La cúpula directiva de Vitaldent recibía anualmente 17,25 millones de eurosque ocultaba a la Hacienda pública, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía recogido en el auto de la operación Topolino. En base a él cada una de las 146 clínicas propias de Vitaldent pagaba un canon mensual de 10.000 euros a la trama.
Cada clínica debía entregar en B la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% a la organización, para lo cual se estableció un sistema de recogida de dinero en efectivo y posteriormente fijar en 10.000 euros mensuales esta cantidad. En base a estos datos, concluye que la cúpula de la empresa recibía 17,25 millones anuales que ocultaba a Hacienda. En el mismo informe, además, se constatan transferencias a Luxemburgo desde junio de 2012 a julio de 2015.
En total, en el operativo fueron arrestadas 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo –400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar–, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.
Prisión sin fianza para seis de los detenidos
La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda ha decretado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para seis de los arrestados en la operación Topolino contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en Vitaldent, entre ellos el presidente de la entidad, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y otros miembros de la cúpula como los hermanos Javier y Óscar Arteaga, Nicolás Sissini y Yolanda Copete Piris.
En el caso del presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y los miembros de la cúpula Javier Arteaga y Nicolás Sissini, la juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida, un delito contable y de organización criminal.
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La magistrada les considera responsables de haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
También ha acordado el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Yolanda Copete Piris y Oscar Alteaga Gálvez, presuntos responsables o cooperadores necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento mercantil y oficial y un delito de organización criminal. La jueza ha estimado la prisión provisional, solicitada por el Ministerio Público y la acusación particular, para evitar que los investigados puedan eludir la acción de la justicia fugándose del país.
Asimismo, ha acordado libertad provisional para otros cuatro arrestados en el marco de este operativo que ya han prestado declaración. Se trata de Luis María Aranda Vides, Miguel González-Blanch Roca, Iván Martínez Espinosa y María Jesús Lago. El juzgado les ha retirado el pasaporte y les prohíbe salir del país, además de obligarles a presentarse de forma regular en el juzgado, al estimar que en su caso no se aprecian las circunstancias que regulan la prisión preventiva.
La cúpula directiva de Vitaldent recibía anualmente 17,25 millones de eurosque ocultaba a la Hacienda pública, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía recogido en el auto de la operación Topolino. En base a él cada una de las 146 clínicas propias de Vitaldent pagaba un canon mensual de 10.000 euros a la trama.