La decisión de la Fiscalía sobre los presos del 'procés' y el veto del PSOE a Esquerra y Bildu complican la investidura de Sánchez

A un mes aproximadamente de la fecha más probable de celebración del debate de investidura al que previsiblemente se someterá el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, el clima político entre el PSOE y las formaciones soberanistas catalanas y vascas se enrarece cada vez más.

La decisión de la Fiscalía de mantener la acusación de rebelión contra los dirigentes del procés que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, fue recibida por el espacio político soberanista como una confirmación de la falta de voluntad del Gobierno de Sánchez, a quien atribuyen la decisión, de resolver el conflicto mediante una negociación política. Si la Sala de lo Penal acaba declarando culpable a Junqueras, que ha sido elegido eurodiputado y previsiblemente tomará posesión de su cargo el próximo 17 de junio en el Congreso, puede condenarle 25 años de prisión.

Faltan pocos días para que el juicio quede visto para una sentencia que, en caso de ser condenatoria, las formaciones independentistas planean convertir en la chispa que reactive el espacio político soberanista y ponga en marcha una movilización que con toda probabilidad culminará en la celebración de elecciones anticipadas en Cataluña. Un contexto claramente hostil a un acercamiento entre el Gobierno y los independentistas.

La decisión de la Fiscalía, que el independentismo identifica con el Gobierno, se suma además al veto que, tras las elecciones locales y autonómicas, Pedro Sánchez ha ordenado imponer Esquerra y a EH Bildu. La posición que ambas formaciones defiendan en la investidura puede resultar decisiva para que el líder del PSOE consiga la reelección. Los republicanos tienen 15 escaños y los abertzales cuatro. Junts per Catalunya, la coalición impulsada por Carles Puigdemont, tiene otros siete —tres de ellos suspendidos por estar en prisión preventiva—, pero los socialistas los consideran los menos proclives a facilitar la investidura de Sánchez.

Sánchez dispone en teoría de 173 escaños (los del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC), tres menos de la mayoría absoluta. Las posibilidades de que los dos diputados de Coalición Canaria, que ya no era muy favorable a apoyar la investidura si el candidato recibe el apoyo de UP, respalden su elección han disminuido después de las elecciones autonómicas en el archipiélago, que ganaron los socialistas. PP y Vox, por su parte, ya han confirmado que votarán en contra, lo mismo que Ciudadanos, a pesar de que el PSOE había pedido abiertamente su abstención.

Los socialistas saben que la de Sánchez es la única candidatura viable a la Presidencia. Por eso, y porque si no sale adelante no quedará más remedio que repetir las elecciones, el PSOE esta convencido de que, al final, unos u otros tendrán que abstenerse para no asumir la responsabilidad de una nueva convocatoria electoral de consecuencias imprevisibles.

Esquerra y EH-Bildu tienen intención de defender, de manera coordinada, el derecho de autodeterminación y, en concreto en el caso de Cataluña, la convocatoria de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente que deje en manos de los catalanes la decisión de si quieren la independencia de España.

Sánchez rechaza de plano esa posibilidad. Los socialistas únicamente están dispuestos a abrir un debate sobre una reforma estatutaria y constitucional que perfeccione el autogobierno catalán y que, previo acuerdo mayoritario, sea sometida después a referéndum.

Espoleado además por el veto impuesto a Miquel Iceta, el líder del PSC, para que no pudiera ser elegido senador de representación autonómica y convertirse así en el presidente de la Cámara Alta, el PSOE ha decidido vetar acuerdos con ERC. Tanto es así que en el Ayuntamiento de Barcelona el PSC ha puesto en marcha una operación dirigida a hacer alcaldesa a Ada Colau (Barcelona en Comú) con ayuda de Manuel Valls y dos concejales afines con la intención de impedir que Ernest Maragall (Esquerra) se haga con el bastón de mando y sitúe la capital catalana en la órbita de las instituciones controladas por el independentismo.

Decisivos en Navarra

Sánchez también ha prohibido a los socialistas navarros llegar a acuerdos con EH-Bildu en la Comunidad Foral. Las elecciones del domingo dieron a la coalición de derechas Navarra Suma 20 representantes y 19 a los cuatro partidos que gobernaron los últimos cuatro años (nueve de Geroa Bai, siete de EH-Bildu, dos de Podemos y uno de Izquierda-Ezkerra).

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El PSN-PSOE, con once diputados, decidirá quién gobierna, pero Ferraz ya ha decretado que no pueden llegar a acuerdos con la formación de Arnaldo Otegi y sin su voto afirmativo —o su abstención— es imposible un gobierno de izquierdas en Navarra. Del lado contrario, la abstención de los socialistas sería imprescindible para que Navarra Suma pueda gobernar.

El veto a EH-Bildu molesta incluso a una parte del PNV. El presidente de este partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, declaró el martes que lo que decidan los socialistas en Navarra “condicionará” la decisión de los nacionalistas vascos sobre la investidura de Sánchez.

No hay una fecha límite para celebrar la investidura, pero el Gobierno en funciones ya señaló hace días que su previsión es celebrar el debate y la votación a comienzos de julio, de manera que no interfiera con las citas internacionales que Sánchez debe atender a finales de junio, entre ellas una reunión en Japón del G20. Así que el presidente en funciones y su equipo negociador dispone aún de varias semanas para hablar con los demás grupos y conocer de primera mano qué disposición tienen a facilitar su reelección, a votar en contra o a poner condiciones.