María Dolores de Cospedal no solo se sacudió ayer miércoles cualquier responsabilidad por que Luis Bárcenas siguiera en nómina del PP hasta enero de 2013 –fue un despido en diferido, reiteró- sino que dio a entender que la decisión fue de Rajoy. Durante su declaración en calidad de testigo ante el juez Pablo Ruz, y esta vez sin rodeos ni sobrentendidos, la número dos del PP relató cómo tras el encuentro que Bárcenas y su mujer celebraron en abril de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, el presidente le trasladó personalmente dos directrices: el partido pagaría la defensa jurídica del extesorero, entonces ejercida por el bufete de Miguel Bajo, y le mantendría una sala como despacho en la sede central de la madrileña calle Génova. En abril de 2010, Bárcenas llevaba 10 meses imputado. Y los informes policiales y tributarios del caso Gürtel ya apuntaban a que el PP se había financiado ilegalmente.
Cospedal aseguró ante el juez que tras aquella reunión nadie le comunicó que Bárcenas seguiría cobrando del partido. Conoció –así lo dijo- el acuerdo económico ocho meses más tarde. En otras palabras, también eso se lo dieron hecho, expresióncon que la secretaria general del PP se refirió a su papel en el pacto con Bárcenas, con quien Cospedal admite mantener una enemistad inquebrantable.
En abril de 2010, justo el mes en que el exsenador se dio de baja como militante sin que el PP hubiera nombrado nuevo tesorero, Cospedal tenía bajo su reponsabilidad las finanzas del partido.
Al declarar que fue Rajoy quien le notificó que la organización asumiría el coste de la defensa legal de Bárcenas, la secretaria general se presenta así como mera cumplidora de una orden que ese año reportaron 174.000 euros a una empresa del letrado Miguel Bajo. El prestigioso penalista representó a Bárcenas hasta que, hace un mes escaso, el extesorero rompió la baraja, comenzó a aportar datos muy comprometedores y designó como abogado al exjuez Javier Gómez de Liaño.
El testimonio de Cospedal deja en el aire una incógnita: la de por qué su jefe le comunicó su decisión sobre los abogados de Bárcenas, que implicaba librar pagos, y no hizo otro tanto con el pretendido despido a plazos que durante casi tres años más mantuvo al hoy recluso en nómina con 14 pagas de 18.00 euros.
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La número dos del PP y presidenta de Castilla La Mancha negó tajante que el partido llevara una doble contabilidad, la oficial y la B, y adujo que se está produciendo un debate ambiguo sobre los llamados sobresueldos. Una cosa, vino a decir, son los pagos opacos, que según su versión jamás existieron, y otra son las remuneraciones que en concepto de gastos de representación abona la formación política a sus dirigentes. Entre 2006 y 2011, el PP destinó 28 millones de euros a retribuir a un centenar de cargos orgánicos, buena parte de los cuales ya perciben un salario por su puesto de elección pública.
La dirigente conservadora dijo estar sorprendida por la declaración testifical que el martes prestó Cristóbal Páez, gerente del PP entre 2008 y mayo de 2010 y quien narró con detalles el enfrentamiento abierto entre Cospedal y Bárcenas, que seguía manejando los entresijos financieros del partido tras su cese provisional como tesorero, en junio de 209.
Según la secretaria general, resulta imposible que Bárcenas siguiese impartiendo órdenes a Páez dado que ambos mantenían una relación pésima. Y es materialmente imposible que Bárcenas controlase cualquier parcela de la tesorería a partir de octubre de 2009 dado que fue entonces cuando el partido revocó el poder notarial que la propia Cospedal le había otorgado en 2008.
María Dolores de Cospedal no solo se sacudió ayer miércoles cualquier responsabilidad por que Luis Bárcenas siguiera en nómina del PP hasta enero de 2013 –fue un despido en diferido, reiteró- sino que dio a entender que la decisión fue de Rajoy. Durante su declaración en calidad de testigo ante el juez Pablo Ruz, y esta vez sin rodeos ni sobrentendidos, la número dos del PP relató cómo tras el encuentro que Bárcenas y su mujer celebraron en abril de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, el presidente le trasladó personalmente dos directrices: el partido pagaría la defensa jurídica del extesorero, entonces ejercida por el bufete de Miguel Bajo, y le mantendría una sala como despacho en la sede central de la madrileña calle Génova. En abril de 2010, Bárcenas llevaba 10 meses imputado. Y los informes policiales y tributarios del caso Gürtel ya apuntaban a que el PP se había financiado ilegalmente.