El pulso entre la seguridad de los funcionarios y los derechos de los presos que incendia las cárceles catalanas

Los trabajadores penitenciarios de Cataluña están en pie de guerra. El asesinato el pasado miércoles de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) a manos de un interno ha desencadenado un terremoto en el sistema carcelario cuyas consecuencias son aún difíciles de calcular. A las puertas de las elecciones del 12M, el Govern enfrenta una crisis sin precedentes que tiene todas las de convertir el final de la legislatura de Pere Aragonès en un camino de espinas.

La muerte de la trabajadora ha sido el detonante que ha hecho estallar la indignación de trabajadores y funcionarios, que se han plantado ante la Consellería y no piensan ceder hasta que dimita la cúpula penitenciaria. La exigencia es clara: piden la cabeza del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y de rebote, la de la titular de Justicia, Gemma Ubasart.

No se andan con chiquitas. Llevan días bloqueando los accesos de las distintas cárceles catalanas —con excepción de la tregua del domingo— y, aunque este martes han dado una tregua, amenazan con retomar las protestas si no se atienden sus demandas. Esta situación ha obligado a confinar a más de 5.000 presos en sus respectivas celdas, a suspender unos 50 juicios y a movilizar a los Mossos d’Esquadra, que este lunes han actuado para permitir el acceso por carretera a la prisión de Quatre Camins (Barcelona).

Crecen las agresiones a trabajadores

Dicen los sindicatos que el problema viene de lejos, que en las prisiones cada vez hay más inseguridad y que las agresiones a trabajadores van en aumento. Las encuestas les dan la razón. Según datos del departamento de Justicia, en los últimos siete años se han triplicado las agresiones a funcionarios. En 2017 se registraron 202, de las cuales 31 fueron graves, mientras que en 2023 fueron 577, la mayor cifra hasta el momento. Del total, 80 fueron casos graves e implicaron la baja laboral de las víctimas. Estas cifras no son exactamente las mismas que divulga el sindicato CSIF, que eleva a 582 las agresiones sufridas por trabajadores el año pasado. En cualquier caso, ambas muestras revelan una misma realidad.

Es por ello que los sindicatos exigen más recursos humanos y materiales para poder hacer frente a la situación, así como cambios legislativos que los amparen, como el hecho de que se los reconozca como agentes de autoridad. Consideran que se atienden más los derechos de los presos que la seguridad de los funcionarios. “Las movilizaciones no tienen nada que ver con las condiciones laborales ni económicas. Reclamamos más seguridad. Reivindicamos el derecho a la vida”, señalaba a los medios Xavier Martínez, portavoz de UGT prisiones, el sindicato mayoritario del sector. 

Un modelo demasiado laxo para los sindicatos

Sin embargo, de fondo planea otra cuestión. Si los sindicatos han decidido hacer un pulso al ejecutivo de ERC también es por la política penitenciaria actual, que consideran demasiado laxa y culpable del incremento “sin freno” de incidentes en las cárceles. Un modelo que defienden diversos exconsellers y antiguos responsables de prisiones de la Generalitat y que tiene en Calderó a uno de sus máximos artífices. 

Titular de prisiones del Govern desde 2016 —salvo en la etapa de Lourdes Ciuró (Junts) al frente del departamento entre 2021 y 2022—, este licenciado en Derecho y funcionario de carrera lleva años en el punto de mira de los sindicatos, que le reprochan falta de mano dura en la gestión de las prisiones. Su mandato ha estado marcado por el énfasis en las medidas de reinserción, las medidas penales alternativas y por su apuesta para que los funcionarios ejerzan como agentes sociales en la evolución de los presos y no como simple personal de seguridad.

Uno de los principales motivos de fricción con los sindicatos ha sido justamente la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos oscuros de los recintos penitenciarios, así como la obligatoriedad de que los vigilantes lleven a cabo cursos de formación en derechos humanos para evitar torturas y maltratos a presos, en aplicación del Protocolo de Estambul. La gestión de Calderó también es conocida por la limitación de las contenciones mecánicas, los programas para la prevención de suicidios, programas para internos trans y mujeres embarazadas, por potenciar el tercer grado entre los reclusos y por el cierre de La Modelo. Pero si su nombre ha copado titulares en todo el país es porque en su día fue el encargado del traslado de los presos del procés a cárceles catalanas, además del responsable de supervisar los permisos concedidos en contra del criterio de la Fiscalía.

Su “cese fulminante” es la condición sine qua non de las organizaciones sindicales para sentarse a negociar, pero dice la Generalitat que esta posibilidad no está sobre la mesa. “Una cabeza no es el mejor punto de partida para hablar”, defendía en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. “Es el mejor profesional que tenemos para resolver la crisis. Su currículum lo avala”, zanjaba la consellera Ubasart.

Más vigilancia en las cocinas 

Despejada la incógnita sobre una posible renuncia de Calderó, el ejecutivo catalán se muestra contundente: la situación se está convirtiendo en una bomba de relojería. Si no se reabren los accesos a las cárceles para poder desconfinar a los presos, el riesgo de motines o mayores incidentes no deja de crecer. También las entidades de derechos humanos alertan que este “aislamiento ilegal” vulnera derechos de los presos y pone en riesgo la convivencia en los centros. Por eso, tras la reunión del gabinete de crisis, el gobierno catalán ha exigido a los sindicatos que dejen de promover el “caos” con un bloqueo “ilegal” sin convocatoria de huelga. Y advierten: no descartan sancionar a los trabajadores que no acudan a sus puestos.

A falta de explicaciones que ayuden a entender qué falló para que un interno condenado por matar a una mujer con un cuchillo estuviera destinado a la cocina de la cárcel, Ubasart se ha comprometido a reforzar la vigilancia de los servicios en las prisiones. Se trata de una de las tres medidas que ha pactado con el Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), la empresa pública para la que trabajaba la cocinera asesinada, y que entrarán en vigor en un máximo de 48 horas. También se incluye la obligatoriedad de que el personal lleve dispositivos de comunicación y emergencia y que siempre haya al menos dos trabajadores en los servicios.

Estas propuestas concretas llegan después de que el lunes por la mañana los sindicatos dieran doble plantón a la consellería, que los había convocado a dos reuniones para desencallar la situación y atajar las protestas. Las organizaciones rechazaron asistir porque creen que la cita era “una provocación” e insisten en que no se sentarán en la mesa hasta que haya dimisiones. “La pelota la tiene la consellera”, subrayaba el portavoz UGT. “Esto se soluciona desde el diálogo, pero con interlocutores que quieran enfrentar esta problemática. Con los actuales dirigentes no se genera ningún tipo de confianza”, enfatizaba. Un mismo mensaje que han ido repitiendo a lo largo de estos días distintos representantes sindicales desde las puertas de las cárceles.

El objetivo: desactivar las protestas

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En estos momentos, el principal objetivo del Govern es frenar las movilizaciones para poder normalizar la actividad de los centros penitenciarios. El ejecutivo de Aragonès no tira la toalla y ha vuelto a convocar este martes a los sindicatos a una nueva reunión para darles detalles sobre la investigación interna del asesinato. Recalcan que quieren profundizar en las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores, una batería de acciones que pasa por incorporar al sistema entre 700 y 800 nuevos profesionales dedicados a mejorar el clima social y reducir los incidentes. Sin embargo, tampoco hoy se han presentado.

Durante la jornada del martes, los abogados también redoblaron la presión. A través de un comunicado, el Consejo de la Abogacía Catalana denunció que no se pueden comunicar con sus clientes, ni presencialmente ni telemáticamente. Se sumaron al debate una docena de exresponsables de prisiones para recalcar que, si bien el asesinato de la cocinera de Mas d’Enric es un hecho “dramático”, también es “extremadamente excepcional”. Tan “excepcional” que es el primer caso en cuarenta años.

Pero al que le toca ser convincente, si quiere desactivar las protestas, es al Govern, abocado a encontrar el equilibrio entre atender las demandas de los trabajadores, preocupados por su integridad física, y preservar el espíritu de sus políticas a las puertas de una contienda electoral. Sea como sea, la tensión en las cárceles se ha convertido ya en una crisis de alto voltaje que tensa las costuras del modelo penitenciario y tiene visos de marcar el fin de esta legislatura.