Las defensas sólo 'conceden' la desobediencia y piden que el fallo no cree un "Código Penal aplicable a la disidencia política"

El juicio por el referéndum de independencia del 1-O encara sus últimas horas después de más de medio centenar de sesiones y casi medio millar de testigos. Si la semana pasada fueron las tres acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox– las que plantearon sus informes finales, este martes y miércoles han sido las defensas las que han puesto sobre la mesa del tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena sus conclusiones. Y sus exposiciones no han distado mucho de las ya escuchadas durante la primera sesión del juicio hace justo cuatro meses. Así, los letrados de los acusados han vuelto a dibujar el proceso como una suerte de “causa general” en la que se persigue una “ideología”. Por eso, han insistido en que los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña durante aquél tenso otoño de 2017 distan mucho de los escritos de las acusaciones. “Aquí ha habido mucho ruido, estridencias, exageraciones…”, han criticado las defensas, que han insistido en que la única violencia “de la que se habla” se puede “contar con los dedos de las manos” y han asegurado que el juicio es “una oportunidad” para “devolver la pelota a la política”.

Las defensas de los doce acusados en la causa 20907/2017 han llegado al Salón de Plenos del Tribunal Supremo con una misión: contrarrestar los duros informes finales expuestos la semana pasada por las acusaciones. A lo largo de todo el proceso, ni Ministerio Público ni la Abogacía del Estado se han movido un ápice del relato de los hechos y de los delitos atribuidos a los acusados. Así, el pasado miércoles el Ministerio Público insistió en el delito de rebelión al considerar que durante los cuatro meses que ha durado el juicio ha quedado demostrado que “claramente” se apreció una “conducta violenta” durante aquellos meses, una situación “insurreccional” con “enfrentamientos y hostilidades” que los fiscales calificaron de “golpe de Estado” que buscaba “liquidar la Constitución de 1978”. Los servicios jurídicos del Estado, por su parte, señalaron que no se podía “considerar probado el elemento de la violencia” como “uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados”.

El primer abogado en intervenir fue Andreu Van den Eynde, que representa al vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva. El letrado ha arrancado su exposición lamentando el “ruido” como “banda sonora” que ha sobrevolado todo el proceso. “Aquí ha habido estridencias, exageraciones e, incluso, alguna mentira”, ha señalado Van den Eynde, que ha recordado al tribunal que se está enfrentando a un “caso difícil” en el que el Supremo “creará derecho”. “[La sentencia] generará el Código Penal aplicable a la disidencia política. Se va a explicar qué respuesta penal se tiene que dar a una disposición en un Parlamento. Qué respuesta penal se va a dar a un tuit. Qué respuesta penal tiene una entrevista”, ha apostillado el letrado, que ha insistido en que este proceso, que ha definido como una “causa general” en la que se persigue una “ideología”, determinará “cuál es el enfoque que se tiene que dar a los derechos fundamentales”.

Hechos estos apuntes, Van den Eynde se ha metido de lleno a desmontar las conclusiones de las acusaciones. Y, para ello, ha empezado aprovechando la brecha existente entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. “Antes de que comenzarán a hablar las defensas ya había un desacuerdo monumental”, ha sostenido el letrado, que ha afirmado que no estará “tan clara la acusación” cuando el Ministerio Púbico y los servicios jurídicos del Estado difieren sobre la rebelión y la sedición. Además, ha criticado que la Fiscalía haya realizado un “escaso o nulo descenso a la prueba” y ha señalado que “se ha difuminado la tesis esencial mantenida durante el juicio”, es decir, el papel de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, ha apuntado que han acabado siendo “la prueba de cargo principal pero al mismo tiempo el motor de la rebelión”, en referencia al uso que hace el Ministerio Público de las advertencias que altos cargos del cuerpo policial autonómico hicieron a los responsables políticos sobre la posibilidad de que se produjeran choques o enfrentamientos durante la jornada de votación.

El alzamiento “tiene que ser armado”

El abogado ha aprovechado buena parte de sus casi dos horas de intervención para tirar por tierra los delitos de rebelión y sedición de los que se acusa tanto a sus defendidos como a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. “Todo es exageración, todo es ruido, y se manifiesta en el vocabulario: atrincherados, asedio, devastación… No les gusta la realidad, les gusta el ruido. Ese es el discurso de la acusación, sesgo y exageración”, ha recalcado Van den Eynde, que ha asegurado que “el ADN del movimiento independentista se basaba en la no violencia”. En este sentido, ha apostillado que “la única violencia” de la que se ha hablado “es la que se cuenta con los dedos de la mano”: “Tres casos que son actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado efectuado por una persona aislada”. “La tesis de la violencia se construye sobre una falacia. Se cogen dos imágenes y se monta una categoría”, ha completado.

Con esto puesto sobre la mesa, Van den Eynde ha recordado que el delito de rebelión se sostiene sobre un alzamiento público y violento. Sin embargo, ha señalado que todavía no tiene claro cuándo se produjo ese alzamiento: “¿Fue el 1-O? ¿Fue el 20-S? ¿Fueron las dos cosas?”. Además, ha apuntado que es necesario que éste “tiene que ser armado”, añadiendo que la clave del proceso es “cerrar la puerta a un posible uso autoritario de la rebelión”. “Ni hay violencia, ni está conectada, ni es idónea, ni está vinculada a la consecución de unos fines”, ha insistido el letrado, que ha añadido que se está confundiendo “la desobediencia y la rebelión” y ha recalcado la “imposibilidad” de la Fiscalía de “basar en razones y pruebas la pata de la violencia”. Tampoco ha considerado que los hechos tengan encaje alguno en el delito de sedición puesto sobre la mesa por la Abogacía del Estado. Por todo ello, ha dicho al tribunal que este proceso es una “oportunidad” para “devolver la pelota a la política”.

En la misma línea han insistido tanto el abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn como la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El letrado Xavier Melero ha tomado como referencia varios baremos que, según ha señalado, permitirían conocer “el nivel de entidad de la amenaza” durante aquel otoño independentista. En este sentido, ha recordado que el Estado ni contempló ni debatió la aplicación del estado de excepción o de sitio, como “tampoco se activaron planes de contingencia” ni se reforzaron las infraestructuras críticas. Por eso, el abogado del exconseller de Interior ha rechazado tajantemente los delitos de rebelión y sedición. Sólo concedió la desobediencia: “La trinchera de la desobediencia la cedo con gusto. Si la desobediencia puede derivarse de participar en un Gobierno en el que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada”.

La defensa de Rull, Turull y Sánchez, por su parte, ha ahondado en la idea expuesta por los otros dos abogados durante la sesión matutina sobre la necesidad de que el alzamiento sea armado. Y lo ha argumentado señalando que el artículo 480 del Código Penal, que desarrolla el delito de rebelión, recoge una “pena de prisión inferior en grado” para “los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas”. “¿Estamos penando de la misma manera a aquel que tiene armas y las depone que aquel que va con un tirachinas?”, se ha preguntado Jordi Pina, que ha insistido en que el delito de rebelión requiere que el alzado sea “hostil, debe tomar la iniciativa”. “El artículo 473 habla de combate, el 479 de romper el fuego… ¿La reacción ciudadana poniendo los brazos en alto es hostil? Evidentemente no”, ha completado Pina, que también ha rechazado el delito de sedición: “No puedo estar de acuerdo en la afirmación de que el delito de sedición no supone la comisión de una acción violenta”.

“Déficit" de organización “pretendido y buscado”

Buena parte de la intervención de Melero se ha centrado en analizar el papel jugado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante aquellos tensos meses. Así, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que las acusaciones utilicen a los Mossos d’Esquadra como prueba de cargo y, al mismo tiempo, como una de las piezas fundamentales de la rebelión. Y ha insistido en que no hubo un “concierto” entre el Ejecutivo catalán y el cuerpo policial autonómico que trascendiese de la simple “solicitud de efectivos”. En este sentido, ha recordado que los Mossos fueron los únicos que presentaron, tal y como solicitó el fiscal, un “plan de actuación con cara y ojos” y ha querido dejar bien claro que es él el que viene a defender en el Supremo “a la policía”. “También a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Porque a la policía se le defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y de los responsables políticos a la hora de elaborar un dispositivo que les condujo a una situación endemoniada”, ha añadido.

El letrado ha sido bastante contundente en este punto. Recurriendo a la declaración del que fuera secretario de Estado de Interior José Antonio Nieto, que intervino como testigo en el juicio, Melero ha señalado que la actuación que se puso en marcha no buscaba cumplir con el auto judicial e impedir la votación, sino que giraba alrededor del “propósito político de hacer ver que no había un referéndum homologable”. “Los policías que actuaron bien actuaron bien, pero adolecieron de un déficit de organización que fue pretendido y buscado”, ha proseguido el abogado de Forn, que ha hecho hincapié en que se intentó dar una “apariencia” de coordinación con los Mossos cuando en realidad lo que se pretendía era actuar de forma unilateral. Respecto a su cliente, ha dejado claro que el exconseller de Interior trasladó en todo momento al cuerpo policial autonómico que tendría que cumplir con las órdenes de Fiscalía y judiciales.

“Una actuación puntual y concreta de unos desalmados”

Pero las defensas que intervinieron este martes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo no han analizado exclusivamente la actuación del poder ejecutivo. También abordaron pormenorizadamente el pilar social, que junto con el parlamentario y el ejecutivo forma parte de esa “estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República”, tal y como señalan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. “Las entidades soberanistas (muy especialmente, ANC y Òmnium Cultural) desarrollaban un papel crucial mediante la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república”, continúan las acusaciones en referencia a la parte que afecta al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y al expresidente de la ANC Jordi Sànchez.

En concreto, tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado ponen el foco, sobre todo, en la concentración que se produjo el 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada por agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. “Siguiendo la estrategia de movilización ciudadana acordada y planificada, al conocerse que se estaba produciendo el registro, con el fin de impedir por la vía de los hechos el cumplimiento de las decisiones judiciales, los acusados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la población desde primeras horas de la mañana”, relata en su informe final la Fiscalía, que recuerda que durante aquella jornada hubo “destrozo de vehículos policiales”, “limitación de los movimientos de la comisión judicial”, “asedio del lugar con insultos y lanzamiento de objetos” e, incluso, manifestantes que llegaron a “zarandear la puerta del edificio”.

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Pero las defensas han rechazado tajantemente ese relato. Van den Eynde ha definido la concentración en la Consellería de Economía como “una convocatoria que fue espontánea y no dirigida”. Melero, por su parte, ha concedido que el 20 de septiembre se pudieron producir “delitos de desórdenes públicos” y “actos de resistencia a la autoridad”, pero ha recordado que en aquella movilización de 40.000 personas sólo se produjeron algunos desperfectos: “No se detuvo a nadie, nadie resultó herido y hubo daños en una valla. Para una concentración de 40.000 personas no está mal”. En cuanto al “no uso de la fuerza” policial que “ha sido objeto de crítica por parte de las acusaciones”, el letrado del exconseller de Interior se ha preguntado si había que “forzar la intervención” ante una protesta “que en su carácter masivo era pacífica”. Y, en este sentido, Melero ha recordado que el teniente de orden público de la Guardia Civil aseguró que “allí no se podía hacer nada”.

Pero de todos los letrados que han intervenido en la jornada de este martes, ha sido la de Sànchez la que más se ha detenido, lógicamente, en los hechos acaecidos el 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería. Jordi Pina, que ha comenzado mostrando su sorpresa ante la negativa del Ministerio Público de explicar por qué incluye a su representado “como jefe principal o inductor de la rebelión”, ha reconocido que aquel día se produjo “una actuación puntual y concreta de unos desalmados”, en referencia a los daños que recibieron varios vehículos de la Guardia Civil. Sin embargo, ha negado que las acusaciones que se vierten sobre el expresidente de la ANC sean ciertas. “No solo no ha quedado probado sino que ha quedado probado todo lo contrario”, ha apuntado el letrado, recordando que durante toda la jornada se hicieron llamamientos “a la calma, al civismo y al pacifismo”. Además, ha insistido en la colaboración constante tanto del propio Sànchez como de la ANC.

La maratoniana jornada de este martes en el Supremo se ha cerrado con la intervención del abogado del exconseller Carles Mundó, uno de los únicos tres acusados para los que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado piden condena por los delitos de rebelión y sedición. Durante una hora, el letrado Josep Riba ha rechazado que su defendido cometiera un delito de desobediencia o malversación. El abogado ha centrado parte de su intervención en el decreto de 6 de septiembre de 2017 que Mundó firmó junto al resto de miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont en el que todos ellos asumían solidariamente el gasto para la realización del referéndum. En este sentido, ha dicho que es un acuerdo que “no tuvo efectos jurídicos” ni llegó a ejecutarse, añadiendo que el departamento que dirigía su representado no gastó ni un céntimo en la celebración de la consulta y que el requerimiento del Constitucional por el que se suspendió el referéndum es del 7 de septiembre, un día después, por lo que en su opinión no se habría producido la desobediencia.