La XIII Legislatura
Cs admite que los diputados soberanistas acataron la Constitución cinco minutos después de que Rivera lo cuestionara
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionó en el primer Pleno del Congreso de la nueva legislatura y ante las cámaras de televisión que retransmitían en directo la reunión la fórmula de acatamiento a la Constitución utilizada por los diputados independentistas en prisión preventiva por considerar que todos ellos incumplieron “el artículo 103 del Reglamento del Congreso” y faltaron “al decoro” de la Cámara. Razón por la cual no dudó en encararse con la nueva presidenta, la socialista Meritxell Batet, y pedirle que “actúe para evitar”, dijo, “que se humille a los españoles”. Lo intentó primero antes incluso de adquirir él mismo la condición de diputado de pleno derecho —aún no había acatado la Carta Magna— pero Batet no se lo permitió en aquel momento.
La presidenta del Congreso recordó a Rivera que “existen distintas fórmulas de acatamiento” y que todas ellas son válidas, por lo que según su criterio los diputados independentistas no vulneraron el artículo 4 del Reglamento del Congreso, de acuerdo con lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 119/90.
La decisión de Batet de respetar la fórmula elegida por los cuatro diputados soberanistas, que en todos los casos incluyó la expresión “prometo por imperativo legal”, acompañada de referencias a su supuesta condición de “presos políticos” y de “lealtad al mandato del 1 de octubre”, dio pie al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, a acusarla de “cómplice” de los diputados independentistas y de permitir que “insulten y humillen a los españoles”. Lo ocurrido, añadió, prueba “por qué los separatistas, los presuntos golpistas, la querían de presidenta” de la Cámara Baja y por qué, según él, también “prefieren a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”.
Paradójicamente, y apenas cinco minutos después de la protesta de Rivera, Ciudadanos presentó un escrito ante la nueva Mesa de la Cámara en el que reconoce que, “una vez celebrada la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull han “prestado juramento de acatar la Constitución”, por lo que “han adquirido la condición plena de diputados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento”.
Ciudadanos hizo este reconocimiento, que implica dar por válida la fórmula de acatamiento a la Carta Magna, para poder exigir la suspensión de los cuatro parlamentarios en aplicación del reglamento del Congreso y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Rivera puso el foco durante toda la jornada en la situación de los presos del procés. Primero para calificar de “ofensa al pueblo español que ocupen un escaño y cobren un sueldo público”, pasando por alto que fue el Tribunal Supremo quien decidió que pudiesen participar en la sesión constitutiva del Congreso y que ocupan un escaño porque fueron elegidos por los votantes. Antes incluso de que hubiesen tomado posesión de sus escaños, el líder naranja exigió a la nueva Mesa “actuar de inmediato, aceptar el escrito de Ciudadanos y suspender automáticamente” como diputados a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull.
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Después, como lleva haciendo desde la moción de censura de junio de 2018, pasó a insistir en la existencia de acuerdos secretos entre el PSOE y los independentistas. “Sánchez y sus socios”, publicó en su cuenta de Twitter, han elegido presidenta del Congreso a “alguien que no defiende la soberanía nacional de todos los españoles”, en alusión a que Batet votó en 2013 a favor del derecho a decidir de Cataluña, una posibilidad que ya no defiende. “Estaremos vigilantes”, añadió Rivera: “No permitiremos que traspasen ni un milímetro la Constitución”.
El líder de Ciudadanos acusó a Batet y el PSOE de haber permitido este martes que “los políticos golpistas que trataron de destruir nuestra democracia” humillasen “al pueblo español desde la Cámara nacional” y se atribuyó el mérito de haber “defendido a todos los españoles que sí quieren que se respete nuestra Constitución”.
El escrito en el que Cs pide la suspensión de los cuatro parlamentarios que permanecen en prisión preventiva mientras son juzgados por la comisión de supuestos delitos de rebelión, desobediencia y malversación sostiene que privarles de su condición de parlamentarios no depende de “una decisión potestativa o meramente discrecional de la Cámara” sino del cumplimiento de una obligación legal por parte de la Mesa del Congreso.
