El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó este miércoles la reapertura de la central nuclear de Garoña con la contradicción de que ve "necesario" que la sociedad propietaria de la central nuclear realice un conjunto de acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia. La pelota está en el tejado del Gobierno. El acuerdo, por cuatro votos a favor y uno en contra, establece un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central –si el Gobierno le concede una autorización– pueda empezar a producir electricidad. El Ejecutivo ya ha podido escuchar el rotundo rechazo de todo el arco parlamentario. La única consejera en votar en contra fue la exministra socialista Cristina Narbona.
Según informó en una rueda de prensa inusual el pleno, con el presidente, Fernando Martí, a la cabeza, sus consejeros, el director de seguridad técnica y de protección radiológica, el Consejo ha evaluado la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña, para conocer las condiciones para operar hasta 2031. Será en ese momento cuando la central llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no establece una fecha máxima, algo que, según alegan, corresponde, en su caso, al Gobierno.
El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, explicó la propuesta que incluye ocho condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras dos más específicas como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están "prácticamente finalizadas" pero también "muchas otras" que según una estimación inicial de Nuclenor, le podrían llevar "al menos 12 meses de trabajos", informa Europa Press.
Condiciones
En total, se trata de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificará el cumplimiento de todo ello. Munuera precisó además que para su toma de decisión el Pleno ha analizado 167 informes, las respuestas de Nuclenor al cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada, el estado de cumplimiento de las condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y de las Instrucciones Técnicas aplicables.
Así, los consejeros han evaluado que las propuestas "son aceptables" desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, pero consideran "necesario" que Nuclenor realice un conjunto de acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia.
Estas ITC, los diez límites y condiciones y otras 15 instrucciones complementarias, incluyen, por ejemplo, un programa de organización y factores humanos, adaptar el sistema de protección frente a incendios e implantar las medidas post-Fukushima. Antes de que el reactor comience a funcionar se deberán inspeccionar las barras de control, verificar el cumplimiento del programa de actuaciones; revisar el plan de envejecimiento y acometer las pruebas de arranque.
Precisamente, Martí afirmó que al CSN le da igual si cuesta 100 que si cuesta 300. "No sabemos ni queremos saber lo que no tenemos que saber. Tenemos el derecho a no saber de eso, señorita. Usted pensará que somos un poco 'frikis', pero somos responsables de seguridad nuclear y la protección radiológica", respondió enérgico a una pregunta al respecto.
El Gobierno tiene la última palabra
Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como los consejeros Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico e informaron de que al regulador "únicamente" le corresponde poner las condiciones y "evaluar" pero que la decisión definitiva corresponde "únicamente" al Gobierno.
Del mismo modo, se desvincularon de la "capacidad" de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán como mucho cada 10 años "y la próxima le toca en 2023", según precisó Velasco.
Ni autoriza ni abre centrales
En la rueda de prensa, el presidente insistió en que el CSN "no autoriza ni desautoriza centrales, sino que marca las condiciones para que puedan volver a operar con seguridad" por lo que puso la pelota del futuro de Garoña en el tejado del Ministerio y del Gobierno, que tendrán que marcar "el plazo" y que debe ser "fiel y escrupuloso" en el cumplimiento de la ley.
De hecho, después de casi dos horas instó a "los medios de comunicación" a difundir el "prestigio internacional" de los técnicos del CSN a pesar del "pecado original de sus consejeros" para que su trabajo no se mezcle con "batallas ajenas" a su cometido.
"El prestigio de los técnicos está basado en la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación técnica (..) porque el CSN es esencial para los ciudadanos aunque se cierren todas las centrales nucleares mañana mismo", defendió.
Voto en contra por vulnerar las normas
Por su parte, la consejera Narbona explicó los motivos por los que se pronunció en contra del informe y por lo que emitirá un voto particular el viernes. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar "todas" las condiciones y modificaciones previas".
La consejera basa la necesidad de votar en contra del dictamen no en la falta de criterio de los técnicos, sino en que esta es la "primera vez" desde 1999 que el regulador concede un informe favorable para la renovación de una central "sin establecer un límite temporal" a la misma y considera que esto "contradice" la guía de seguridad 1.10 que es la que está "en vigor en la actualidad", aunque se esté cambiando en estos momentos. "No hay justificación para ese cambio", apostilló la consejera. A su juicio, el cambio se debe a los intereses de UNESA.
Al mismo tiempo, recordó una carta enviada en 2015 por Munuera a Nuclenor emplazando al titular a acelerar en las modificaciones que se le requerían como requisito previo para estudiar su solicitud de renovación. Por ello, la consejera no entiende que se haya votado un informe sin cumplir estas condiciones. Si bien, reconoció que había obligación del regulador a responder a la Administración, pero que la ley "no prejuzga el sentido de la respuesta". "El pleno podía haber dicho no", advirtió.
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A continuación, los consejeros explicaron los motivos por los que habían votado a favor. Para la vicepresidenta, Rosario Velasco, ha sido "imprescindible" que se incluyera la RPS cada diez años como plazo máximo, de modo que la próxima que pasará Garoña, en su caso, será en 2022 y, a su juicio, disociar la RPS de la autorización supondrá un "incremento importante" de proactividad de los operadores a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones. Castelló, por su parte, vio también "muy bueno" separar ambas cuestiones.
Castelló recordó también respecto a la operación a largo plazo que la planta nuclear de Burgos ya ha operado 42 años y que en el proceso de renovación de 2009 ya se realizó un análisis del envejecimiento hasta los 60 años de operación que se aprobó por unanimidad y que ahora se ha revisado y actualizado. "Parece que estamos haciendo algo novedoso que abre puertas o no sé qué", criticó.
En la misma línea, Javier Dies apuntó que en la actualidad 117 centrales en todo el mundo tienen permiso para operar más allá de los 40 años de vida útil y garantizó que con las condiciones impuestas por el CSN, si el Gobierno decide autorizar la renovación de la planta, Santa María de Garoña "estará en unos niveles muy competitivos de seguridad".
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó este miércoles la reapertura de la central nuclear de Garoña con la contradicción de que ve "necesario" que la sociedad propietaria de la central nuclear realice un conjunto de acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia. La pelota está en el tejado del Gobierno. El acuerdo, por cuatro votos a favor y uno en contra, establece un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central –si el Gobierno le concede una autorización– pueda empezar a producir electricidad. El Ejecutivo ya ha podido escuchar el rotundo rechazo de todo el arco parlamentario. La única consejera en votar en contra fue la exministra socialista Cristina Narbona.