La de la infancia es una de las caras más dramáticas e invisibles que ha dejado la larga crisis en la sociedad española. Afectados por la situación de desempleo o trabajo precario de sus progenitores, los desahucios y los recortes en prestaciones sociales, los niños viven unas circunstancias particulares de vulnerabilidad social. No en vano, el INE certificó esta semana que, en 2015, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,8%, 6,7 puntos por encima de la del conjunto de la población.
El debate sobre la alimentación de los niños sin recursos lleva ya marcando el inicio de varios veranos, pues con el final del curso acaba también la posibilidad para muchos menores de poder acceder al menos a una comida completa al día en el comedor escolar. En estas fechas, tal y como ha podido comprobar infoLibre, son varios los ayuntamientos y comunidades autónomas –ambas se reparten las competencias– que trabajan para tener preparados los programas cuando acaben las clases.
En otros años, las propuestas no han ido siempre en la misma línea. Algunas administraciones han optado por abrir comedores escolares sólo para la hora del almuerzo, otras se han decantado por poner en marcha campamentos urbanos en los que, durante la mañana, se realizan actividades lúdicas y formativas hasta la hora de comer. Y otras han optado por dar ayudas directas a las familias vulnerables para que compren la comida en supermercados o les han facilitado la comida ya cocinada en sus domicilios.
En su última memoria [consultar en PDF, aquí] la Defensora del Pueblo volvió a insistir en la necesidad de establecer un plan de garantía alimentaria para niños y adolescentes que contemple actuaciones en los períodos no lectivos. Y aunque puso en valor el de que sea "generalizada" la existencia de programas o planes para atender los casos de riesgo, sí lamentó que estas medidas no estén basadas en "una visión de garantía integral" e insistió en defender que es necesario hacer un uso "más amplio" de los comedores escolares.
No tienen la misma opinión los trabajadores sociales, a los que no convence la apertura de comedores en verano y reclaman medidas que no estigmaticen ni cosifiquen a los menores. Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), dice que la solución no es abrir los comedores en la línea de las iniciativas de beneficencia ni que las familias hagan colas a las puertas de los bancos de alimentos, sino apostar por medidas específicas y transversales, como poner en marcha un buen sistema de rentas mínimas.
"Los profesionales de los servicios sociales llevamos tiempo detectando indicadores de riesgo nutricional y emocional en niños", subraya Lima. No obstante, ante la situación de emergencia que se plantea cada verano, sí considera que hay opciones menos estigmatizantes para las familias. Cita, por ejemplo, los subsidios de emergencia en forma de cheque para que vayan a hacer la compra en su supermercado o los campamentos urbanos en los que, además del comedor, se lleven a cabo actividades lúdicas, pero siempre que estén abiertos a todos los niños.
Asimismo, en Cruz Roja defienden que hay soluciones "más eficaces" y que tienen un menor coste para la Administración que los comedores escolares para alimentar a niños vulnerables en verano. En este sentido, también abogan por el reparto de tarjetas que las familias en situación de vulnerabilidad pueden canjear por alimentos en el supermercado. Como recurso secundario, sí defienden la utilidad de los campamentos de día en los que además de una comida completa se garantice la realización de actividades.
Sin embargo, ONG como Save The Children o Ayuda en Acción sí están de acuerdo en la apertura de comedores escolares en verano aunque creen que es una medida "puntual y necesaria en situaciones de emergencia como la actual, pero insuficiente". Asimismo, insisten en que esta apertura no se quede solo en el servicio de comida, sino que se integre dentro de una acción educativa y lúdica, donde el servicio de comedor sea un componente más, evitando así que los niños que acuden al centro se vean estigmatizados.
¿Qué pasará este verano?
Este es, por ejemplo, el modelo del que es pionera Canarias y por el que esta comunidad volverá a optareste verano poniendo en marcha en 170 colegios campamentos urbanos gratuitos con clases de inglés dirigidos para los algo más de 3.000 menores de hasta 12 años que tuvieron beca de comedor durante este curso. El programa se amplió el año pasado a los alumnos del primer ciclo de la ESO (13 y 14 años), algo que no se mantendrá este año por el "alto absentismo" de los chavales de esta edad, según comenta un portavoz del departamento canario de Educación.
Andalucía, por su parte, también abrirá escuelas de verano para atender a, al menos, 4.300 niños, donde, además de comer, también participarán en actividades formativas y lúdicas. ONG que trabajan en las llamadas "zonas de necesidades de transformación social" de esa comunidad autónoma serán las encargadas de gestionar este plan, que tendrá un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros, similar al del año pasado, tal y como confirman en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales andaluza.
En Cataluña se pondrá en marcha un modelo similar, donde la Generalitat invertirá 1,4 millones de euros en promover actividades educativas "incluyendo dos o tres comidas diarias, saludables y equilibradas" para 2.607 menores en 96 centros abiertos. Otro de sus programas estivales se llevará a cabo en casales cívicos de 22 municipios catalanes, en los que otros 2.000 niños y niñas podrán jugar, leer y también desayunar y merendar.
La Comunidad de Madrid concederá ayudas a los ayuntamientos que cuenten con colegios abiertos en vacaciones en los que haya actividades extraescolares con el objetivo que puedan beneficiarse beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, víctimas del terrorismo, alumnos en acogimiento familiar y, por primera vez, hijos de víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, todavía no ha decidido si mantendrá el controvertido sistema de catering a domicilio que heredó de Ana Botella (PP) o pondrá en marcha otro modelo.
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También habrá comedores abiertos, aunque sólo durante la hora del almuerzo, en otras autonomías. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo regional ofrece a los ayuntamientos que deseen abrir sus centros la posibilidad de hacerlo asumiendo ellos el mantenimiento y el Gobierno la cuantía de las becas. A estas ayudas pueden acceder los alumnos que ya hayan tenido la condición de becarios durante el curso.
En Aragón, donde el año pasado el Gobierno regional optó por no abrir comedores y dar ayudas económicas de hasta 180 euros por niño en situación de vulnerabilidad y otros 120 por cada hermano con un tope de 600 euros, el Ejecutivo todavía no ha informado sobre qué previsión tiene para este verano. El Ayuntamiento de A Coruña, que también se decantó el verano pasado por dar ayudas directas –en este caso, de 500 euros mensuales por familia– tampoco ha concretado qué propuesta plantea para estas vacaciones más allá de las ayudas que ofrece la Xunta a las familias desfavorecidas durante el año.
El Ejecutivo de Castilla y León, por su parte, no ve necesario este verano volver a abrir comedores escolares y asegura que las familias vulnerables de la comunidad ya reciben ayudas directas durante todo el año. A igual que los de Navarra, País Vasco o La Rioja, donde sus gobiernos mantienen que los subsidios y prestaciones habituales ya cubren este tipo de necesidades.
La de la infancia es una de las caras más dramáticas e invisibles que ha dejado la larga crisis en la sociedad española. Afectados por la situación de desempleo o trabajo precario de sus progenitores, los desahucios y los recortes en prestaciones sociales, los niños viven unas circunstancias particulares de vulnerabilidad social. No en vano, el INE certificó esta semana que, en 2015, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,8%, 6,7 puntos por encima de la del conjunto de la población.