exjefe de contratación, coronel retirado y excuñado de Zaplana). Estos dos últimos, según la Fiscalía, eran los cabecillas de la trama junto al empresario Vicente Conesa, a quien ya le había sido adjudicada ilegalmente la redacción del mapa verde y sonoro de Benidorm.

El ministerio público destaca que se desvió una parte de la construcción en forma de facturas falsas: “Unos documentos dotados de una apariencia de realidad, pese a que recogían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”. Un método que ha hecho fortuna con casos como Cooperación, Emarsa (saqueo de la depuradora de Pinedo) y la seis piezas de la Gürtel. Una arquitectura delictiva que, en este caso, quedó al desnudo gracias a la denuncia pública de José Camarasa, entonces diputado socialista en Les Corts. Ese mismo año, 2005, dos de los empresarios implicados, Antonio Moreno Carpio y José Herrero, contactaron con el político. “Sabían que les habían pillado y me propusieron información a cambio de dinero, pero no acepté”, recuerda.

Camarasa y los dos constructores se reunieron hasta cuatro veces. La última en su despacho de Les Corts. En aquella entrevista Moreno Carpio y Herrero confirmaron que se facturaba tres veces más del valor real y que el dinero iba a parar a cuentas cifradas de la Banca Privada de Andorra y la sede central del Santander en Madrid.

De aquellas sumas, percibían una tercera parte y en una ocasión llegaron a quejarse a Conesa, que les soltó: “No creáis que me lo quedo yo todo. Reparto entre gente más gorda, entre ellos Zaplana”. Es lo que explica Camarasa de aquella reunión, que grabó secretamente y entregó en una cinta al fiscal. Una documentación que sirvió para abrir una rama de la investigación que apuntó al expresidente de la Generalitat, quien negó de forma rotunda la acusación y se querelló a su vez contra Camarasa. Nada pudo probarse. Y respecto al parlamentario, el Tribunal Superior de Justicia valenciano sentenció que había cumplido con su obligación cívica de poner en conocimiento de la justicia posibles casos de corrupción.

Un ganga

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Asediada por el escándalo y la crisis económica, Terra Mítica continuó devaluándose. En 2010 tuvo 535.000 visitantes. Y 680.000 al año siguiente. Cifras insuficientes para mantener la súperestructura, que fue vendida a Aqualandia en junio de 2012. Los nuevos dueños pagaron 65 millones por un parque que había costado 377 millones, el 70% de los cuales salieron de la Generalitat, la CAM y Bancaja, y el 30% restante de accionistas privados. Un ganga y un agujero para las arcas públicas valencianas. Uno mas.

Como en el caso de la vecina Ciudad de la Luz, con más de 300 millones troceados en lotes y puestos sobre el mostrador. O la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se presupuestó en 300 millones y alcanza los 1.300 de sobrecoste, y a la que –por ingobernable– se le busca gestor privado. Lo mismo que en el aeropuerto sin aviones de Castellón, que costó 140 millones y se han regalado, junto a 25 más, a la empresa canadiense SNC-Lavalin.

Este es el resumen de la estrategia de los grandes eventos valencianos. Un auténtico catálogo de agujeros de chollo.