El reloj del hemiciclo marca poco más de las siete de la tarde. Y en la madrileña Carrera de San Jerónimo, donde se alza el Congreso de los Diputados, los botones de votación de sus señorías echan humo. Aquel martes, el penúltimo de noviembre de 2018, el orden del día incluye media decena de iniciativas parlamentarias. El menú es variado, e incluye desde una subida del impuesto al diésel hasta el establecimiento de un "recargo de solidaridad" a las entidades de crédito. Pero sólo la sustracción de recién nacidos en la dictadura y los primeros compases de la Transición logra unir al espectro político al completo. Todos los grupos votan a favor de la tramitación en la Cámara Baja de la Ley de Bebés Robados. Incluso la derecha, reacia a abordar cualquier cuestión vinculada al franquismo. "Nadie tiene derecho a quitar a una madre lo que más quiere en esta vida, que es a un hijo", habían defendido los conservadores.
Aquella unanimidad era una muy buena señal para todos los colectivos que habían trabajado la norma. Al fin y al cabo, tanto los respaldos como los discursos escuchados desde la tribuna de oradores hacían pensar que su propuesta sería una realidad muy pronto. Pero han pasado ya cuatro años. Y aquel texto sigue sin ser una realidad. Primero fue la convocatoria de elecciones lo que impidió que la propuesta acabará plasmándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora, son otras prioridades legislativas las que están postergando su tramitación. La proposición de Ley acumula ya en comisión nueve decenas de ampliaciones de enmiendas. Y mientras, las víctimas ven cómo el nuevo ciclo electoral, con el fantasma de la derecha rondando la Moncloa, amenaza con dejar nuevamente la norma cogiendo polvo en un cajón: "O sale ahora o todo se va al garete".
Soledad Luque es una de ellas. Su historia se remonta a los últimos compases de la dictadura franquista. Todo comenzó el 25 de enero de 1965 en la Maternidad de O’Donnell. Allí, a escasos metros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, fue donde esta madrileña y su hermano mellizo Francisco respiraron por primera vez. La niña nació sana. El niño, sin embargo, lo hizo con poco peso. En una incubadora permaneció durante un par de semanas. Cada día recibía la visita tanto de su padre como de su hermano mayor. Todo parecía ir bien. El recién nacido iba progresando y la familia ya estaba preparando su llegada a casa. Pero, de pronto, falleció. Nunca pudieron ver el cuerpo. Se les dijo que había sido incinerado. Ahora, más de medio siglo después, tanto Soledad como su hermana Carmen aún continúan buscando respuestas.
El caso de Luque, presidenta del colectivo Todos Los Niños Robados Son También Mis Niños y portavoz de Ceaqua –Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina– en esta materia, no es una excepción. En los últimos años, se han repetido cientos de denuncias similares a lo largo y ancho de toda la geografía española. No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas. El juez Baltasar Garzón, en uno de sus autos como magistrado de la Audiencia Nacional, calculaba que podía haber unos 30.000 casos sólo hasta 1952. De ahí la importancia que los colectivos otorgan a su propuesta. Y, con ellos, algunos organismos internacionales. "Recoge en buena medida las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales", señalaba en enero el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
"No hay tiempo que perder"
Las víctimas no esconden su enfado y desesperación por la parálisis en la tramitación de la norma. Algo que va en aumento a medida que pasan las semanas. A nadie se le escapa que el próximo 2023 estará profundamente marcado por las citas electorales. Y tampoco que existe una posibilidad real de que la derecha conquiste la Moncloa de la mano de los ultras, los únicos que en la actual legislatura rechazaron que se tramitase la norma. "No hay tiempo que perder. La última oportunidad que tenemos es de febrero a junio. O la ley sale en esta legislatura o todo este trabajo se va al garete", apunta Luque en conversación con infoLibre, que exige a los dos partidos que forman parte del Gobierno que se pongan las pilas para desatascar la situación antes de que sea demasiado tarde: "¿Qué pasa, que no somos rentables a nivel electoral?".
La norma en tramitación abre la puerta a que se investiguen a fondo las denuncias por el robo de bebés. Si son necesarias exhumaciones, el Ministerio de Justicia se hará cargo de ellas. Y si hay que hacer pruebas de ADN, estas no podrán tener un coste para las víctimas. Todas las instituciones están obligadas a arrimar el hombro. Cada administración censal, si así le requiere la autoridad judicial o policial durante las pesquisas, deberá poder proporcionar de forma informatizada todos los datos de nacimientos o defunciones desde 1936 ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre los cero y los cinco años. Algo a lo que se le une la apertura de archivos: las víctimas tendrán derecho a consultar los de las administraciones públicas o sus organismos, cementerios o internados de madres solteras, una labor de transparencia a la que también quedan obligadas las autoridades eclesiásticas.
La Fiscalía, además, jugará un papel clave en todo este proceso. Primero, porque deberá ejercer de oficio o a instancia de las víctimas “cuantas acciones judiciales procedan, en cualquier orden jurisdiccional, para la exigencia de las responsabilidades que correspondan”. Y segundo, porque tendrá que hacerlo a través de la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, cuya creación viene contemplada, como la de una unidad de policía judicial especial, en una de las disposiciones adicionales de dicha norma. Además, el texto normativo resalta que el robo de bebés es "constitutivo de un delito de lesa humanidad", una calificación que las víctimas consideran fundamental.
La tutela judicial y la apertura de archivos
En muchos de estos aspectos se encuentra, explican los impulsores de la norma, el "nudo gordiano" que impide avanzar en la tramitación. Cuentan que el anterior equipo de Justicia no veía claro "todo lo relacionado con la tutela judicial", desde la creación de una fiscalía especializada hasta la calificación de este tipo de hechos como crimen de lesa humanidad, lo que conllevaría su imprescriptibilidad. Y también ponía "problemas", cuenta Luque, en relación con la apertura de archivos "por la protección de datos" y "los acuerdos" con la Santa Sede. "Si hay que modificar el concordato, que lo hagan. Y si hay que tocar el Código Penal para tipificar el robo de bebés como lesa humanidad, que se reforme, no es la primera vez que se hace", afirma la portavoz de Ceaqua.
Los dos partidos, en este sentido, han mantenido desde el inicio de la tramitación posiciones alejadas en este tipo de cuestiones. "Si no pueden presentar enmiendas conjuntas, que lo hagan por separado, pero que dejen que el trámite siga su curso", resalta Luque. En este sentido, las víctimas critican que los plazos para la presentación de modificaciones a la proposición de Ley se han ampliado la friolera de 90 veces. De hecho, es una de las iniciativas de la legislatura que la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Unidas Podemos, ha permitido en más ocasiones la prolongación del periodo de enmiendas. "En definitiva, que el bloqueo de uno no se puede llevar a cabo sin la complicidad del otro", resalta Luque. Por eso cree que si no se puede "desatar" el nudo gordiano, lo mejor es que se corte. Y que cada grupo quede retratado.
Desde el grupo confederal reconocen que el asunto está "parado". Pero dicen que no es tanto por "cuestiones de desavenencias", sino que responde más con la capacidad legislativa. "Hace meses estábamos centrados en la Ley de Memoria, ahora estamos con la ley mordaza", tratan de explicar. Con tantos frentes abiertos, se buscaron prioridades. Y la norma sobre bebés robados quedó aparcada a la espera de ir despejando la senda legislativa, si bien no se descarta, por supuesto, que se puedan retomar los trabajos en los próximos meses. Este diario también preguntó al Grupo Socialista por los motivos que explican los dos años de retraso en la tramitación de la iniciativa, pero a cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.
El reloj del hemiciclo marca poco más de las siete de la tarde. Y en la madrileña Carrera de San Jerónimo, donde se alza el Congreso de los Diputados, los botones de votación de sus señorías echan humo. Aquel martes, el penúltimo de noviembre de 2018, el orden del día incluye media decena de iniciativas parlamentarias. El menú es variado, e incluye desde una subida del impuesto al diésel hasta el establecimiento de un "recargo de solidaridad" a las entidades de crédito. Pero sólo la sustracción de recién nacidos en la dictadura y los primeros compases de la Transición logra unir al espectro político al completo. Todos los grupos votan a favor de la tramitación en la Cámara Baja de la Ley de Bebés Robados. Incluso la derecha, reacia a abordar cualquier cuestión vinculada al franquismo. "Nadie tiene derecho a quitar a una madre lo que más quiere en esta vida, que es a un hijo", habían defendido los conservadores.