El giro de la Fiscalía activa nuevas denuncias por abandono en residencias de Madrid durante la pandemia
La madre de Juan Miguel Nogués falleció en una residencia madrileña el 16 de abril de 2020. Habían pasado tan sólo cuatro días desde que una llamada telefónica del centro alertó a la familia de que la mujer tenía una fiebre de 37,5. Nunca antes en toda la primera ola de la pandemia les habían informado de algún problema, al contrario. Las noticias del geriátrico siempre apuntaban a que las cosas iban bien. Por eso Juan Miguel se quedó "totalmente hundido" cuando le notificaron la muerte de su madre, un hecho para el que lleva desde entonces buscando justicia. Y que hoy ya investiga la Fiscalía de Móstoles, a la que acudirá a declarar como testigo este jueves.
Será la primera vez que pueda contar lo que pasó. Según explica desde el otro lado del teléfono, se arrepiente de no haber intentado sacarla de la residencia para que fuera tratada en un hospital. Desde el geriátrico no la trasladaron ni siquiera cuando el 13 de abril, tres días antes de fallecer, entró en coma. "Conseguí entrar a verla ese mismo día, cuando me lo dijeron, y la situación que me encontré me dejó completamente bloqueado", recuerda. Es lo que narra en la denuncia y la base del presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria del que acusa a Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, y al geriatra de enlace del Hospital de Móstoles.
En concreto, Nogués acusa a estas dos personas de haber cometido un delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, precisamente el mismo al que aludieron los 109 familiares que interpusieron en octubre una macrodenuncia colectiva ante la Fiscalía Superior de Madrid y que hace poco más de una semana ha llegado a los juzgados en forma de varias denuncias interpuestas por el Ministerio Público. Nogués, no obstante, también apunta a la vulneración del 512 y al artículo 23 de la Carta Social Europea, que textualmente dice que "toda persona de edad avanzada tiene derecho a protección social".
Nunca antes había explorado esta vía. Hasta octubre, de hecho, las víctimas de las 7291 personas fallecidas en residencias madrileñas sin asistencia sanitaria apuntaban a la comisión de otros delitos. En este sentido, Nogués presentó una primera denuncia en junio de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria, acusando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otros cargos de su Gobierno de prevaricación y trato degradante. Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo —la competente por ser una causa contra personas aforadas— lo archivó. Más tarde, hizo lo propio el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles, que también acordó instruir diligencias previas que terminaron en el cajón.
Fue la misma suerte que corrieron otras tantas causas interpuestas por más víctimas, hasta que se abrió el camino de la denegación de asistencia por discriminación. "Yo no quiero dinero, quiero justicia, por eso cuando vi que estas denuncias llegaban a los juzgados decidí explorar esta posibilidad", explica.
Ni medicalizaciones ni traslados
Las historias que vivieron todas las víctimas de residencias en Madrid son prácticamente la misma. El centro en el que que vivía la madre de Nogués desde 2015 cerró sus puertas el 9 de marzo de 2020, y a partir de entonces la única manera de saber qué ocurría de puertas para adentro fue a través de un teléfono. "Se nos informaba que mi madre estaba bien, que no tenía ninguna complicación, incluso nos mandaron fotografías para que viéramos el estado en el que se encontraba", recoge la denuncia. Sin embargo, todo cambió ese 13 de abril, cuando Nogués se presentó en el geriátrico. "Mi madre se encontraba completamente sola, tendida en la cama, con una grave insuficiencia respiratoria y con una enorme hinchazón en el brazo y la mano derecha", relata en su escrito a la Fiscalía.
El centro, asegura, no estaba medicalizado. Ni el personal adecuadamente protegido. Además, fueron las propias trabajadoras las que, señala Nogués, aseguraron que no se iba a trasladar a la anciana a ningún hospital, algo que sí hubiera ocurrido "en condiciones normales". Se condenó a la mujer, denuncia, a "un completo y absoluto abandono". "Mi madre murió sin asistencia médica de ninguna clase", sentencia. Y fue por decisiones concretas.
Apunta, en concreto, a las que también puso sobre la diana la macrodenuncia interpuesta por el mismo delito en octubre: a la no medicalización y a la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza firmados, recuerda, por Mur. Como desveló infoLibre, tuvieron cuatro versiones, pero en síntesis todos prohibieron derivar a los hospitales a los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid.
Como por ahora los tribunales ordinarios no han sentenciado nunca estas muertes, fue la llamada Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid la que falló que esas decisiones políticas crearon el entorno propicio para que 7291 ancianos fallecieran en los centros de mayores de la comunidad. En concreto, el tribunal ciudadano presidido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín concluyó que hasta 4.000 personas podrían haberse salvado si se hubieran adoptado otras medidas. O simplemente si no se hubieran llevado a cabo las que sí se pusieron en marcha.
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Todos los casos de aquellos 109 que ya han sido judicializados no prescribirán, al menos, hasta dentro de seis meses. Pero el de Nogués podría hacerlo el próximo 16 de abril —cuando se cumplan cinco años del fallecimiento de su madre— si la Fiscalía no decide denunciar antes. En ese punto se encuentran otras tantas muertes. Y por eso la organización Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores —nacida el pasado mes de mayo y detrás de Nogués— anima ahora a emprender este camino. Y a denunciar este delito de denegación de asistencia por discriminación, una vía por la que nuevas víctimas ya han preguntado también a Marea de Residencias, que aconseja ahora acudir directamente a los juzgados para, precisamente, adelantarse a las prescripciones.
En cualquier caso, desde Dignidad y Justicia también están trabajando con una treintena de personas —entre las que se encuentran también sindicatos y colectivos sociales— en una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea en los mismos términos en los que plantea Nogués.
Cinco organizaciones ya llevaron a cabo un proceso similar por el corte de suministro eléctrico en la Cañada Real de Madrid. Y ganaron. El pasado mes de febrero, el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa condenó a España por vulnerar hasta diez derechos básicos, lo que obliga al Estado a implementar medidas para garantizar el acceso a la energía.
