Las personas dependientes miran de reojo una crisis que parece inminente sin haber reparado las secuelas de la anterior. Lo hacen con unas cifras en la recámara que no invitan al optimismo. La última crisis conllevó un tijeretazo de 5.864 millones de euros acumulado desde el año 2012. Desde el inicio de la pandemia, los datos funcionan como advertencia: abril registró un descenso de 15.421 personas con derecho a prestación respecto al mes anterior. Es la primera caída en lo que va de año. En enero, las personas con derecho a prestación fueron 1.386.398, en febrero 1.388.714 y en marzo 1.391.161. En abril se rompe la tendencia y la cifra se instala en 1.375.740 personas con derecho.
Abril también ha quedado marcado por un declive en el total de las personas beneficiarias con prestaciones: 7.396 menos. De nuevo, el primer descenso en lo que va de año. En enero las personas con prestación fueron 1.115.616, en febrero 1.120.879, en marzo 1.121.520 y en abril 1.114.124.
Así lo ha revelado este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. José Manuel Ramírez, su presidente, expresa en conversación con infoLibre su preocupación por el descenso entre el número de beneficiarios y personas con derecho a asistencia. Una caída que es "fruto de la paralización del sistema". El estado de alarma, relata, "ha paralizado el sistema", de manera que "o se toman medidas alternativas para poner en funcionamiento el sistema o los datos serán progresivamente peores". A ello hay que sumarle, lamenta, "los fallecimientos en residencias y en listas de espera".
Abril ha registrado un incremento de personas a la espera de valoración de dependencia, que ya asciende a 153.306. En total, existen 414.922 personas dependientes que están aguardando un procedimiento. Y entretanto, 85 personas fallecen al día sin haber recibido el servicio al que tienen derecho. El 54% de los solicitantes, recalca la organización, supera los ochenta años de edad. "La crisis anterior la pagaron las personas dependientes con un recorte acumulado de 5.824 millones y hoy podemos asegurar, con los datos de abril, que las personas dependientes, las más vulnerables, han empezado a pagar esta crisis".
Ante el panorama y con el eco de la anterior crisis económica todavía resonando, el líder de la asociación reclama "medidas urgentes e imprescindibles". Habla, en primer lugar, de "simplificar todos los procedimientos", sin necesidad de reformar la ley. Se trata de esquivar los trámites burocráticos, postergando un nuevo Programa Individual de Atención (PIA) con una nueva resolución para, en su lugar, suspender el centro de día y adjudicar horas de servicio a domicilio o una prestación por ayuda a las familias, a través de las comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta la "vulnerabilidad de las personas dependientes, muchas mayores de 80 años, la posibilidad de implantar el botón gratuito de teleasistencia, de manera automática e inmediata, sería una manera de garantizar que esas personas están atendidas", sugiere Ramírez. En esa misma línea, cree importante "unificar los procedimientos de resolución" en lo que se refiere a la "valoración administrativa y de provisión del servicio, hacerlo todo en uno". En un escenario de emergencia, el portavoz de la asociación defiende además la "prescripción del trabajador social de referencia, que pueda prescribir los recursos sin necesidad de pasar por esas resoluciones administrativas complejas".
Igualmente, Ramírez recuerda que la emergencia no debe funcionar como pretexto para frenar las valoraciones: "Es muy importante volver a hacerlas, hay que reanudarlas cuanto antes con procedimientos seguros para profesionales y usuarios". Y sobre todo, reclama, "revalorizar la ayuda a domicilio".
Para Ramírez, urge que el Gobierno de Pedro Sánchez acometa un "cambio de la ley mediante real decreto para rectificar los recortes" que permita además "la compatibilidad de todas las prestaciones y servicios". En los centros sociosanitarios, los más perjudicados por la crisis, el portavoz es partidario de "monitorizar los datos e instaurar protocolos que garanticen la asistencia".
El problema de las residencias
Aurelia Jerez está al frente de la Coordinadora de Plataformas de Dependencia. En entrevista con este diario, confía en que las autoridades no hagan resucitar los fantasmas de la crisis pasada. Recuerda que el "anterior proyecto presupuestario había incrementado en más de 800 millones" la partida dedicada a dependencia. "No salieron aprobados, pero entendimos en ese momento que el actual Gobierno pretende mejorar la situación y esperamos que tras la crisis no nos deje abandonados".
Pese a la confianza que de manera expresa manifiesta la portavoz de la coordinadora, su crítica al actual sistema es mordaz. "Tenemos que volver a repensar nuestro catálogo de servicios, cómo queremos que sean nuestras residencias, porque tenemos un modelo fallido", sostiene. "Estudiar entre todos cómo lo queremos volver a desarrollar".
Jerez se aferra a las lecciones tras la emergencia sanitaria. "De todas las crisis se pueden sacar aprendizajes y esta nos tiene que servir para repensar el modelo de dependencia", exclama. Se detiene en el drama de las residencias y aterriza de lleno en el modelo privado. "Hay comunidades que jamás han creado plazas públicas y para la empresa privada siempre seremos un negocio, olvidan que a las personas no se les puede tratar como simples números", lamenta. Para caminar hacia un modelo más avanzado, Jerez cree fundamental mejorar la calidad asistencial, pero también "que los trabajadores de las residencias estén mucho más valorados, con salarios dignos y ratios apropiadas". Sin presupuesto y sin personal, pronostica, el problema no hará otra cosa que enquistarse.
En los mismos términos se expresa Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare). Su asociación prepara una misiva dirigida a la Vicepresidencia Segunda con un diagnóstico de la situación y las demandas que creen necesarias para avanzar. "Creemos que se debería modificar la Ley de Dependencia para dar un cauce de participación de los familiares en las residencias", explica al otro lado del teléfono, "o bien a través de órganos o de asociaciones de familiares". Por otro lado, subraya Vázquez, lo que está ocurriendo en las residencias "en gran medida tiene que ver con la falta de personal y las ratios basadas en criterioa erróneos, para beneficio de las empresas y ahorro de las administraciones".
Existe una "indeseable desproporción entre lo público y lo privado, a favor de lo segundo". En ese sentido, comenta, "esa desproporción es la que provoca que no existan las plazas residenciales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", por lo que urge la creación de "70.000 plazas cubiertas por lo público". Después de lo que está ocurriendo, remata el portavoz de la plataforma, "hay que establecer límites: no puede ser que las residencias estén en manos de fondos que tributan en paraísos fiscales".
Fase 1 y centros de día
Un total de 35.277 dependientes han fallecido en lo que va de año en lista de espera
Ver más
Las voces consultadas se detienen en otro aspecto: los centros de día. De acuerdo a la orden que regula la desescalada hacia la fase 1, queda permitida la apertura de los centros de día, que deberán estar disponibles para la atención presencial a las personas en situación de dependencia. Un extremo ampliamente criticado. "Alguien inconsciente del Ministerio de Sanidad ha permitido abrirlos en la primera fase", lanza Ramírez. Los centros de día, recuerda, son espacios colindantes a las residencias de mayores, en su mayoría, o incluso integrados en las mismas. Pero además, el traslado a los centros se produce en transporte público, habitualmente furgonetas, repletas de "personas muy vulnerables".
También José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha, lo tacha de "auténtico despropósito" y recuerda que las personas dependientes son "un grupo de alto riesgo". Si se han cerrado, expresa, "es porque ahí estaba el foco". Es partidario de mantener medidas "absolutamente estrictas en materia de sanidad" y en añadido "articular otra normativa para que puedan ser atendidos por los servicios sociales".
Gómez-Ocaña presta su propia historia como ejemplo. Sus hijos, ambos con un grado de dependencia, no acuden al centro de día desde finales de febrero. En uno de los espacios han terminado por registrar quince contagios y dos muertes. "Cómo les voy a llevar, es jugar a la ruleta rusa", clama. A su juicio, resulta fundamental "habilitar servicios o prestaciones para seguir cuidándolos en casa" y eso pasa porque "la reducción de jornada para el cuidado esté remunerada". Sobre el después de la crisis, arrastra dudas: "Es evidente que no somos el sector que más votos mueve y está claro que a la hora de recortar no les va a temblar la mano".