La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, formaban parte del Gobierno de Esperanza Aguirre al que un informe de la Intervención del Estado (IGAE) incorporado al sumario de Púnica atribuye haber incurrido en una "cuádruple infracción legal" por encomendar el mayor plan regional de inversión pública a la empresa pública Arpegio. Cuando el Ejecutivo madrileño dio vía libre el 2 de febrero de 2006 a que el Prisma quedase en manos de Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados y escenario de una –presunta– operativa de saqueo continuado, Cospedal dirigía la Consejería de Transportes. Y Engracia Hidalgo ocupaba el cargo de consejera de Hacienda. Entre 2006 y 2011 y con el objetivo formal de dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios de Madrid, el Prisma dispuso nada menos que de 1.000 millones de euros.
El equipo de la ministra de Defensa, al que infoLibre trasladó un resumen del contenido del informe de la IGAE con párrafos literales de sus principales argumentos, declinó pronunciarse. Sí lo hicieron los portavoces de la consejera madrileña Engracia Hidalgo. Y remarcaron dos puntos: que tanto la Intervención General de la Comunidad como los servicios jurídicos emitieron informe favorable previo a la firma del convenio con Arpegio y que, además, el asunto llegó a la mesa del Consejo de Gobierno por iniciativa de la Consejería de Presidencia. O sea, por iniciativa de Francisco Granados. En el bienio 2006-2007, el Prisma manejó 300 millones; en la siguiente edición, 2008-2011, su presupuesto ascendió a 700 millones.
"Deberán ser los tribunales, si así procede, los que diriman las discrepancias legales que puedan existir entre el informe de la IGAE y el de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid", subrayaron los portavoces de Hidalgo. "En la Comunidad de Madrid –fue su apostilla– estamos a disposición de la Fiscalía como siempre para aclarar cualquier asunto que considere".
Este diario preguntó a portavoces oficiales de la Fiscalía si Anticorrupción considera que estamos ante una mera infracción administrativa o si, por el contrario, observa visos de un potencial delito de prevaricación. No hubo respuesta, pero las fuentes consultadas entienden que si Anticorrupción viera indicios de delito habría pedido que se dedujese testimonio. Es decir, que se diera el primer paso para investigar penalmente a quienes participaron en la adopción del acuerdo de febrero de 2006 y del de septiembre de 2008.
La única página del citado informe de los servicios jurídicos que fuentes de la Comunidad de Madrid facilitaron a este diario dice que la encomienda –el encargo, en argot jurídico- a Arpegio para la preparación y ejecución del Plan Prisma se ajustaba a la normativa sobre contratos públicos. Y añade que "las actuaciones que Arpegio realice a través de terceros quedan sujetas a la Ley de Contratos". Lo que la IGAE reprocha al Gobierno madrileño es que incumpliese la ley estatal sobre procedimiento administrativo y su equivalente a escala regional. La vulneración de esas normas, aduce la Intervención, permitió que Arpegio asumiera al completo el Plan Prisma. Y eso no solo evitó la fiscalización previa de las decisiones vinculadas al Prisma sino que eximió a Arpegio –entidad pública que se rige por el derecho privado– de aplicar la legislación sobre contratos públicos salvo en los sujetos a regulación armonizada.
Según Anticorrupción, utilizar Arpegio como "instrumento de control de los presuntos negocios de corrupción fue algo planificado indiciariamente desde el primer momento". Pero el plan de convertir Arpegio en herramienta para el –presunto– desfalco de fondos públicos a gran escala prosperó gracias, entre otros factores, a que el el Ejecutivo madrileño autorizó el 2 de febrero de 2006 la firma de un convenio que encomendaba la aplicación integra del Plan Prisma a Arpegio. El 25 de septiembre de 2008, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la firma de un segundo convenio con Arpegio. Para entonces, Cospedal ya no pertenecía al equipo de Aguirre. Engracia Hidalgo, sí, aunque en esa nueva legislatura como consejera de Asuntos Sociales.
Al igual que la IGAE, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la "encomienda o encargo [a Arpegio] vulneró los artículos 15 de la ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y 150 y 151 de la ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid". El juez Eloy Velasco, a punto ya de abandonar la instrucción de Púnica para incorporarse a su nuevo destino, hizo suyo el diagnóstico de la Fiscalía –que el acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid vulneró la legislación estatal y autonómica– en el auto por el que el 16 de mayo ordenó el registro de Arpegio. A través de esa misma resolución, el magistrado citó como investigados a todos los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio salvo al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que goza de aforamiento.
La colaboración del Gobierno regional, ni "espontánea" ni "leal"
Ese registro se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En el mismo informe de mayo donde las fiscales del caso hicieron constar que el Gobierno de Aguirre infringió la legislación estatal y la autonómica al entregar a Arpegio aquellos dos planes Prisma cuantificados en 1.000 millones aparece un durísimo reproche al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes. "Se hace difícil confiar que haya una
colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia". Precisamente por eso –y así lo explicita su informe– las fiscales pidieron varios registros, entre ellos el de Arpegio.
El informe de la Fiscalía no hace valoraciones jurídicas sobre los dos acuerdos del Gobierno madrileño a los que atribuye una infracción de la normativa. El de la IGAE, tampoco. Pero es tajante en sus argumentos. Y, punto por punto y acompañando cada afirmación de prolijas referencias jurídicas, detalla por qué habla de “cuádruple infracción legal”. El primer argumento es que ni la legislación estatal sobre procedimiento administrativo ni la autonómica autorizaban a la Comunidad de Madrid (CAM) a atribuir a Arpegio la potestad de realizar los actos jurídicos previos al cumplimiento del Plan Prisma. ¿Por qué? Porque esos actos jurídicos “deben ser acordados por la Administración de la CAM”.
Segundo, prosigue el informe, porque la normativa también vetaba que la ejecución del plan quedase en manos de “un ente instrumental sujeto a derecho privado”. Y eso exactamente eso era Arpegio. Hace un año, la presidenta Cristina Cifuentes anunció la disolución de Arpegio.
El tercer argumento de la IGAE queda resumido así: la ley tampoco permitía que se dejase la implementación del Plan Prisma en manos de un organismo carente, como Arpegio, de “los medios materiales idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.
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El cuarto argumento de la IGAE sobre el carácter ilegal de la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre resulta igualmente demoledor: que el marco normativo vigente en 2006 y en 2008 –también ahora- solo da vía libre a que la Administración delegue su competencia si concurren “razones de eficacia o que el encomendante no posea los medios técnicos idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.
Pero la Comunidad de Madrid, recalca el informe, sí “disponía de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del Plan Prisma”. Ese aserto lo sustenta la IGAE citando literalmente los argumentos de la propia Comunidad: aquellos manejados en el propio decreto del Gobierno de Aguirre que aprobaba el Plan Prisma para el periodo 2006-2007 y donde se dejaba constancia de que la Administración regional había desarrollado “con sus propios medios” los dos los planes anteriores homónimos. Esos dos primeros Prisma se lanzaron entre 1997 y 2005 y sumaron una inversión de casi 1.300 millones.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, formaban parte del Gobierno de Esperanza Aguirre al que un informe de la Intervención del Estado (IGAE) incorporado al sumario de Púnica atribuye haber incurrido en una "cuádruple infracción legal" por encomendar el mayor plan regional de inversión pública a la empresa pública Arpegio. Cuando el Ejecutivo madrileño dio vía libre el 2 de febrero de 2006 a que el Prisma quedase en manos de Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados y escenario de una –presunta– operativa de saqueo continuado, Cospedal dirigía la Consejería de Transportes. Y Engracia Hidalgo ocupaba el cargo de consejera de Hacienda. Entre 2006 y 2011 y con el objetivo formal de dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios de Madrid, el Prisma dispuso nada menos que de 1.000 millones de euros.