El año que está a punto de culminar pasará a la historia como uno de los de mayor sequía legislativa en el Congreso de los Diputados. A punto de culminar la actividad parlamentaria por el parón navideño –el único Pleno de diciembre es el de los días 12 y 13–, la Cámara Baja ha aprobado únicamente nueve leyes en todo 2017, a pesar de que ha estado funcionando durante todo el año. Además del atípico 2016 (dos leyes orgánicas aprobadas), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo diez meses en funciones y por tanto sin capacidad de proponer iniciativas legislativas, sólo hay otros dos registros peores desde que se aprobó la Constitución hace cuatro décadas: en 2004 y en 2008, en ambos casos con las Cortes disueltas durante casi tres meses por la convocatoria de elecciones generales, y cuando se aprobaron 7 y 6 leyes, respectivamente.
Otros cuatro años con convocatoria electoral también tuvieron una actividad legislativa baja, algo razonable al estar disueltas las Cortes parte del tiempo, aunque las cifras son mucho mayores que en los años negros anteriormente comentados. Se trata de 1996, con 19 leyes aprobadas, y 1989, 1993 y 2000, todos ellos con 23 normas.
Las fuentes del PP consultadas coinciden a la hora de señalar un culpable de este escenario: la situación en Cataluña. El referéndum del 1-O y la respuesta del Estado al llamado "desafío soberanista" no sólo ha consumido una parte importante del tiempo en los plenos, comisiones y otros órganos parlamentarios. También mantiene en modo de espera iniciativas de calado como los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El Ejecutivo confía en que, una vez transcurridas las elecciones del 21D, pueda reeditar el pacto que les permitió aprobar las cuentas públicas de 2017. Para ello es necesario el concurso del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Las iniciativas más recientes en el tiempo han sido aprobadas este noviembre. Son tres y tienen que ver con la adaptación al ordenamiento jurídico español de directrices de la Unión Europea. Mariano Rajoy estuvo casi un año como presidente del Gobierno en funciones y dada la imposibilidad de aprobar leyes en esas circunstancias, España tiene una importante acumulación de trasposiciones pendiente.
Se trata de la Ley 7/2017 por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo; de la Ley 8/2017 sobre precursores de explosivos, y de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento Europeo y del Consejo.
También la primera de las leyes del año era una trasposición. Se aprobó en abril y era sobre la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Quizá la ley que más trabajo ha costado sacar al Gobierno de las nueve de este 2017 son los Presupuestos Generales del Estado. Fueron publicados el pasado junio en el BOE después de pasar el trámite parlamentario habiendo sumado a los votos del PP y sus aliados electorales los de Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias. Esta iniciativa proporcionó oxígeno a Rajoy en un momento en el que no pocas voces en su partido auguraban una legislatura "muy corta".
Junto a estas iniciativas, han salido adelante las leyes de asistencia jurídica gratuita; de Jurisdicción Voluntaria; de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, y de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Paralelamente, el Ejecutivo ha hecho de los vetos a las iniciativas de la oposición uno de los ejes de su actividad parlamentaria. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha vetado 50 iniciativas parlamentarias. Treinta y ocho corresponden a los partidos y el resto a los parlamentos autonómicos.
Recientemente, el pleno del Congreso aprobó, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para limitar la capacidad de veto del Gobierno.
Los retos más inmediatos
El Ministerio de Hacienda confía en poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en los primeros meses del año. Esto implica que 2018 arranque con las cuentas públicas de 2017 prorrogadas.
Cuestión importante es también la reforma del modelo de financiación autonómica, una iniciativa vinculada a que haya Presupuestos. Con la aprobación del cupo vasco por parte del Congreso, la semana pasada afloraron las críticas de otras comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular. El Gobierno ya ha asumido que este año faltará al compromiso al que había llegado de tener listo un nuevo modelo. Pospone su promesa a 2018. Pero siempre que se dé una condición: el apoyo del Partido Socialista.
Los conservadores, sin mayoría absoluta en el Congreso, sostienen que este tipo de reformas de calado han de salir adelante con, al menos, el apoyo del principal partido de la oposición.
La intención del Ejecutivo es que esta reforma sea uno de los temas que se aborde en la comisión sobre el modelo territorial pactada, a petición del líder del PSOE, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en las negociaciones que mantuvieron de cara a la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Un órgano parlamentario que nace tocado por la resistencia de los conservadores a abrir el melón de la reforma constitucional. Mientras Sánchez insiste en que quedó con Rajoy en abrir este debate transcurridos seis meses desde el arranque de la comisión, el jefe del Ejecutivo insiste en que "siempre cumple sus compromisos" sin aclarar que acordó concretamente con el líder socialista.
Lo único que ha dejado claro Rajoy es que la reforma de la Carta Magna "no puede ser un premio para aquellos que han decidido liquidar la Constitución".
El PSOE echa en cara a Rajoy su "inexistente" actividad legislativa
Propósito de enmienda para 2018
En el Consejo de Ministros de este jueves, el Gobierno presentó por primera vez el denominado Plan Normativo Anual, que contempla todas las leyes que tiene previsto aprobar en 2018 (ver aquí el texto íntegro). En caso de que el Gobierno cumpla sus intenciones, supondrá un cambio notable respecto a 2017, ya que prevé aprobar 9 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias. En total, 47 normas con rango de ley, lo que supondría el mejor registro de un Gobierno de Rajoy, sólo superado por las 64 que sacó adelante en 2015, cuando aún gobernaba con mayoría absoluta aunque todas las encuestas pronosticaban que las perdería en las elecciones de aquel año, como así sucedió.
Además de los Presupuestos para 2018 y 2019, entre las leyes más relevantes que prevé sacar adelante el Gobierno están las siguientes: una ley orgánica de modificación de medidas de protección integral contra la violencia de género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de la suscripción del pacto de Estado; una ley de menores sin alcohol, para adoptar acciones preventivas eficaces em esa materia; una ley de cambio climático y transición energética, que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía; la ley orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros que viajen en avión, medida planteada para luchar contra el terrorismo y otros delitos graves, y la ley de modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que Rajoy había prometido para 2017, pero que sigue paralizada ante la falta de acuerdo entre los principales partidos.
El año que está a punto de culminar pasará a la historia como uno de los de mayor sequía legislativa en el Congreso de los Diputados. A punto de culminar la actividad parlamentaria por el parón navideño –el único Pleno de diciembre es el de los días 12 y 13–, la Cámara Baja ha aprobado únicamente nueve leyes en todo 2017, a pesar de que ha estado funcionando durante todo el año. Además del atípico 2016 (dos leyes orgánicas aprobadas), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo diez meses en funciones y por tanto sin capacidad de proponer iniciativas legislativas, sólo hay otros dos registros peores desde que se aprobó la Constitución hace cuatro décadas: en 2004 y en 2008, en ambos casos con las Cortes disueltas durante casi tres meses por la convocatoria de elecciones generales, y cuando se aprobaron 7 y 6 leyes, respectivamente.