Datos escasos, incompletos y no homogéneos: la transparencia se resiente en la gestión de la crisis por el coronavirus

Hay pocas circunstancias en las que los ciudadanos estén tan pendientes de los números, de las estadísticas, de los porcentajes, como ahora, en plena crisis por la expansión del coronavirus. Los medios de comunicación, el Gobierno y las comunidades autónomas bombardean a diario con el número de muertes, el número de contagios, el número de altas hospitalarias... a la espera de que la curva se invierta y las cifras permitan ver luz al final del túnel.

Para que el retrato del panorama que conforman esos números sea lo más fiel a la realidad es fundamental que sean lo más transparentes posibles. Detallados. Homogéneos en todas sus variables. Porque una buena base, una base fiable en el campo de los datos, sirve de vacuna contra los bulos y las fake news fake newsa las que estos días se intenta combatir. 

Los españoles han ido contando con una visión cada vez más aproximada a la realidad de esta pandemia a medida que han ido pasando los días y las instituciones han ido recopilando datos de forma más sistematizada. Pero hay lagunas. La transparencia de la que tanto hablan y presumen los políticos está siendo sometida a un gran examen estos días, a un test de estrés, exhibiendo algunos de sus agujeros. "En una crisis como la actual una buena información y disponer de buenos datos es crucial. La transparencia no es solo dar la información, sino que esa información que se da esté elaborada con calidad", cuenta a infoLibre Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.

¿Puede decirse que se ha puesto en manos de los ciudadanos una buena información, que las instituciones han sido transparentes a la hora de trasladar el avance y la extensión del virus? De la Nuez lo tiene claro: "Nos preocupa mucho el desbarajuste. Ahora han cambiado la forma de dar los datos, pero los primeros días las comunidades autónomas daban lo que querían, sin homogeneizarse. Tiene que haber algo homogéneo".

Nada tienen que ver los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad ahora a diario con la información que se proporcionaba en los primeros días de la crisis, cuando casi nadie se imaginaba lo virulento del coronavirus. En esta aproximación a la homogeneización de la que hablan los expertos en transparencia ha tenido bastante que ver que, con el estado de alarma, el Gobierno central haya asumido el control de las comunidades autónomas. Aun así, desde las propias comunidades sigue habiendo diferencias a la hora de trasladar los datos a Sanidad, a los que el ministerio después da formato antes de ofrecerlos a la opinión pública en comparecencias diarias. Esto implica que el mapa ofrecido no sea todavía el fiel reflejo de la realidad que se pretende.

En los primeros días de esta pandemia, Sanidad no informaba de los hospitalizados, ingresados en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) o fallecidos por grupos de edad. No fue hasta el domingo 22 [aquí, la ficha] —con datos del sábado 21— cuando se hizo. 

¿A qué se debió el cambio de criterio? En el departamento que preside el ministro Salvador Illa explican que han ido dando los datos y ampliando la especificidad de los mismos cuando se ha tenido constancia de que estos eran representativos. "En el momento en el que se tuvo una muestra amplia y representativa", explican las fuentes consultadas por infoLibre.

De hecho, el día que el Ministerio ofrecía la distribución por edad de 18.959 casos confirmados, la institución avisaba de que esos eran los datos que les habían llegado con la información disgregada de un total de 28.572 casos confirmados. Es decir, que una semana después de la entrada en vigor del estado de alarma, sólo se conocía la distribución por edades del 66,3% de los casos positivos.

Información incompleta

La distribución por sexos de los enfermos de coronavirus se hizo pública un día después de conocerse la de las edades, el lunes 23 [aquí, la ficha]. Y vuelve a hacerse la misma advertencia que 24 horas antes: "Datos obtenidos del análisis sobre 18.959 casos notificados con información de edad y sexo". En ese momento, el número de casos confirmados en España era de 33.089, lo que implica que los datos facilitados en los que se concretaba el sexo de los enfermos se correspondía con el 57,2% del total.

En la última actualización de datos, la de este domingo, 29 de marzo, se ofrecía el desglose por edad y sexo de 50.22o casos de un total de 78.797. Es decir, del 63,7%.

Dar los datos cuando estos pueden tener un verdadero valor estadístico, defienden en el ministerio, es una cuestión de responsabilidad. En este proceso han jugado un papel fundamental las comunidades autónomas, desbordadas por los casos, y que son quienes, en última instancia, disponen de los datos y tienen que trasladarlos a Sanidad.  

Para De la Nuez, cuestiones como esta revelan "falta de previsión en el sentido de lo más básico: dar los datos de la misma forma". "Ya puedes ser el Gobierno más transparente y con las mejores intenciones, pero hay que preocuparse de que los datos estén bien", apunta. E insiste: "Ha quedado claro que no había nada previsto, nada preparado para enfrentarse a una situación como esta".

¿Cómo funciona la transmisión de datos de las Comunidades Autónomas a Sanidad? Hasta la fecha se han presentado dos órdenes ministeriales al respecto, una el 15 de marzo y otra el pasado sábado, día 21. En el ministerio sostienen que no hubo gran cambio entre ambos documentos, sólo "cuestiones técnicas, modificaciones menores".

"Con objeto de garantizar la calidad y cohesión de los datos trasladados por las comunidades autónomas y los centros hospitalarios, se considera necesario desarrollar el procedimiento previsto para la remisión de la información", puede leerse en un documento donde se pide a las comunidades información sobre casos confirmados, hospitalizados, ingresos críticos, altas, altas por defunción, casos en las últimas 24 horas y número de pruebas realizadas. "Esta información será remitida diariamente en el intervalo de las 20-21 horas", puede leerse en Boletín Oficial del Estado (BOE). Son los datos que luego el Gobierno organiza y ofrece en la rueda de prensa de balance de la enfermedad.

No obstante, la orden ministerial no ofrece de forma clara instrucciones sobre cómo contabilizar cada campo de datos que pide a las comunidades, lo que está llevando a que éstas ofrezcan datos dispares y que, por ejemplo, en el apartado "hospitalizados" se puedan estar incluyendo a personas ya dadas de alta porque están teniendo en cuenta el número acumulado de afectados.

En las últimas actualizaciones de Sanidad ya se hace la siguiente advertencia: "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización".

¿Qué pasa con las pruebas?

De momento, el número de pruebas realizadas tampoco es una información sobre la que haya datos homogéneos porque cada comunidad está siguiendo unos métodos y unos procedimientos diferentes. Como en el caso de distribución por edad y sexo de los afectados, la idea del Ejecutivo es que la información facilitada a los ciudadanos sea cada vez más amplia a medida que se considere que las estadísticas son válidas. Es evidente que en el momento en el que se hagan más pruebas y, por tanto se localicen más positivos, bajará el porcentaje de hospitalizados en relación a los contagiados y también el de muertes.

También se pide a las comunidades información sobre el número total de camas, camas ocupadas por covid-19, camas ocupadas por otras enfermedades, ingresos por el virus en las últimas 24 horas, altas por el mismo motivo y altas previstas para las siguientes 24 horas. Los mismos datos se piden de las UCI, diferenciando entre las que cuentan o no con respirador. Estos datos tienen que estar en Sanidad, diariamente, entre las 13 y 14 horas.

Del mismo modo, los hospitales deben facilitar a las comunidades autónomas, y estas a su vez a Sanidad, el número de existencias de Equipos de Protección Individual (EPIs) y el consumo semanal previsto, el número de equipos de ventilación y el número de ambulancias. Una de las principales quejas del personal sanitario es la falta de medios.

En el BOE también hay un apartado para que cada comunidad autónoma informe sobre los equipos humanos con los que cuenta en los hospitales, distribuidos por especialidad. Los datos de personal tuvieron que llegar a Sanidad el viernes 27 y cada cambio ha de ser comunicado. Y la de los medios a disposición del personal hospitalario debe llegar al ministerio cada viernes de 13 a 14 horas.

¿Van a hacerse públicos este tipo de datos? "Lo normal es que se vaya facilitando la información a medida que lo que vaya a ofrecerse sea homogéneo", dicen en Sanidad.

"En otros países, parte del éxito de gestionar bien la crisis ha estado en el manejo de los datos", destaca De la Nuez, al tiempo que insiste en que hay que tener todo tipo de cautelas, como la anonimización de los datos personales, porque los datos sanitarios están especialmente protegidos por la ley.

Hay Derecho es una fundación muy volcada en el campo de la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas. El pasado 18 de marzo remitió una serie de preguntas al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Solicitaban conocer a cuántos altos cargos se les ha practicado la prueba del covid-19, en qué plazos se les ha realizado dicha prueba, si presentaban síntomas previamente, cuántos han dado positivo y qué protocolo se les ha aplicado en el caso de los positivos. Son preguntas de interés público si se tiene en cuenta que hay un altísimo número de pacientes con síntomas esperando esa prueba que ven cómo se realizan en el caso de los políticos. 

De momento, la respuesta tendrá que esperar. La contestación dada fue que las preguntas no iban a tramitarse en este momento. En Hay Derecho intuyen que es por la situación tan delicada en la que estamos. Pero, como señala Elisa de la Nuez, es un hecho que "la vía de acceso normal a la transparencia no está funcionando".

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció el lunes pasado una serie de iniciativas en el ámbito digital relacionadas con esta pandemia. Una de ellas es una oficina de datos centralizada con información de todas las comunidades autónomas. Todavía no hay fecha prevista para su lanzamiento.

Los partidos se suman a la demanda de datos

El Partido Popular vive en esta crisis en el complicado equilibrio entre la comprometida "lealtad" como "partido de Estado y de Gobierno" y la advertencia de que hay cosas que se están haciendo "muy mal", de forma que Pedro Sánchez y los suyos tendrán que "rendir cuentas" por su gestión. Creen que el foro perfecto sería una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

De momento, ejercen su labor de principal partido de la oposición registrando iniciativas en una Cámara Baja a medio gas precisamente por el estado de alarma y por las altas posibilidades de contagio entre sus señorías, un colectivo en el que hay afectados en prácticamente todos los sectores del hemiciclo.

Este pasado martes, un día antes de que el Congreso diera luz verde a la prórroga del estado de alarma por otros quince días, el partido liderado por Pablo Casado registró una Proposición no de Ley —sin efecto vinculante— "para que se atiendan las necesidades del sector residencial, que concentra al colectivo más vulnerable ante el Covid-19". Además de esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular registraba tres solicitudes de informes.

En primer lugar, ha reclamado información "sobre el número de test realizados para diagnosticar el coronavirus precisando Comunidad Autónoma, ciudad y centro asistencial". "Se solicita también el número de test realizados a profesionales sanitarios, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y cuántos a personal civil", informan desde el PP. En segundo lugar, quiere conocer el "número de personas contagiadas, ingresadas y dadas de alta, y personas fallecidas en España por día desde que comenzó la crisis, discriminadas por edad, sexo, comunidad autónoma y provincia a la que pertenecen". Y, por último, el "número de compras centralizadas de material sanitario efectuadas por el Gobierno desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, precisando el material adquirido y el material entregado a las Comunidades Autónomas". Estos datos, a día de hoy, no se conocen. Y el principal partido de la oposición cree que sería útil que fueran de conocimiento público.

La polémica de los test

Ligado al tema de los test, una de las polémicas de la semana ha sido la escasa calidad de uno de los lotes comprados por el Gobierno. Este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó la devolución de un lote de 9.000 test rápidos de coronavirus9.000 test rápidos suministrados por una empresa china a España al no cumplir con el marcado CE de calidad. 

De forma paralela, la Embajada de China en España informaba de que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology "no ha conseguido todavía la licencia oficial". La operación, según el Gobierno, se había hecho a través de un distribuidor español que, hasta la fecha, nadie ha querido indentificar.

Un día después se supo que no habían sido 9.000 los test adquiridos, sino cerca 60.000, aunque no llegaron a distribuirse. Y que la compra total había sido de 640.000 test. Según fuentes de Sanidad consultadas por infoLibre, la empresa china se ha comprometido a enviar otros 650.000 test con efectividad avalada y, al margen de esta compra, en estos días se espera la llegada de otro millón y medio de test de una empresa china diferente, dentro del acuerdo con el Gobierno chino anunciado por Pedro Sánchez.

La opacidad también rodea a la operación que había cerrado la Comunidad de Madrid para la llegada de "dos aviones" con material sanitario de China y que, según anunció Isabel Díaz Ayuso (PP) deberían haber aterrizado a principios de la semana pasada en la capital. Un portavoz oficial del Gobierno regional asegura a este diario no disponer de información al respecto.

El papel de la prensa en tiempos de crisis

Si el papel de los medios de comunicación es fundamental en el día a día para acercar a los ciudadanos la información y ponerle contexto, periódicos, radios, televisiones, agencias de comunicación y medios digitales cobran una importancia todavía mayor en un momento de restricciones como el estado de alarma.

De igual forma que muchos de los ciudadanos se han tenido que ir adaptando al teletrabajo, los medios de comunicación han tenido que hacer una serie de esfuerzos para informar en unas condiciones en las que, como norma general, se ha perdido el contacto directo con la fuente, sobre todo en el ámbito político. 

De forma paralela, las fuentes de información han tenido que ir amoldándose al estado de alarma tirando de las nuevas tecnologías. Si muchas de las reuniones entre los representantes políticos se están celebrado por videoconferencia, para las ruedas de prensa se ha recurrido a formatos similares. A aplicaciones informáticas o móviles que permiten la participación o interacción de los periodistas. O se han abierto grupos de whatsApp específicos para que los informadores vayan remitiendo las preguntas destinadas a los protagonistas de los encuentros informativos.

La polémica selección de preguntas en la Moncloa

No todos los partidos lo han hecho igual. Especialmente criticada por los informadores que cubren la actividad del Gobierno ha sido la forma en la que desde la Moncloa gestionan las preguntas que ellos trasladan por un canal de whatsApp creado ad hoc. A través de las redes sociales, periodistas de diferentes medios se han quejado de que desde la Secretaría de Estado de Comunicación se filtraban previamente las preguntas obviándose algunas de ellas. Las mayores críticas se produjeron tras la rueda de prensa del sábado 21 de marzo, cuando no se plantearon a Pedro Sánchez ninguna de las preguntas que iban encaminadas a conocer si el Gobierno estaba pensando en prorrogar el estado de alarma. La prórroga sería anunciada un día después, el domingo, tras la videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos.

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En respuesta a estas críticas, desde Moncloa consideran que en una situación de crisis sanitaria como la que estamos, con hasta tres comparecencias distintas de miembros del Gobierno al día, la fórmula elegida es "sencilla y eficiente, y garantiza el derecho de participación y de información".

Un informe de la Secretaría de Estado de Comunicación, fechado el 22 de marzo, refleja que desde el 12 de marzo hasta ese día se habían ofrecido 22 ruedas de prensa con 212 turnos de preguntas al presidente y otros miembros del Gobierno. Además, precisan, se han realizado tres videobriefings informativos con la vicepresidenta Carmen Calvo (14 de marzo); con la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero (17 de marzo), y con la ministra Yolanda Díaz (18 de marzo).

Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos están recurriendo a prácticas más transparentes y que permiten mayor participación de los informadores en las ruedas de prensa. Conservadores y liberales han recurrido a la plataforma Zoom, que permite hacer las preguntas en tiempo real.