El debate en torno a la autorregulación del periodismo en España empieza a toma cuerpo. Y, a medida que avanza, estimulado por la denuncia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de los pseudomedios, se reabre una discusión añeja. ¿A quién interpela la autorregulación? ¿A los medios, que son los que difunden la información? ¿A los periodistas, que son los profesionales encargados de atender el derecho a la información?
Colegios profesionales, asociaciones, sindicatos, supervisores y medios están de acuerdo a la hora de rechazar cualquier intento de control gubernamental sobre el sector. Pero hasta ahí llega el consenso.
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende que la autorregulación de la profesión periodística debe ser liderada por los periodistas y no por las empresas. Así lo hizo saber este miércoles a través de un comunicado firmado por nueve de ellos, los de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.
“Si bien en algunos temas profesionales y empresas comparten objetivos comunes”, admite la Red, “en el asunto clave de la autorregulación deben ser los periodistas quienes acuerden las líneas estratégicas a seguir para la defensa de la profesión”. Y para conseguirlo es “imprescindible la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas”. Una entidad que los partidos no se deciden a crear a pesar de que están obligados a ello en aplicación de la legislación básica en materia de colegios profesionales.
La aprobación en el Congreso de la ley de creación de este órgano, sostiene la Red, “facilitaría la puesta en marcha de medidas que son cruciales para el correcto desarrollo de la profesión, como el control y regulación del reparto de la publicidad institucional, con transparencia y criterios técnicos, o la puesta en marcha de un estatuto específico para la profesión periodística”.
Interlocutores oficiales
La regulación del sector es necesaria, destacan, pero también que esta regulación la lleve a cabo “la propia profesión a través de los colegios profesionales y del Consejo General, sus representantes oficiales”, subraya la Red. Los periodistas “tienen que ser los responsables de acordar las medidas que permitan proteger al periodismo del intrusismo y de la mala praxis” y de proteger “a la ciudadanía de los bulos y de la desinformación”.
En esa línea se sitúa también el Col.legi de Periodistas de Catalunya (CPC), el más antiguo de España, que la semana pasada recordaba que una de las conclusiones del estudio de 2023 del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional es la necesidad de “reivindicar la figura del periodista profesional como un agente acreditado para asumir una responsabilidad de atender el deber de informar a la ciudadanía desde la ética y el compromiso con la calidad, la veracidad y la diligencia profesional: contraste de las fuentes, separación entre hechos y opiniones, objetividad/imparcialidad, etc. No es ajeno al auge de la desinformación el hecho de haberse ‘diluido’ la figura de ese mediador”.
En la misma línea, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), el único que existe en España, consideró hace pocos días que “es urgente una regulación que haga posible la distinción entre los medios que practican un periodismo honesto y veraz de quienes responden a otros propósitos”.
“Es urgente clarificar el ecosistema informativo para poder diferenciar los medios que practican un periodismo responsable de quienes responden a otros intereses, muchas veces inconfesables”, defiende el CIC. “El cumplimiento del código deontológico profesional es ahora más necesario que nunca. Y lo será también la aplicación de la ley aprobada en el Parlamento Europeo el pasado 13 de marzo que exige la transparencia sobre la propiedad, el control y la financiación de los medios”.
Una norma que exige garantizar que “los ciudadanos tengan acceso a medios de comunicación de calidad, que hayan sido producidos por periodistas y editores de forma independiente y de acuerdo con los estándares periodísticos y que por tanto, proporcionen información fiable. Estos medios de calidad son también un antídoto contra la desinformación”.
En busca de un marco legal
El reto, reconoce el Consell, es “averiguar cómo convertir estos marcos legales en iniciativas que permitan a los ciudadanos identificar los medios que ofrecen un periodismo ético y de calidad, frente a los que contribuyen a la desinformación bajo la apariencia del periodismo”.
¿Y qué dicen los dueños de las empresas informativas? La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal de los principales medios de comunicación escritos, en papel y digitales, todavía no se ha pronunciado. Esta organización no atendió las preguntas de infoLibre, pero fuentes citadas por El País después de hablar con su directora general, Irene Lanzaco, aseguran que AMI se dispone a anunciar “pronto” su propia propuesta autorregulatoria.
A la espera de conocer su contenido, nadie en el sector espera otra cosa que un modelo muy parecido a la que existe en la actualidad: una comisión de quejas, gestionada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como ocurre en la actualidad o conjuntamente por esta organización privada y la AMI. Y sin capacidad de obligar a nadie a cumplir las normas de deontología profesional.
De hecho, FAPE no ha anunciado ninguna propuesta. En su reciente asamblea general, celebrada en Talavera de la Reina (Toledo) aprobó una declaración que, entre otras cosas, da por bueno el sistema actual (una comisión de quejas sin poder real para hacer que los medios y los periodistas cumplan el código deontológico) y considera suficiente la aplicación del Código Penal.
“Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley”. Y “cualquier vulneración de derechos que se registre en una información o cualquier exceso realizado en aras de la libertad de expresión pueden ser llevados a los tribunales”, sostiene la FAPE.
Sentarse a negociar
En este debate ha entrado también la Agrupación de Periodistas de UGT, que no sólo quiere estar presente en él, sino que ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones de profesionales del sector para sentarse “a negociar un acuerdo con el objetivo de autorregular la práctica del periodismo en nuestro país”. LA AGP-UGT se refiere a sindicatos, asociaciones de la prensa y colegios profesionales y no hace mención alguna a la patronal.
“Ha llegado el momento de que los periodistas asumamos nuestra responsabilidad y lideremos la autorregulación de la profesión periodística sin injerencias de ningún tipo” y sobre la base del “derecho constitucional que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz”, sostiene el sindicato.
AGP-UGT se suma así las voces que defienden “la transparencia económica en los medios de comunicación”, desde la identidad de los accionistas de las empresas como hasta el dinero que reciben, por cualquier vía, de las Administraciones públicas.
Pero, a partir de aquí, su propuesta se separa de las de los colegios profesionales y defiende “la creación de un organismo independiente” que “represente a toda la profesión” y que “debería estar compuesto por periodistas y profesores universitarios de reconocido prestigio elegidos por todas las organizaciones de periodistas” cuya primera misión sería redactar un código deontológico y de ética profesional común a todas ellas.
La Agrupación de Periodistas de UGT propone que ese organismo actúen como garante del código, pero actuando siempre a petición de parte y no de oficio. “Sus resoluciones no serían vinculantes, pero tendría una gran autoridad moral, pues tendría el apoyo de toda la profesión representada en las organizaciones de periodistas”, asegura este sindicato. Una idea que no encaja con la de los colegios profesionales, partidarios de que el código sea de obligado cumplimiento como sucede con los médicos o los abogados.
Primeras propuestas de los partidos
Entretanto, en las instituciones empiezan a materializarse las primeras iniciativas. Sumar convocó la semana pasada un debate para elaborar propuestas del que salieron, entre otras, las siguientes: constituir un Consejo Estatal de Medios, independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV); crear en el Congreso una comisión del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía; plantear propuestas para hacer frente a la desinformación, los bulos y las malas prácticas periodísticas y convocar un Foro Ciudadano por el Derecho a la Comunicación.
Podemos, más resolutivo, ya planteado dos iniciativas. La primera, en el ámbito de Castilla y León, para reformar de la Ley de Publicidad Institucional para incluir un nuevo apartado prohibiendo la contratación de cualquier tipo de campaña con medios que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.
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La segunda la registró esta semana en el Congreso. Una nueva ley para crear un registro público de intereses obligatorio para los titulares de licencias de televisión y radio, las sociedades que produzcan o elaboren programas para estos medios, las sociedades o personas físicas que sean titulares de al menos un 10% de la propiedad de medios de prensa escrita o digitales de información general e incluso los presentadores o conductores de programas informativos o que traten de actualidad política.
El Gobierno, por su parte, superados los cinco días de reflexión de su presidente, no parece tener prisa. Su intención es no entrar en materia hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio según fuentes de fuentes de Moncloa, aunque algunos medios afirman que ya han iniciado contactos con el sector.
El Ejecutivo no ha concretado qué iniciativas piensa impulsar y se limita a señalar que se trata de una “gran causa nacional” que no afecta solo al Gobierno sino también a los partidos políticos, el Parlamento y los propios medios de comunicación y que, por tanto, todos deben contribuir.
El debate en torno a la autorregulación del periodismo en España empieza a toma cuerpo. Y, a medida que avanza, estimulado por la denuncia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de los pseudomedios, se reabre una discusión añeja. ¿A quién interpela la autorregulación? ¿A los medios, que son los que difunden la información? ¿A los periodistas, que son los profesionales encargados de atender el derecho a la información?