El Partido Popular no olvidará el mes de febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel. Un escándalo de corrupción que todavía colea y que se llevó por delante a un presidente autonómico –Francisco Camps–, al tesorero nacional del partido –Luis Bárcenas– y a varios diputados regionales y alcaldes, sobre todo en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Después, con el paso del tiempo, el caso ha ido creciendo con ramificaciones judiciales, y con nuevos dirigentes conservadores en el punto de mira. Desde entonces, y hasta el día de hoy, el partido, que ha visto alterada su agenda política por estos escándalos, ha dado algunos pasos para desprenderse de la etiqueta de tolerancia con la corrupción. Empezaron con la modificación de su código ético, un documento que databa de la época de José María Aznar, continuaron con una mayor atención en los estatutos del partido hacia este tipo de comportamientos con un régimen más estricto de sanciones. Y ya, desde el Gobierno, intentaron abanderar un plan de "regeneración democrática", medidas contra la corrupción política y una ley de transparencia. Una especie de vacuna contra nuevos casos Bárcenas que no acaba de cuajar y que han intentado hacer extensible al resto de formaciones políticas con ese mantra de que "nadie está libre" de este tipo de acciones en sus filas.
Ahora, tras los resultados del 25-M y la irrupción de fuerzas políticas como Podemos, los conservadores han decidido dar una nueva vuelta de tuerca a su paquete de medidas de "regeneración política" con nuevas aportaciones. Sobre la mesa está la reducción del número de aforados, la elección directa de alcaldes y la apertura de un debate a fin de que los partidos pacten en qué momento debe apartarse un cargo público que ha sido imputado.
La última de las propuestas data de esta misma semana. Su autoría se debe a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP que, preguntado por si consideraba que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el presidente de las Corts, Juan Cotino, debían dimitir por los escándalos que les salpican, respondió con una oferta para que cuestiones de este tipo no se dejen en manos de los partidos, si no que se establezca un patrón común a todos los partidos.
Los politólogos consultados por infoLibre aplauden la apertura de este debate. Otra cosa es si llega tarde, si es oportunista o hasta qué punto puede estandarizarse la respuesta a la imputación judicial de un representante público. ¿Pueden equipararse todas las imputaciones? Es el dilema que más se plantea.
Floriano trasladó este tema a sus compañeros de partido el viernes en la escuela de verano del PP, al preguntarse cuándo debía producirse la dimisión: "¿Ante el juicio oral? ¿En el auto de procesamiento en el caso de que sea procedimiento ordinario? El PP debe tomar una decisión al respecto y debemos lanzarlo a la opinión pública como una propuesta firme y serena", indicó. Y el pasado lunes, durante el debate que celebraron los aspirantes a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba en el PSOE, la respuesta a los escándalos de corrupción también estuvo en el menú. Pedro Sánchez y Eduardo Madina se mostraron partidarios de que el político dé un paso atrás con la apertura de juicio oral. José Antonio Pérez Tapias, por su parte, optó por la más polémica de todas las posibilidades: imputación, dimisión.
El debate está abierto aunque las propuestas concretas por parte del PP llegarán después del verano, cuando Rajoy concretará también su apuesta por que la lista municipal más votada sea la que gobierne y la reducción del número de aforados.
A continuación, se analizan, a ojos de varios expertos, las ventajas y los inconvenientes, de regular el momento en el que un cargo público asume su responsabilidad política y deja su puesto antes de asumir responsabilidades penales.
Punto de partida
El debate planteado por Floriano no es nuevo. La novedad estriba en que, hasta la fecha, no se había planteado que partiese de un acuerdo entre formaciones políticas. De hecho, el tratamiento a los cargos imputados es una cuestión que los partidos abordan de forma interna en sus estatutos. Otra cosa es que estos se cumplan, que no suele ocurrir así por lo general porque el articulado suele prestarse a interpretaciones varias y suelen existir excepciones al mismo. Y que sean más o menos estrictos.
En el caso del Partido Popular, los estatutos fueron modificados en febrero de 2012 en el XVII Congreso Nacional que se celebró en Sevilla. Los conservadores establecen que los imputados no son expulsados del partido hasta que exista sentencia firme. No obstante, el compromiso era que se abriese expediente a cualquier imputado por delito doloso para estudiar cada caso en su contexto.
Este es el punto de partida. Los mínimos. Cada dirección regional ha ido amoldando estos estatutos a los suyos propios. Por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, en manos de Alberto Fabra, el listón se puso en la apertura de juicio oral. Esto es: cualquier imputado que se siente en el banquillo deja de ser militante del PP.
Este debate ha sido muy polémico dentro de las filas conservadoras y fue impulsado a raiz de los escándalos de corrupción que les han salpicado en los últimos años. Nada más estallar Gürtel, y cuando a Rajoy se le reclamaba el cese de Camps, de Bárcenas o de Jaume Matas en Baleares, el partido defendía que no podían tirarse carreras políticas por la borda por el simple hecho de que los dirigentes estuviesen imputados. Como ejemplo, citaban el caso Salmón, en el que estuvo imputado el presidente del PP de Canarias y ahora ministro de Industria, José Manuel Soria. Y que fue archivado. ¿Qué habría pasado si se hubiese retirado?, se preguntaban los conservadores por estas fechas.
PSOE: sentencia, aunque no sea firme
Por su parte, en el caso del PSOE, al artículo 10 de sus estatutos, aprobados en el 38 congreso, establece que un afiliado perderá esta condición, entre otros asuntos, por "ser condenado por la comisión de un delito doloso mediante sentencia judicial, aunque ésta no sea firme".
IU: dimisión cautelar
En Izquierda Unida, las normas internas de funcionamiento son más estrictas. En su "Compromiso ético por la regeneración democrática", un documento con fecha del 8 de abril de 2011, se establece que los candidatos de IU se comprometen a "asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística".
Un debate "oportuno"
Todas las fuentes consultadas coinciden en que se trata de un debate necesario. Otra cosa es que se considere más o menos oportunista. No pasa inadvertido que los conservadores han imprimido un impulso mayor a este tipo de medidas justo después de las elecciones europeas y en la recta final hacia las municipales y autonómicas, cuando las encuestas les auguran peores resultados que en los comicios de 2011.
Lluis Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y profesor en la Universidad de Girona, valora de forma positiva que los políticos debatan sobre iniciativas de este tipo. “No es mala idea que antes de asumir responsabilidades judiciales, un político asuma responsabilidades políticas”, señala. “Máxime en esta situación de descrédito de la política”, completa. “El descrédito hoy en día necesita de medidas de este tipo. Si se hubiese dimitido más a tiempo, quizá el sistema se habría deteriorado menos”, valora.
Por su parte, Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, también ve “urgente” el debate. “No acometerlo significa ahondar en la brecha entre los representantes políticos y la sociedad civil, que percibe a los primeros como blindados, no sólo a la hora de tomar decisiones, sino con poderes de no responder antes las urnas”.
A su juicio, este debate que ve “necesario” no es espontáneo. “Surge porque el electorado está apostando por otro tipo de liderazgos”, dice. Porque “los políticos han empezado a ver que hay alternativa”. “Hasta ahora” –continúa– eran los partidos los que, desde la oposición, reprochaban al electorado el hecho de ser incapaces de ejercer el castigo político en las urnas”. En resumen: “El debate lo asumen porque no les queda otra. Porque el ciclo electoral va en contra de ellos”, concluye.
En una línea similar, Ignazio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, considera que este tipo de debates son muy sanos. Pero considera que, paralelamente, debería abrirse otro: el de la lentitud de la Justicia. “Está muy bien que se estudie en qué momento procesal se asumen responsabilidades políticas, pero para ello es necesaria una Justicia ágil”, dice.
Una cuestión delicada: el momento concreto
A grandes rasgos, hay cuatro momentos diferentes en los que un político o cargo público imputado puede apartarse: en el momento de la imputación, en el momento de apertura de juicio oral, cuando se hace pública la condena o cuando se dicte sentencia firme.
En esta cuestión, las fuentes consultadas también están de acuerdo en que han de ser los partidos los que debatan sobre esta materia para consensuar una inicitativa que fije a partir de qué momento un cargo público imputado debe dimitir. Todos insisten en que se trata de un asunto polémico, sobre todo porque hay diferentes tipos de imputaciones. “No es lo mismo un caso de corrupción y cobro de sobresueldos que un asunto de lindes en un pueblo”, cita Urquizu a modo de ejemplo.
Al respecto, Orriols añade que “puede parecer injusto que un político tenga que apartarse nada más ser imputado”. “Pero también puede ayudar, por el bien del sistema, para contribuir a luchar contra el descrédito de la política”, subraya. No obstante, apuesta por que sean los partidos políticos los que establezcan una serie de estándares que marquen los plazos en esta materia sin que se descarte la posibilidad de que los ceses se produzcan antes de que haya una condena firme.
Paralelamente, pone otro debate sobre la mesa ligado al principal. Una cuestión cultural: la concepción de la dimisión como algo definitivo en España. “Por eso se resisten a dimitir”, señala. “Una dimisión en España es un concepto más definitivo, de fin de carrera. No ocurre así en otros países. No siempre que se dimite es el fin de una carrera. Se puede volver a la política tras apartarse temporalmente e, incluso, salir reforzado”, añade. Como ejemplo de ello cita el del diputado laborista Peter Mandelson, que llegó a dimitir dos veces como ministro y que llegó después a comisario europeo del Reino Unido a propuesta de Tony Blair en julio de 2004.
Este inconveniente de apartar de la primera línea de la política a una persona que puede ser inocente y acabar son su carrera lo sería menos, coinciden las fuentes consultadas, si la instrucción de estos casos fuese más ágil.
Justicia recurre a lingüistas para eliminar la carga negativa del término “imputado”
Sampedro, por su parte, asume que “el debate técnico es muy complicado” debido a que el juego político se judicializa con facilidad. Pero aporta una reflexión: “Creo que ningún cargo político debiera ser imprescindible. Cualquier persona que esté afrontando un proceso penal debería poder ser reemplazado por otra igual de preparada para el cargo”.
Sin negar la importancia de este debate, este catedrático de Opinión Pública considera que los políticos "no pueden trasladar sus problemas a la sociedad civil". "Deben velar por la pulcritud de todas las personas que figuran en sus listas electorales. Es una forma de curarse en salud ante posibles procesos futuros", valora.
Por otra parte, las fuentes consultadas en el PP, partido que ha puesto sobre la mesa la reflexión, precisan que de materializarse esta iniciativase apostaría por el momento que concitase el mayor "consenso" por parte de los partidos. En las conversaciones informales que se han mantenido en los últimos días entre dirigentes conservadores se apuesta por dos momentos: cuando se abra juicio oral o cuando se conozcan las conclusiones del fiscal. Con el actual ritmo de la justicia esto implicaría que pasasen más de dos años con el político imputado en el cargo, con el desgaste que ello supone para el político y para la formación que representa.
El Partido Popular no olvidará el mes de febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel. Un escándalo de corrupción que todavía colea y que se llevó por delante a un presidente autonómico –Francisco Camps–, al tesorero nacional del partido –Luis Bárcenas– y a varios diputados regionales y alcaldes, sobre todo en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Después, con el paso del tiempo, el caso ha ido creciendo con ramificaciones judiciales, y con nuevos dirigentes conservadores en el punto de mira. Desde entonces, y hasta el día de hoy, el partido, que ha visto alterada su agenda política por estos escándalos, ha dado algunos pasos para desprenderse de la etiqueta de tolerancia con la corrupción. Empezaron con la modificación de su código ético, un documento que databa de la época de José María Aznar, continuaron con una mayor atención en los estatutos del partido hacia este tipo de comportamientos con un régimen más estricto de sanciones. Y ya, desde el Gobierno, intentaron abanderar un plan de "regeneración democrática", medidas contra la corrupción política y una ley de transparencia. Una especie de vacuna contra nuevos casos Bárcenas que no acaba de cuajar y que han intentado hacer extensible al resto de formaciones políticas con ese mantra de que "nadie está libre" de este tipo de acciones en sus filas.